El Ministerio de Igualdad acaba de abrir para consulta pública su proyecto de "Ley para la igualdad plena y efectiva de personas trans" que pretende modificar algunos aspectos de la Ley de 2007, aprobada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, y que, en opinión de Irene Montero, sigue considerando la transexualidad como una enfermedad.
El avance sustancial de esta norma de hace 13 años fue "permitir la rectificación registral del sexo sin necesidad de tratamientos quirúrgicos de cirugías genitales". Ella quiere ir aún más allá y habla de sentimientos.
Sin embargo, este proyecto ha abierto una crisis en el movimiento feminista que acusa a esta nueva normativa de "borrar a las mujeres" y de no garantizar los derechos de las personas transexuales.
Hasta ahora sólo se conocen pinceladas oficiales de las pretensiones del Ministerio de Igualdad, pero los grupos feministas se basan en la propuesta que hizo Unidas Podemos en el año 2017 al presentar en el Congreso una proposición de Ley contra la discriminación por orientación sexual, cuando ni siquiera estaban en el Gobierno, para adelantar los puntos que se van a incluir seguro en este proyecto.
1. Cambio del DNI
Hasta ahora, para hacer la rectificación del sexo en los papeles oficiales y en el registro, se exigía aportar o acreditar disforia de género mediante un informe médico o psicológico clínico, así como someterse a un tratamiento médico durante al menos dos años para acomodar las características físicas a las del sexo reclamado. Estos serían los requisitos mínimos que se venían exigiendo y que ahora quiere eliminar Montero.
Según el Ministerio de Igualdad, es hora de superar "la despatologización de las identidades trans" y dejar de tratar a estas personas "como enfermas". Por eso, propone eliminar la obligatoriedad de los tratamientos médicos o diagnósticos de salud mental como requisitos legales necesarios para el cambio de los papeles oficiales.
Sin embargo, los grupos feministas hablan de las consecuencias que puede tener esta especie de 'barra libre' para los cambios de sexo pues cualquier persona puede "valerse de este resquicio legal para conculcar las leyes y derechos de las mujeres". El problema es que, si no se ponen requisitos, cualquier persona podría dejar de ser un hombre o una mujer en el DNI simplemente asegurando que es así como se siente, lo que no garantiza ni la seguridad física ni jurídica de las mujeres ni de las personas transexuales.
2. Menores
Dos temas de la ley que prepara el Ministerio afectarán directamente a los y las menores transexuales: los tratamientos hormonales y operaciones quirúrgicas y el cambio en el DNI sin cumplir ni siquiera los 18 años y sin permiso de los padres.
El proyecto que presentó Unidas Podemos en 2017 ya hablaba de que "desde los 16 años de edad", los menores "podrán prestar por sí mismos el consentimiento informado para acceder a los bloqueadores hormonales y al tratamiento hormonal cruzado". Es decir, siguen el mismo criterio que les ha llevado a proponer el aborto sin informar a los padres en las menores a partir de 16 años, la autonomía del paciente a nivel médico.
Si este punto se mantiene, se estaría permitiendo a jóvenes a partir de 16 años tomar hormonas para lograr un cambio de sexo sin necesidad de tener el permiso de los padres.
Los grupos feministas aseguran que "la disforia, o incongruencia de género, se presenta en mayor número en niñas y adolescentes" y que "con el paso de la adolescencia desaparece en el 80-85% de los casos", basándose en criterios médicos. "Por eso la ciencia recomienda no intervenir con ninguna técnica ni medida invasiva", aseguran.
De hecho, denuncian que "en nombre de la 'identidad de género' se están aplicando bloqueadores hormonales para frenar la aparición de caracteres sexuales secundarios y operaciones quirúrgicas irreversibles que derivan en diferentes secuelas permanentes, incluida la esterilidad" y se oponen a eliminar el permiso de los padres en este tipo de tratamientos.
En el caso del cambio de sexo en el DNI, Igualdad sí que ha adelantado ya que la futura ley permitirá a menores de 18 años modificar su identidad en los papeles oficiales por ellos mismos, siguiendo una doctrina de Tribunal Constitucional. Lo que no ha explicado es desde cuándo se permitirá estos cambios: si con 14 años o a partir de los 16.
Hasta ahora, la norma no permitía a los menores de edad solicitar la rectificación de la mención registral del sexo pero en una sentencia del Constitucional, de 18 de julio de 2019, se declaró este punto inconstitucional en el caso de personas menores de edad con "suficiente madurez" y que se encuentren en una "situación estable de transexualidad".
3. Espacios unisex
En la ley presentada en 2017, se hablaba de tomar "las medidas necesarias para que los espacios identificados en función del sexo en centros de menores, pisos tutelados, centros de atención a la discapacidad, residencias de la tercera edad puedan utilizarse por las personas transexuales, transgénero e intersexuales en atención al género sentido".
Las feministas denuncian sin embargo que, con esta medida, "los espacios segregados por sexo que, hasta ahora, eran espacios seguros para las mujeres, como los vestuarios, baños escolares, refugios para mujeres, módulos de prisiones… dejarían de serlo". Además, insisten en que, cualquier hombre inscrito en el Registro Civil como mujer podría acceder a ellos sin problemas sólo con su "declaración de voluntad".
La Alianza contra el Borrado de Mujeres advierte en una carta donde recogen firmas para que Montero atienda sus demandas, que "la 'autodeterminación del sexo' abre las puertas a un fraude de ley que compromete la seguridad de las mujeres" e insisten en que "la amenaza a la seguridad, integridad física y libertad sexual de las mujeres en estos espacios que pasarían a ser compartidos con varones es clara".
4. Educación
Todavía no se sabe concretamente el plan educativo que incluirá la nueva Ley 'trans'. El Ministerio advierte de que su objetivo es "contemplar medidas específicas, en los sectores público y privado, destinadas a garantizar la plena igualdad de las personas trans en los ámbitos sanitario, educativo, laboral, penitenciario o deportivo, entre otros".
Varios grupos feministas aclaran que, siguiendo lo que han hecho ocho comunidades autónomas ya, que también son citadas por Igualdad como modelos en su aprobación de leyes de "identidad de género" o "autodeterminación del sexo", "se acaban imponiendo por mandato legal Protocolos Educativos basados en la "identidad de género en el cerebro" o "sexo asignado".
Para la Alianza contra el Borrado de las Mujeres este concepto elimina la lucha de la mujer por esta igualdad que se basa en esa distinción. "Nacemos machos o hembras de la especie humana. Educar desde estos conceptos acientíficos impide a las criaturas superar los roles y estereotipos asociados a mujeres y hombres que limitan el libre desarrollo de su personalidad".
"Las falsas creencias basadas en convertir al género en identidad promueven los más rancios postulados sexistas contra los que ha luchado la coeducación y suponen un maltrato a la infancia. Se condena a las criaturas a ajustarse a los roles sexistas tradicionales al explicarles, por ejemplo, que si un niño juega con cocinitas y practica ballet es que tiene una identidad de género femenina y, por tanto, debe ser una niña", denuncian.
5. Deporte
En la exposición para la consulta pública, el Ministerio de Igualdad ya asegura que el ámbito deportivo es uno en los que quiere "establecer principios de actuación" aunque no ha oficializado todavía cuáles serían esos criterios. Los colectivos feministas ya advierten de que con esta nueva normativa se puede alterar el principio de igualdad de las mujeres en estas prácticas y borrar su lucha.
"Esta ley supone el borrado de las categorías deportivas femeninas. La aceptación de hombres autoidentificados como mujeres en estas categorías deportivas impide a las mujeres competir en igualdad de condiciones y vulnera el principio de igualdad material recogido en nuestra Constitución", insisten en la carta que han enviado a Montero.
Además, van más allá y aseguran que se estaría "comprometiendo el derecho a la integridad física de las mujeres al incrementar el riesgo de padecer lesiones graves al tener que competir o entrenar con varones autoidentificados como mujeres, es decir, con personas más fuertes y corpulentas".
6. Lenguaje queer
Los colectivos del movimiento feminista clásico vienen denunciando que toda la política que está realizando el Ministerio de Igualdad, con Irene Montero a la cabeza, está dirigida por los principios de la teoría queer, paradójicamente sin tener en cuenta la lucha que llevaban haciendo las mujeres por la igualdad desde hace décadas.
"La neolengua queer propone y difunde términos que normalicen la negación del sexo como categoría biológica y, con ello, la realidad, necesidades, discriminación y derechos de más de 3.700 millones de mujeres en el mundo, más de 24 millones en este país. Sustituyen la palabra mujer por el concepto subjetivo de 'identidad de género'", denuncian en el escrito.
De hecho, según aseguran estos grupos feministas que denuncian el borrado de las mujeres, ahora "pasamos a ser personas menstruantes, hembras humanas, personas embarazadas, personas con útero ó cérvix. El término 'mujeres cis' se pretende imponer para legitimar a los varones que se autodeterminan mujeres" y lo peor es que "la neolengua queer se ha infiltrado en las declaraciones políticas, las leyes, los medios de comunicación y en ámbitos como la enseñanza, la sanidad, el deporte o el sindical".
Recuerdan algunas campañas de empresas de compresas y tampones que usan ahora "la neolengua queer en la búsqueda de nuevos clientes, incluso en productos genuinamente femeninos", cuando hablan de personas que menstrúan en vez de mujeres.
El peligro de esta especie de tendencia es, según este colectivo, que "la aceptación y utilización de esta neolengua dificulta y debilita la defensa de los derechos de las mujeres, abre la puerta a la legalización de la explotación reproductiva y a la desprotección de las mujeres ante la explotación sexual y reproductiva en todas sus formas".
Objetivos radicalmente contrarios a la defensa que tendría que caracterizar a un Ministerio de Igualdad, en cualquiera de los casos.