La Covid-19 ha truncado por completo el calendario de oposiciones y exámenes públicos de España, entre los que se encuentran la prueba MIR. Primero se cancelaron para mantener las medidas de seguridad y, ahora que se están retomando, dejan fuera a centenares de aspirantes.
Y es que, si un aspirante está en cuarentena porque ha estado en contacto con un positivo de Covid-19, no puede realizar el examen. Ni en un aula continua ni en otra jornada diferente. Esas opciones, que llevan meses reclamando los sindicatos, han sido descartadas definitivamente por el Gobierno. El Ejecutivo afirma que existen problemas de "igualdad" y de tiempo que lo impiden.
A preguntas del grupo parlamentario popular, el Gobierno asegura que hay cuatro razones que hacen "inviable" organizar una segunda prueba para los aspirantes a este tipo de pruebas selectivas.
La primera de las razones es que no se puede garantizar que un segundo examen tenga el mismo grado de "discriminación" que la prueba inicial, por lo que "no se garantizaría la igualdad de oportunidades ni la equidad".
Por otro lado, afirman que el tiempo corre en su contra. Primero, porque la elaboración de los exámenes requiere "seis meses de preparación" y, por el otro, porque se quiere que los adjudicatarios se incorporen, cuanto antes, a su formación.
La respuesta parlamentaria del Gobierno se ciñe a las pruebas de acceso del examen de Formación Sanitaria Especializada (MIR), pero es extrapolable a todas aquellas "pruebas únicas y de carácter nacional". Y es que, el Ejecutivo se compromete a realizar pruebas anuales y "recuperar el calendario normal".
OPE en educación
Precisamente este fin de semana se han congregado para un examen "único y nacional" profesores de secundaria y Formación Profesional. Una prueba de vital importancia para el colectivo y que tampoco ha facilitado esta opción.
Las pruebas tienen por objeto reducir la temporalidad y, en su convocatoria, el sindicato CCOO exigió "el acceso justo a las oposiciones para las personas que se encuentran en cuarentena, enfermos de Covid-19, en gestación, con tratamientos oncológicos o cualquier otra causa justificada que impida la realización de la prueba en las fechas establecidas".
La reclamación no fue escuchada en febrero cuando se planteó, ni este mismo mes de mayo cuando lo ha elevado el sindicato de profesores ANPE.
En una segunda carta remitida a las titulares de Educación y de Sanidad reiteraban la necesidad de que "los aspirantes positivos en Covid o cuarentena puedan realizar más tarde las pruebas de las oposiciones".
En este caso, el sindicato de profesores recuerda que en la EVAU sí se tiene el derecho a una segunda oportunidad (el examen extraordinario de julio), pero en este tipo de pruebas no.
Además, recuerdan que en el caso de las oposiciones, muchos de los aspirantes tienen la nota de las convocatorias anteriores, por lo que se podría buscar una tercera solución que es permitirles acogerse a esa evaluación si no pueden hacer la prueba.
Contrapunto autonómico
Aunque no entre en el supuesto de la respuesta parlamentaria, el Sindicato ANPE en Castilla-La Mancha va más allá y explica que, en el caso de pruebas regionales, hay algunas comunidades que sí han dado la posibilidad de realizar la prueba "con posterioridad".
Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana, Navarra, Castilla y León, Canarias, La Rioja, Cantabria y Galicia son algunas de estas regiones que, según los castellanomanchegos, sí tienen este privilegio. "Todos somos trabajadores de la administración pública", esgrimen.
Por otro lado, los representantes sindicales aseguran que la respuesta del Gobierno no se adapta a la ley, puesto que "el derecho de acceso a la función pública es un derecho constitucional".
"Está regulado en los artículos 103.3 y 23.2 de la Constitución Española y artículo 55.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, del Estatuto Básico del Empleado Público, y que la normativa referente a la pandemia del Covid-19, tanto el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, de prórroga del estado de alarma, que terminó su vigencia en la fecha del 9 de mayo de 2021, como la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, así como la demás normativa vigente, no contempla esta situación concreta de limitar dicho derecho constitucional", explican fuentes sindicales.