El consenso para universalizar la educación de 0 a 3 años costaría 2.190 millones de euros

España lo tiene claro: el próximo reto de la política educativa es la universalización del periodo formativo de los 0 a 3 años. Una etapa voluntaria en la que el porcentaje de niños escolarizados apenas alcanza el 40%.

Para conseguirlo, los estudios estiman que se precisará de una inversión de 2.190 millones de euros, de los cuales las familias podrían asumir hasta un 25%. O lo que es lo mismo, un coste para la administración pública de 1.640 millones de euros.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha manifestado su interés en más de una ocasión siguiendo las líneas del pacto del Gobierno de Coalición en el que se comprometían a la gratuidad de esta educación infantil de primer ciclo que, en estos momentos, es de carácter voluntario.

Esta misma semana, el Partido Popular revitalizaba la propuesta defendiendo, en una Proposición No de Ley registrada en el Congreso de los Diputados, su interés por este hecho.

Así, la gran mayoría de los partidos políticos del país se posicionan a favor de un gran reto formativo que, según organismos europeos, conseguiría reducir algunos de los males endémicos de la educación española como el abandono escolar temprano.

Según datos de la OCDE, un 17,9% de los alumnos no terminan sus estudios obligatorios y España es el país con la tasa de repetición más elevada de la Unión Europea. Dos problemas que, aseguran, se podrían solventar con una mejor inversión educativa desde los cero años, entre otras cosas.

Según el último estudio publicado por la ONG Save the Children, cuando se universalizó la Educación Infantil del segundo ciclo (3 a 6 años), la tasa de repetición de curso en Primaria se redujo un 50%.

En este mismo estudio es donde se elaboran los datos económicos y donde se reitera que, para que en 2030 España universalice la atención educativa de 0 a 3 años, se deben implantar tramos anuales de incremento del 10% de la demanda no cubierta (39.000 plazas anuales) con un coste público de 164 millones. 

Por el momento, el Ministerio de Isabel Celaá se ha comprometido a crear 20.000 plazas anuales gracias a los fondos del Plan de Recuperación Transformación y Residencia. Una inversión de 670,9 millones de euros para crear un total de 60.000 nuevas plazas hasta 2023.

Según las estadísticas de este mismo organismo, en el curso 2017-2018 la tasa de escolarización 0-2 era del 38,2%, es decir, había 473.545 niños de 0 a 2 años escolarizados del total de 1,24 millones que hay en España.

De esta forma, las cuentas de Save the Children son que se precisaría de unas 394.000 plazas para alcanzar la universalidad. El estudio asume que el nivel de cobertura máximo que se alcanzaría es del 70% (cifra que hay en Dinamarca) pues "la demanda nunca alcanza el 100%".

Aunque no existen datos oficiales a nivel estatal del coste actual del primer ciclo de la educación infantil, Save the Children estima que el coste por alumno en "condiciones de calidad" estaría en 5.550 euros por año.

Propuestas políticas

Aunque se haya gestionado desde diferentes ámbitos, los planes para universalizar la educación infantil del Gobierno y la oposición son bastante cercanos. Chocan en la financiación.

En estos momentos, la reforma educativa del Gobierno (a través de la LOMLOE) no ha regulado la educación infantil como una etapa voluntaria y gratuita. Sí lo hará más adelante.

En su disposición adicional tercera bajo el título Extensión de la educación infantil, establece que, en el plazo de un año, "el Gobierno elaborará un plan de ocho años de duración para la extensión del primer ciclo de educación infantil".

De esta forma, mientras que el Ejecutivo no entra en la financiación de escuelas públicas o privadas, los populares (en su PNL) sí apuestan por la gratuidad "en todos los centros educativos".

En estos momentos, la ayuda del Gobierno con los Planes de Recuperación se destinará a la creación de plazas, pero son las regiones las que tomarán en consideración si abrir más clases en centros ya existentes o, directamente, crear nuevas escuelas.

Podemos, por su parte, hace una apuesta directa por la educación pública en esta etapa, pero aseguran que no supondrá un coste para las arcas del Estado. Y es que, contabilizan que se crearán "más de 100.000 puestos de trabajo directos, con enormes retornos además en cotizaciones y consumo".