Pablo Casado, presidente del Partido Popular, era uno de los objetivos de los 13 miembros del ala más radical de los Comités en Defensa de la República (CDR) que fueron detenidos en septiembre de 2019, en vísperas de la sentencia del procés.
El último y definitivo informe elaborado por el Servicio de información de la Guardia Civil, al que ha podido acceder EL ESPAÑOL, arroja, entre otras conclusiones que todos ellos configuraban "una organización con finalidad terrorista", de "carácter clandestino y estable". Entre sus objetivos estaría la realización de diversas "acciones violentas" e incluso "atentados contra objetivos previamente seleccionados ".
Algunos de esos objetivos serían importantes inmuebles de instituciones públicas estatales en Cataluña. Otros tendrían nombre y apellidos, según consta en ese documento, y algunos de esos nombres y apellidos son los de políticos de primera fila a nivel autonómico y a nivel nacional.
Los agentes incluyen en su informe evidencias en distintos soportes de imagen "sobre los que el grupo pretendía perpetrar algún tipo de acción o atentado". Estos datos tendrían como objetivo, concluye el Instituto Armado, "la posible realización de una acción contra dichas personas o bienes".
Entre las personas a las que buscaron desde este grupo radical y al que la Benemérita define como "organización terrorista" estarían Pablo Casado, líder del PP, Manuel Valls, concejal del Ayuntamiento de Barcelona, Marta Farrés, la alcaldesa de Sabadell, Marta Morell, concejal de ese ayuntamiento, Joan López, entonces diputado del PP en el Parlament, José Manuel Villegas, anteriormente secretario general de Ciudadanos o Francisco Aranda, diputado del PSC por Barcelona en el Congreso de los Diputados.
Tal y como figura en el sumario, los agentes detectaron que uno de los detenidos, Jordi R., había realizado múltiples búsquedas en Internet "de datos relativos a personas vinculadas a partidos políticos contrarios a la independencia". Incluso llegaron a buscar información concreta sobre un intendente del cuerpo de Mossos d’Esquadra.
No solo se habrían fijado como objetivo distintos dirigentes políticos, sino también las sedes de instituciones propias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o dependientes de las Fuerzas Armadas. Uno de los edificios que tenían en su punto de mira era la Comandancia Naval de Barcelona.
En la imagen, Jordi R., uno de los detenidos, trabaja en el "laboratorio" de Sant Fost.
También el Gobierno Militar de Barcelona, la Delegación de Gobierno de Barcelona, las dependencias de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la sede de la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil en Barcelona.
Entre otros objetivos también, según los investigadores, esta facción radicalizada de los CDR pretendería sabotear torres de alta tensión, instalaciones en autopistas, peajes, e incluso el Parlament de Cataluña.
Fotografías y contravigilancia
Tras años de pesquisas y de análisis de los vestigios hallados en los registros de las viviendas de los detenidos, los agentes resumen ahora en este documento incorporado al sumario de la causa, investigada en la Audiencia Nacional, el modo en que quedaría "de manifiesto su naturaleza como organización criminal con finalidad terrorista".
Los individuos investigados pertenecían al Equipo de Respuesta Táctica (ERT), el sector más agresivo y radical en el seno de los Comités de Defensa de la República. Esta facción sería, presuntamente, la dedicada a preparar sabotajes o acciones violentas en empresas y sedes oficiales en la comunidad autónoma.
La información obtenida por los investigadores permite corroborar en sus informes que algunos de los miembros de la organización "habrían desarrollado actos preparatorios, consistentes en una labor de reconocimiento de objetivos, vigilancia y control", incluso de "instalaciones policiales".
Llegaron a tomar, toma de fotografías y vídeos de los objetivos predeterminados. En esas instantáneas se recogen determinados aspectos de las instalaciones, como accesos, cámaras de vigilancia, localización de torres eléctricas (entre otros), agentes policiales y placas de matrículas de vehículos policiales.
Entre todas esas indagaciones que hicieron los CDR para analizar sus objetivos, la Guardia Civil destaca particularmente el reconocimiento del perímetro del acuartelamiento de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona. El 18 de mayo de 2019, uno de los detenidos acudió allí en compañía de su pareja sentimental. En el entorno del edificio, llegaría a grabar hasta 7 vídeos y capturar 75 imágenes con su teléfono móvil.
En esas instantáneas se llega a observar el modo en que circunda y rodea una y otra vez el perímetro del acuartelamiento a bordo de un vehículo, "con el fin de obtener imágenes de todo los elementos perimetrales de seguridad", destacan los investigadores del Instituto Armado.
Impedir el traslado de los presos
Otra de las acciones que pretenderían llevar a cabo miembros del grupo como Jordi R. tenía que ver con "impedir el traslado de los presos" del procés desde el centro penitenciario Can Brians hasta Madrid para participar en la vista oral por la causa que se juzgaba en el Tribunal Supremo.
En su domicilio fueron intervenidos siete mapas que abarcan la zona donde se encuentra el centro penitenciario, las vías de comunicación de acceso y salida a ese centro, y que detallaban las vías principales para dirigirse a Madrid.
Estos mapas, intervenidos en el domicilio de Jordi R., evidencian, a juicio de los investigadores, "las labores previas realizadas por el investigado de estudio y análisis de los accesos y salidas desde ese centro penitenciario", y del recorrido que podría realizar el dispositivo de traslado. Tenían como objetivo último "impedir el traslado por las fuerzas de seguridad de los presos hasta Madrid".