La flamante ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que se encargará de las competencias que tenía en el Gobierno Pablo Iglesias -si bien el rango de vicepresidenta lo hereda la titular de Trabajo, Yolanda Díaz- no es nueva en ese ministerio, en el que hasta ahora ejercía como secretaria de Estado de Agenda 2030.

Belarra, además, ha llevado la voz cantante en la dura negociación con el equipo del ministro José Luis Ábalos sobre la futura Ley de Vivienda, en la que la pretensión de Podemos de regular el precio del alquiler es el principal escollo que retrasa una norma que llegó a anunciarse para febrero.

Precisamente sobre esta materia versa el último ardid propagandístico de su ministerio, al que acaba de incorporarse como secretario de Estado Enrique Santiago, diputado de Podemos y secretario general del Partido Comunista de España (PCE).

Santiago presentaba recientemente un estudio elaborado con Iglesias aún como vicepresidente segundo (con Belarra, por tanto, en la misma secretaría de Estado) en el que se apuntalan las ideas fuerza del partido morado sobre la cuestión de la vivienda. Eso sí, con datos "poco representativos" estadísticamente, como se infiere de la lectura del informe, aunque eso sí, teniendo la paciencia de fijarse en la letra pequeña. 

El texto en cuestión es el Informe de Resultados de una "consulta pública a la juventud" realizada por el Injuve, el organismo público adscrito a ese ministerio de Derechos Sociales que dirige la dirigente de Podemos María Teresa Pèrez.

No se trata de una encuesta científica, sino de un cuestionario en internet, como se especifica en la propia ficha técnica, en el que algunas preguntas eran opcionales y en el que participaron, entre febrero y marzo pasados, "entidades juveniles" como se especifica sin mayor concreción en el universo del estudio. 

En definitiva, un estudio de parte, sin el método ni el rigor técnico que se le presupone a otros organismos públicos como el Instituto Nacional de Estadística (INE) o el propio Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Y en el que "los jóvenes" avalan por abrumadora mayoría los presupuestos fundamentales de la política de Podemos.

Así, la regulación de los precios del alquiler, de la que se muestra a favor un alto porcentaje de quienes han rellenado el formulacio, personas de menos de treinta y cinco años; la necesidad de "ampliar el parque de vivienda pública" o el impulso de "ayudas para el acceso a la vivienda".

Presentación solemne 

Santiago y Pérez lo presentaron oficialmente en un acto el pasado día siete. La directora del Injuve, en una inequívoca aunque velada alusión a la parte socialista del Gobierno de coalición, aseguraba que "ya vale de retrasos y de hipocresías" porque, a su juicio, "a todo el mundo le preocupa mucho la juventud" pero luego, afirmaba, "se resisten a regular precios que facilitarían su emancipación".

De manera más coloquial y explícita, aunque en este caso como dirigente de Podemos en plena precampaña madrileña, la dirigente morada escribía días después en su perfil de Twitter otro dardo velado al PSOE: "Jóvenes madrileños: si no podéis emanciparos o si os jode gastar casi todo el sueldo en pagar el alquiler, el 4M al votar recordad quién cree que la vivienda es un bien de mercado (aunque en campaña digan lo contrario) y quién la defiende como un derecho".

La batalla sobre la Ley de Vivienda continúa, y lo hará, ocurra lo que ocurra en las urnas, después de las elecciones autonómicas del cuatro de mayo en Madrid. Y en ella todo sirve, incluso datos "no representativos estadísticamente". 

 

 

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