Casado se ve legitimado para exigir a Sánchez un CGPJ menos politizado tras el varapalo de la UE

Tras el varapalo de la Unión Europea al Gobierno sobre el Poder Judicial -la Comisión Europea le exige al Ejecutivo español una reforma para que al menos el 50% de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sean elegidos directamente por los jueces- el líder de los populares se ve legitimado, más que nunca incluso, para exigir al jefe del Ejecutivo un órgano de gobierno de los jueces menos politizado que el actual.

El Gobierno, por su parte, le vuelve a pedir que se acometa ya la reforma del CGPJ, en la prórroga de su mandato, como volvía a reiterar en una entrevista en la SER el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien asegura que en realidad el acuerdo está hecho a la espera de formalizarlo. 

Casado estaría dispuesto, y así lo manifestaba este miércoles en una comparecencia ante los medios de comunicación en el Congreso, aunque poniendo condiciones: "Si Sánchez acepta reforzar la independencia judicial y reforzar la separación de poderes, y cumplir con la Constitución Española, con el Consejo de Europa y la Comisión de Venecia, mañana mismo se puede renovar el CGPJ, pero no vamos a salir de nuestra exigencia de que los jueces elijan a los jueces".

La sensibilidad de Bruselas 

Una palabras tajantes y que son fruto de una convicción que cunde en la cúpula popular, la de que Sánchez se ha pasado de frenada en este terreno. Consideran que no ha tenido en cuenta la especial sensibilidad que hay en Bruselas sobre la independencia judicial, un caballo de batalla habitual con los gobiernos populistas del este de Europa, como la Polonia de Ley y Justicia o la Hungría de Viktor Orbán.

Y eso pese a que el mismo Casado le habría advertido de ello en medio de las diversas conversaciones sobre esta materia, que permitieron en febrero el principio del deshielo institucional con el acuerdo para nombrar al nuevo Consejo de Administración de Radio Televisión Española (RTVE) pero que de momento se han quedado ahí.

Fuentes del PP aseguran que el único "escollo" es el CGPJ, y que para el resto de órganos a renovar -por ejemplo el Defensor del Pueblo, para el que parecía destinado el socialista Ángel Gabilondo antes de que Isabel Díaz Ayuso convocara por sorpresa elecciones autonómicas en Madrid- no habrá problema, siempre que se respete la máxima de que no haya "vetos cruzados". 

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. EFE

De la sensibilidad europea con la cuestión de la independencia judicial ha podido ser testigo Casado en muchos de sus encuentros con sus correligionarios comunitarios. Singularmente con el ex primer ministro polaco Donald Tusk, fuertemente enfrentado en su país al gobernante Ley y Justicia, la formación de Jaroslaw Kaczynski.

El Ejecutivo de Polonia ha sido advertido en numerosas ocasiones por las instituciones comunitarias por su pretendida injerencia en el poder judicial, por ejemplo tratando de nombrar a dedo a los magistrados del Tribunal Supremo.

Un CGPJ sin políticos 

Desde el primer momento, Casado puso como línea roja que Podemos no participase en la negociación sobre los vocales, con el argumento de que no debe ser una negociación entre el Gobierno y el primer partido de la oposición, sino entre el PSOE y el PP, que juntos suman los tres quintos del Congreso necesarios para sacar el acuerdo adelante. 

Por el camino parecen haberse caído como candidatos a formar parte del CGPJ la magistrada Victoria Rosell, ex diputada de Podemos y actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, uno de los altos cargos del ministerio de Igualdad de Irene Montero, y el también juez José Ricardo de Prada, célebre por la sentencia del caso Gürtel que precipitó en 2018 la moción de censura del PSOE que hizo caer a Mariano Rajoy.

Sobre este último el PP cree que sería un nombramiento en fraude de ley, ya que había sido propuesto en la renovación frustrada de 2018 en la lista de los jueces, mientras que ahora pretendería entrar por la de juristas, lo que supondría un cambio de cupo.

Casado, este miércoles en el Congreso. EFE

Por lo demás, Casado no cree, como por ejemplo siempre ha defendido Ciudadanos, que haya que reformar el sistema para una elección de los vocales íntegramente por los jueces. Considera razonable un sistema mixto en el que doce de los veinte vocales los elija el Parlamento y ocho los propios jueces.

Y en cuanto a la renovación, apuesta porque el escrúpulo sobre los perfiles, el mismo que sirve para rechazar a Rosell o de Prada, se extienda a ex políticos, aunque hayan ejercido como tales hace décadas. Por poner un ejemplo notable, y meramente hipotético, no valdría nombrar al ex alcalde y ex presidente madrileño Alberto Ruiz Gallardón, fiscal de carrera. 

El PP, en definitiva, cree que su estrategia de levantarse hasta tres veces de la negociación ha ido dando resultado y que finalmente ni Podemos meterá cuchará en el CGPJ ni se acometerán reformas que afecten a su naturaleza.

En el equipo de Casado tienen en la cabeza como un punto de inflexión definitivo el rifirrafe parlamemtario del pasado 14 de octubre, justo la semana antes de la moción de censura de Vox, cuando el presidente del PP le dijo a Sánchez, en plena sesión de control parlamentaria, que "a mí no me presiona nadie, y menos alguien como usted".

Pocos días después, y precisamente en el debate de la moción de Santiago Abascal a la que el PP votó no con un contundente discurso de su líder contra Vox, fue el propio Sánchez quien, desde la tribuna de oradores, se abrió a "congelar" la reforma del CGPJ para rebajar las mayorías a la que finalmente parece haber renunciado, a juzgar por las propias palabras del Campo este mismo martes tras el Consejo de Ministros.