Sánchez quiere que CCAA y profesores tengan aún más peso que el Gobierno en los planes educativos

Así, el área educativa de este programa plantea varios cambios en la formación del estudiante, tanto para las etapas de educación primaria como para los grados universitarios. El objetivo es que la educación sea cada vez más descentralizada del Estado y elimine su carácter "enciclopédico", facilitando que los alumnos logren cada vez tener más competencias.

Tal y como consta en el documento publicado por el Gobierno de España el objetivo es "dotar a los centros de una mayor capacidad para el desarrollo del currículum". Todo ello en un contexto en el que, calculan, España tendrá dentro de 30 años 800.000 estudiantes menos de entre 3 y 15 años debido a los cambios demográficos.

Por ello, afirma que el nuevo currículum tendrá tres partes competenciales: una parte básica de carácter estatal y con un nivel de aprendizaje "mínimo" para el alumnado, otra estipulada por las comunidades autónomas y una última diseñada por el propio centro educativo.

Proponen que se aumente paulatinamente la elección del propio alumno y que sea él quién configure parte del currículum en función de sus "expectativas e inquietudes".

Este programa va muy en la línea de la promoción de la construcción abierta del currículum educativo. Tomando la referencia de proyectos como el croata o el chileno, el Ejecutivo plantea que cada alumno identifique sus competencias según su etapa educativa con la colaboración de los docentes y las familias.

Universidad y FP

Al final, el Gobierno aboga por "seguir el modelo europeo" ampliando la autonomía y la capacidad organizativa de los centros educativos. "La idea -explica el documento-, es que los centros puedan adaptar mejor el trabajo en las aulas a la realidad y necesidades de su entorno, algo esencial para lograr mayor equidad y mejores resultados".

Todos estos cambios y esta libertad en el itinerario educativo de cada estudiante traen consigo un cambio a la hora de certificar competencias, por ello el Ejecutivo apuesta por cambiar el actual sistema de titulación a un modelo de "certificado competencial de aprendizaje al final de la ESO".

El objetivo es dar una mayor flexibilidad y oportunidades al estudiante al terminar la ESO y personalizar su camino académico antes de llegar al mercado laboral. Todo ello, culminaría también en un rediseño de la EBAU (Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad) para avanzar hacia una evaluación por competencias.

Para evaluar todo este nuevo sistema educativo se plantea un sistema de evaluaciones que estén segregados por nivel nacional (con ítems comunes) y autonómico. Un modelo que no culminará en la ESO o en la universidad, sino que se ampliará con una evaluación continua. Es el proyecto por el que ya ha apostado en reiteradas ocasiones la actual ministra de Educación, Isabel Celaá.

En el capítulo formativo del plan del Gobierno se pone de manifiesto su intención de ampliar el papel de la Universidad y la Formación Profesional Superior para "ahondar en la formación de sus profesionales de manera constante". Por ello, el Ejecutivo no quiere que la universidad sea un lugar al que el estudiante acude una única vez en su vida sino el "eje de esta formación continua".

De esta forma, las universidades en 2050 se plantean como centros más flexibles y específicos; dejando de ser instituciones más vinculadas a la formación inicial, como sucede ahora. "Si hacemos las cosas bien, en los campus profesionales y universitarios españoles habrá tantos alumnos por encima de los 25 años como por debajo", asegura el informe.

El objetivo final es que España tenga una población más formada en el medio y largo plazo, a la par de países del entorno. Así, aspiran a que las universidades y los centros de FP se conviertan en lugares "atractivos y acogedores para todos los grupos de edad". Todo ello pasa por compaginar incluso formaciones.

"Hay que conseguir que las fronteras que hoy separan la FP, la universidad y la formación en el entorno laboral sean más porosas, de modo que las personas puedan desarrollar itinerarios trenzados en los que se combine la realización de cursos de unos y otros ciclos formativos", reclaman.

En definitiva, el objetivo del Ejecutivo para 2050 es que un trabajador pueda cursar asignaturas de titulaciones de FP superior y grados universitarios a su elección, a fin de actualizar o ampliar sus conocimientos en un determinado campo de su interés.

Carrera docente

Todo este plan para 2050, según el Gobierno, no sería posible sin una formación continua del profesorado y sin fondos. Por ello, el documento España 2050 hace hincapié en mejorar la carrera docente que, ahora mismo "presenta varias carencias".

Para mejorarlo se recomienda que se eleven los requisitos de acceso a la profesión docente y se adapten los procesos de oposición para que se valore la motivación, habilidades comunicativas y socioemocionales, gestión de la diversidad o el liderazgo, y no solo la capacidad de memorizar temarios. Es decir, se propone un cambio en el modelo de oposición para que puntúen no sólo los conocimientos adquiridos, sino también las oposiciones.

El Gobierno toma como suyo un proyecto que ha liderado Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, el conocido como MIR docente, aunque no lo llama así. En su documento se plantea que los profesores realicen prácticas continuadas y remuneradas durante dos cursos escolares en un centro educativo.

En ese punto, hablan de "implantar un proceso de iniciación profesional eficaz". El objetivo es que para el 2050, además de ese periodo de prácticas continuadas y remuneradas durante dos cursos, se establezca un sistema de monitorización por parte de profesores más experimentados que preparen a los nóveles para abordar con éxito la complejidad de la enseñanza.

Mejor financiación

El Gobierno apuesta por crear una red de centros formadores especializados que compaginen la labor educativa con la formadora de docentes noveles en contextos sociales diversos.

La financiación es fundamental para todo este proyecto y planean incrementar progresivamente los recursos económicos que se dedican a la educación. Unos fondos que deberían alcanzar el 5% del PIB y que pasan por ayudas para comedores escolares, financiación de servicios de guardería y traslados, digitalización de las aulas y, en definitiva, sufragar todos los proyectos educativos planteados para 2050.

Continuando con la línea ya marcada por la ministra Isabel Celaá el proyecto pasa por financiar la ampliación y mejora de la calidad de la red pública de centros para la educación, crianza y cuidado infantil, "que permita garantizar la oferta universal, gratuita y de calidad a la atención educativa de la primera infancia".