La nueva victoria de Ayuso sobre Sanidad prueba que el Interterritorial no suple al estado de alarma

¿Es el Consejo Interterritorial de Salud un órgano con la capacidad de tomar decisiones de obligado cumplimiento para toda España, tal y como ha venido sosteniendo el Gobierno desde que terminó el estado de alarma?

La que ha quedado resuelta con el nuevo paso atrás del departamento de Carolina Darias. Aunque Sanidad se había cerrado en banda y aseguraba que las medidas tomadas en el Interterritorial (sin mayoría absoluta) son de obligado cumplimiento, la Audiencia Nacional, a petición de la Comunidad de Madrid, ha dictaminado que esas  decisiones no son vinculantes. Según el Tribunal, son los gobiernos autonómicos los que deben decidir sobre la apertura de los bares y discotecas.

Las medidas cautelares de la Audiencia Nacional confirman la naturaleza del Consejo Interterritorial, que en su creación con la Ley de Cohesión del SNS en 2013 se estableció que sólo se considerarían vinculantes las decisiones tomadas en su seno por mayoría absoluta.

Del mismo modo, la ley del régimen jurídico del sector público de 2015 afirma que "toda conferencia sectorial" (el Consejo Interterritorial lo es) sólo puede tomar decisiones de obligado cumplimiento si el Estado actúa "en función de coordinación" y sin acatar derechos fundamentales. Siempre, además, con mayoría absoluta.

Victoria de Madrid

Aunque no fue Madrid la única región que se negó a aplicar las restricciones de apertura del ocio nocturno, el paso atrás de Sanidad se interpreta como un triunfo de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y como una confirmación más de que, sin paraguas legal, una vez acabado el estado de alarma no se pueden imponer medidas sanitarias a todo el país relacionadas con la Covid-19.

Todo un déjà vu que  nos devuelve al 9 de mayo, cuando España decía adiós al estado de alarma y el Congreso ponía sobre la mesa la necesidad de un paraguas jurídico que permitiera unificar medidas sanitarias en todo el país.

La falta de consenso entre los grupos y la mayoría escasa de Pedro Sánchez propició que el Ejecutivo asegurara que no hacía falta un nuevo estado de alarma (como solicitaba el PNV) o una ley orgánica (como pedía el PP). El Ejecutivo aseguraba que el Consejo Interterritorial era más que suficiente para tomar medidas. No ha sido así.

La decisión de este miércoles no ha sido solo un punto y aparte para este órgano dependiente del Ministerio de Sanidad. También lo es para el Gobierno de Díaz Ayuso que se ve reforzado tras salir victorioso de su enfrentamiento con Darias. Aunque no fueron los únicos en votar en contra, sí fueron quienes llevaron las restricciones hasta la Audiencia Nacional.

No es la primera medalla que se cuelga la presidenta autonómica. Ayuso fue la primera en hablar del pasaporte Covid, los controles en el aeropuerto, la vacunación en empresas privadas e, incluso, del cierre de escuelas al inicio de la pandemia. Hechos que Sanidad negó y ahora acepta.

Tal vez el más llamativo es la vacunación contra la Covid-19 en empresas privadas. Madrid llevaba reivindicándola meses y siempre se encontraba con la negativa de Sanidad. Finalmente, tras la influencia de la CEOE y del Ministerio de Seguridad Social, se firmó un acuerdo que, precisamente, Madrid todavía no ha puesto en marcha.

Congreso

Aunque los populares fueron los que pidieron un paraguas jurídico para coordinar acciones contra la pandemia, no fueron los únicos. La medida se planteó en varias ocasiones en el Congreso de los Diputados incluso por grupos parlamentarios que han apoyado al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

Compromís, Más País, PNC y ERC cargaron contra el Gobierno por no haber preparado una alternativa jurídica tras el 9 de mayo. Hecho que reiteraban esta misma semana tras las medidas cautelares de la Audiencia Nacional.

Entre ellos, el líder de Más País, Íñigo Errejón, aseguraba que todo se debe a la decisión del Ejecutivo de no querer "coger el toro por los cuernos" y "lavarse las manos" cuando tuvo que poner en marcha un paraguas jurídico para la desescalada: "El Gobierno faltó a su deber de planificar un proceso ordenado de desescalada y pasó la patata caliente a las comunidades para evitar el coste político".

Con todo, la ministra de Sanidad ha insistido en que el cambio de criterio no es un paso atrás sino una búsqueda de "consenso y acuerdo". Darias asegura que la salida de la crisis del Covid-19 "tenía que ser conjunta" porque "así lo pedía la sociedad". "La imagen de división no ayuda", ha proclamado la ministra.

Además, la ministra ha adelantado que el documento de medidas coordinadas para bares y discotecas se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) "lo antes posible". "Vamos a intentar que sea mañana, si es posible", dijo este miércoles.