"Están preparando el terreno para, en el futuro, arrebatarnos las competencias". La preocupación cunde una vez más entre los especialistas marítimos de la Guardia Civil destinados en Cataluña a raíz de una resolución publicada recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Con ella, se inicia la instrucción de los Mossos d'Esquadra en una formación especializada: la que le proporcionará los conocimientos necesarios con los que agenciarse el control y gestión del espacio marítimo que baña esa comunidad autónoma.
Era el pasado 10 de junio cuando el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana daba luz verde al acuerdo con la Dirección General de la Marina Mercante y el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña. Era el primer paso claro que se daba desde el Gobierno para facilitar la creación de una suerte de policía marítima en esa comunidad autónoma.
Así lo perciben los agentes, que a tenor de lo publicado en el BOE advierten que a los mossos se les proporcionará una formación mucho más completa que la que ellos reciben cuando comienzan a desempeñar esas labores.
El convenio consiste en "la formalización de la formación marítima que deben recibir los integrantes del cuerpo de Mossos d´Esquadra y el cuerpo de bomberos de la Generalidad de Cataluña para el gobierno de las embarcaciones adscritas a dichos cuerpos en aguas marítimas". Será el Gobierno el encargado de pagar al cuerpo autonómico la formación especializada.
Resolución publicada el pasado 10 de junio en el BOE.
Algo, reza la resolución, en lo que "el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña está interesado": que el personal del Cuerpo de Mossos d´Esquadra y del Cuerpo de Bomberos de la Generalitat de Cataluña "puedan gobernar sus propias embarcaciones, en las aguas marítimas en las que ejercen sus funciones, para el desarrollo de las labores que la ley les encomienda".
Primer aviso, en enero
El pasado mes de enero, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ya advertía a través de un comunicado acerca de la creación de esa nueva unidad de Policía Marítima en Cataluña. "Había hecho saltar todas las alarmas entre los especialistas destinados allí", explican a EL ESPAÑOL.
En dicho comunicado se anunciaba que Cataluña preparaba para este año una flota de siete patrulleras "con claras intenciones de quitarse de en medio al Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) y al Servicio Marítimo de la Guardia Civil (SEMAR)". El objetivo, explicaban, no sería otro que el de intentar aglutinar competencias policiales ya cubiertas allí por el Instituto Armado.
A las que ya tenía a su servicio, la Generalitat sumó tres embarcaciones más, cada una con un valor de medio millón de euros. Además de ese aumento en la flota, incrementaron en una treintena de agentes dedicados a la vigilancia marítima en el ámbito administrativo, con lo que en total serían ya unos 50 dedicados a esas labores.
"Gasto innecesario"
Para AUGC esto supone "un gasto innecesario, que repercutirá en el bolsillo de todos los ciudadanos, ya que esas necesidades de vigilancia del mar territorial están perfectamente cubiertas por los especialistas de la Guardia Civil".
En el año 2019, la Comisión Nacional de Policía Judicial (Órgano de coordinación reglado que agrupa al Consejo General del Poder Judicial, a los ministerios de Interior y Justicia, a la Fiscalía General del Estado y a los departamentos de Interior con competencia en la materia, es decir, Cataluña y País Vasco) determinó por mayoría en votación, que la Guardia Civil asumiera todas las competencias policiales que tuvieran como escenario el mar.
Aquella decisión afectaba tanto a nivel interior como exterior. Esas funciones a día de hoy competen única y exclusivamente a los especialistas de los GEAS (Unidad de Actividades Subacuáticas) y del SEMAR (Servicio Marítimo) de la Guardia Civil.
El control y las competencias a nivel marítimo es un anhelo que desde la Generalitat llevaban años persiguiendo. En enero de 2020, la Policía Marítima de los Mossos d'Esquadra echaba a andar cuando se botó la primera embarcación en Palamós (Girona). El consejero de Interior, Miquel Buch, presentaba entonces el operativo como "un paso más" en las atribuciones de seguridad de la policía autonómica.
El Govern anunciaba en enero de ese año la creación de una policía marina para patrullar el litoral catalán, y lo hacían cogiendo como base los 17 buzos de la unidad acuática, y comprometiéndose a obtener más personal con el que configurar la rama naval de los Mossos desde las islas Medas hasta el delta del Ebro.
El Gobierno lo negó
Para más inri, el Ejecutivo Central negó en agosto de 2020 (hace diez meses) que tal traslado de competencias se fuese a producir: "El Gobierno no tiene previsto traspasar las competencias en materia de seguridad marítima, y en ningún caso realizar cesión de competencia alguna".
Así respondió el Gobierno ante la pregunta planteada por Ana Belén Vázquez Blanco y Cayetana Álvarez de Toledo, del Grupo Parlamentario Popular. "La unidad de la Policía autonómica catalana se encarga de funciones con potestad para ello y que están reguladas en virtud de su Estatuto de Autonomía", abundaba la respuesta gubernamental que ahora desdice el propio Fernando Grande-Marlaska.
Desde el Partido Popular entienden que se trata de "una cesión más al independentismo" y piden la dimisión del ministro del Interior: "Ya no le queda ni dignidad".