Podemos ve traición en el anuncio de Sánchez de ampliar el 'escudo social': "Estábamos negociándolo"

El pasado lunes, Moncloa abrió el debate en la reunión de maitines. Ésa a la que van los primeros espadas de cada rama del Gobierno y el equipo de confianza del presidente. Por la tarde, los ministerios implicados -Economía, Hacienda, Justicia, Derechos Sociales, Transición Ecológica, Transportes, etc- hicieron llegar sus propuestas. Y hasta ahí. "Estábamos empezando a negociar", explican fuentes del lado morado del Ejecutivo.

La conducta del presidente sentó como una traición en las filas moradas. Y a pesar de que el tono de la beligerancia interna ha cambiado en estas primeras semanas con Díaz al frente de la maquinaria de Unidas Podemos en el Ejecutivo, el Ministerio de Ione Belarra ya ha pasado a la acción: su equipo enviará una carta a José Luis Ábalos, Teresa Ribera y Juan Carlos Campo para exigir que de tres meses se pase a ocho -hasta fin de año- y que la decisión se amplíe la prohibición de los cortes de suministros.

Desplante

Pero Sánchez se había descolgado con un anuncio que no había sido acordado en el seno del Gobierno. El presidente provocó un grave malestar en las filas de Unidas Podemos: ni siquiera Yolanda Díaz, líder a la que se prometió "el mismo estatus" del que gozaba Pablo Iglesias, había participado de la decisión. 

De hecho, en las filas moradas ya velan armas por lo que pueda significar este desplante del presidente a la vicepresidenta tercera y líder de Unidas Podemos en el Gobierno. Sánchez se ha adelantado a la estrategia de coordinación entre la vicepresidenta tercera, y las ministras Irene Montero y Ione Belarra, y no le ha dado la oportunidad de participar de la decisión y, de hecho, la negociación de unas medidas que afectan directamente al Ministerio de Derechos Sociales sólo acababa de empezar. 

Yolanda Díaz, en el discurso de su toma de posesión, entre las ministras Ione Belarra e Irene Montero. Efe

Hasta ahora, hasta la salida de Iglesias del Ejecutivo -se entiende-, nunca había sido así. El entonces vicepresidente se veía cada semana o 15 días a solas con Sánchez, repasaban la actualidad política y los proyectos en ciernes. Pero sobre todo, pactaban posiciones comunes y discutían medidas como éstas.

Prueba de ello es que los dos decretos aprobados de "medidas urgentes en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19", a finales de marzo de 2020 y en julio del mismo año, fueron presentados en rueda de prensa por Iglesias, después de negociar duramente con Nadia Calviño, vicepresidenta económica. Y de filtrar críticas a su "ortodoxia bruselense".

Pablo Iglesias, separado por María Jesús Montero de Nadia Calviño, en la Moncloa. Efe

En esta ocasión, Díaz no ha podido ni siquiera sentarse a negociar cuando el presidente ya ha decidido qué protecciones se amplían y por cuánto tiempo. Serán las de moratoria de alquileres y la suspensión de desahucios para colectivos vulnerables puestas en marcha para paliar los efectos de la pandemia. Y por tres meses, a contar desde el 9 de mayo, fecha del fin del estado de alarma, a las que estaban ligadas.

Cartas de Santiago

La decisión y su anuncio intempestivo ha sido interpretados en el seno de Unidas Podemos como una jugada política.

En plena negociación de la Ley de Vivienda, que está encallada por los desacuerdos profundos en lo tocante a la intervención del mercado del alquiler -en el que Podemos exige "que se cumpla lo firmado", y el PSOE se niega-, Sánchez anuncia una ampliación de unas medidas de protección que fueron iniciativa de los morados y que Derechos Sociales ya había planteado el lunes que querría prorrogar no hasta el mes de agosto, sino "hasta el 31 de diciembre, al menos".

Así lo confirman fuentes de Unidas Podemos a este periódico, añadiendo, además, que poner el mes de agosto como fecha tope de estas moratorias "no resulta lógico", porque ese mes es prácticamente inhábil en la vida política.

Enrique Santiago, en el Congreso de los Diputados. Jorge Barreno

Así, Enrique Santiago, secretario de Estado para la Agenda 2030, planteaba en la tarde del miércoles, que la suspensión de los desahucios, el aplazamiento en el pago de alquileres.

Para mostrar músculo negociador, el también secretario general del PCE reclama que en ese paquete se incluya otra de las banderas ideológicas de los morados: la prohibición a las compañías suministradoras de los cortes de luz, agua y gas a los colectivos vulnerables.

Santiago, según fuentes de Unidas Podemos, considera que las medidas de protección del conocido como escudo social se tienen que ampliar "mientras sean necesarias".

En concreto, explica el equipo de la ministra Ione Belarra, "el pasado lunes ya se trasladó en el seno de Gobierno esta petición", y en las próximas horas se volverá a trasladar a través de "una carta dirigida a los ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; y de Justicia".