Con la experiencia de casi un año y medio del Gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos se puede asegurar que hay una fórmula que garantiza el conflicto interno en el seno del Ejecutivo: que se esté elaborando una Ley y que le corresponda hacerla al ministerio de Igualdad.
Así ocurrió al poco de echar a andar el segundo Gobierno Sánchez a principios de 2020, antes incluso de la pandemia, con la llamada ley del "solo sí es sí", que llevó al entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, a tildar veladamente de "machista" al titular de Justicia, Juan Carlos Campo, por sus reparos jurídicos a la norma.
Y así ocurre ahora con la Ley Trans, que sigue sin ver la luz y que este martes provocaba un más que visible choque de trenes entre la ministra Irene Montero y la parte socialista del Ejecutivo, que lidera, con permiso del presidente, la vicepresidenta segunda, Carmen Calvo.
La número dos de Moncloa volvía a aislar a la titular de Igualdad, que se quedaba sola en el Hemiciclo (la bancada azul vacía) cuando por decisión propia y de manera "inusual", como ella misma admitía, intervenía en el debate de la toma en consideración de una proposición de Ley Trans llevada al pleno por ERC y el Grupo Plural, del que forman parte, entre otros, Junts per Catalunya e Íñigo Errejón.
Pocas horas antes del debate en el pleno parlamentario, el Grupo Socialista anunciaba por boca de su portavoz adjunto, Rafael Simancas, su abstención en la votación, que finalmente impedía que la iniciativa saliera adelante. Y lanzaba un claro aviso a navegantes, al asegurar que su partido "sabe" hacer leyes sobre ampliación de derechos, "como en los últimos cuarenta años" apostillaba en un claro dardo a Podemos.
Carmen Calvo, durante una reunión este martes.
Simancas enfatizaba el "compromiso" de su partido con los derechos de las personas trans -"un hecho incuestionable, objetivo" remarcaba con tono severo- pero advertía de la importancia de que una norma de este tipo tenga la suficiente "seguridad jurídica". Entre otras cosas, argumentaba el miembro de la dirección parlamentaria del PSOE, por los más que previsibles recursos que eventualmente puedan presentar los grupos del centroderecha.
Lista para el Orgullo
Todo un aldabonazo velado a Irene Montero, quien luego en el debate se tomaba su turno de particular réplica e incluso trataba de presionar a los socialistas fijando el Orgullo Gay de este año, a finales de junio, como la fecha en la que tendría que estar lista la norma. La titular de Igualdad precisaba que la Ley debería convertir "la libre determinación de la identidad de género en una realidad en nuestro país".
Un compromiso que establece como plazo el vigente periodo de sesiones, algo que se antoja muy apurado dada la actual distancia entre los postulados de las partes. Fuentes socialistas reiteran que no es una cuestión baladí ni que se pueda tomar a la ligera, ya que afecta al registro civil. "Y en el registro no se manifiestan deseos, sino hechos" señalan sobre lo que consideran el gran escollo técnico de la norma.
Esa autodeterminación de género es también lo que ha provocado división entre distintos coletivos feministas, donde algunas históricas del movimiento, como Lidia Falcón, fundadora del Partido Feminista, se oponen a esa idea y arremeten contra los postulados de Irene Montero.
La ministra, por su parte, se acoge al "consenso unánime" sobre la materia que existía en el Congreso de los Diputados en 2019. "Es difícil de creer, señorías, que una ley que tenía seguridad jurídica en el año 2019 no la tenga en el año 2021" afirmaba sobre lo ocurrido entonces, obviando que eso se produjo antes de la irrupción de Vox tras las elecciones generales de aquel año. Los de Santiago Abascal son los más claramente contrarios a esta normativa.
El PP, en cambio, que ha impulsado normas de reconocimiento de los derechos de personas trans en algunas de las comunidades autónomas donde gobierna, entre ellas Madrid, coincía este martes con los socialistas en poner por delante la seguridad jurídica de la norma. La portavoz de los populares, Cuca Gamarra, mostraba en ese sentido, no sin cierta sorna, su "alegría" por el hecho de que el PSOE, afirmaba, "vuelva a una senda de la importancia de que existan proyectos de ley con garantías".
Al final su discurso, la ministra Montero era aplaudida en pie por la bancada de Podemos y por la de ERC, el grupo proponente. Desde los escaños socialistas, sin embargo, se guardaba silencio, rompiendo la tónica de una legislatura en la que la coalición entre PSOE y Unidad Podemos se plasma muchas veces en aplausos conjuntos en los plenos. Sobre todo si quien interviene es un miembro del Gobierno.
La diputada socialista Susana Ros, quien defendía la abstención de su grupo, espetaba a los grupos proponentes, pero indirectamente a la ministra, una frase que bien podría sintetizar el nudo gordiano del conflicto entre los socios de coalición. "La leyes no son manifiestos" sentenciaba.