Entre 4.000 y 17.000 españoles ejercerán su derecho a la eutanasia en 2022: en vigor el viernes

Por lo menos esa es la cifra que estiman desde la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), uno de los promotores de la norma que, durante su aprobación en el Congreso de los Diputados, pronosticaron que se practicarían "entre 4.000 y 17.000 eutanasias cada año en España". Unas cifras que suponen entre el 1% y el 4% del total de fallecimientos anuales en España.

Aun así, Fernando Martín, el vicepresidente de DMD, asegura que este año es muy difícil llegar siquiera a las 4.000 personas. "Todavía hay muchísimos profesionales que no saben de qué va esto. Cuando se presente una persona empezarán a preguntar. Por eso, este año habrá casos, pero será algo que va a costar más", argumenta.

Tal y como explicaron desde DMD en el momento en el que se aprobó la ley, en los países donde la eutanasia es legal, de un 1% a un 4% de los fallecidos del país lo son por eutanasia. Por ello, afirman que si en un año normal (sin pandemia), en España fallecen algo más de 420.000 personas, "es razonable estimar que entre 4.000 y 17.000 personas decidan adelantar su muerte cada año una vez la ley esté asentada".

Desde aquel visto bueno del Congreso el 18 de marzo con una exultante Maria Luis Carcedo, han pasado tres meses en los que, como lamenta Martín, algunas comunidades "han aprovechado el tiempo" y otras no. Y es que, desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las regiones tenían un plazo de tres meses para ejecutar dos cometidos: elaborar una comisión de garantías y un registro de objetores de conciencia.

El vicepresidente asegura que, hasta en las regiones que van más retrasadas, los trámites van a estar terminados lo antes posible. "Estamos convencidos de que si hubiera tenido un año, también habrían creado las comisiones de garantías en el último mes", lamenta.

Martín también recuerda que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) está haciendo la parte que le corresponde: elaborar un manual de buenas prácticas de la eutanasia que podrán presentar, como fecha límite, en el mes de septiembre. Además, este documento también regalará la dispensación de los fármacos para ayudar a morir que se dispensarán desde la farmacia hospitalaria.

"Sabemos que está bastante avanzado", explica. Según alega el vicepresidente de DMD, lo único que tienen que hacer las autonomías en el seno del Interterritorial es "recopilar la experiencia de otros países" y "adaptarla a la norma española".

"No fue fácil"

Como ha ocurrido en otras prácticas sanitarias en las que existe un obstáculo ideológico (el aborto) desde la Asociación lamentan que en algunas comunidades se vayan a poner más problemas que en otras. Aun así, recuerdan que se trata de un derecho fundamental y que no podrán negarse.

"Somos realistas respecto a cómo funciona la sociedad española. La persona que pida la eutanasia va a tener que exigir su derecho, en medios de comunicación o por la vía judicial si es necesario. Contamos con que habrá un intento de boicot por un sesgo ideológico. Pero, nunca fue fácil", añaden.

El vicepresidente asegura que todas las regiones van a tener listas para el viernes sus comisiones deontológicas, pero no haría falta. Desde que se solicite la primera eutanasia, la región tiene una media de 25 días (15 entre la primera y la segunda solicitud más diez días de margen) para que se precise de la labor del comité deontológico de la Comisión de Garantías y Evaluación.

Por ahora, administraciones como Aragón, Baleares, Cantabria, Extremadura, Murcia, País Vasco, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Cataluña se han dotado de este organismo. En Andalucía y Madrid están en ello.

El hecho de que haya recaído en manos de cada región la elaboración de estas comisiones de garantías hace que sean completamente diferentes entre ellas. En Extremadura tendrán 15 miembros, en País Vasco 25 (para que las decisiones se tomen por provincia), en Castilla-La Mancha un máximo de 10 personas o, por ejemplo, en Murcia de 11 miembros que exigen que cada caso pase por el organismo. Algo que desde DMD ven "imposible".

Ejemplo autonómico

Alfonso Carmona, presidente del Consejo de Médicos de Sevilla y miembro del Consejo de Colegios de Médicos de Andalucía, explica que su región es una de esas comunidades en las que ya se está elaborando la comisión de garantías. Consideran que su trabajo será imprescindible aunque la cifra de las 4.000 o 17.000 eutanasias anuales le parece demasiado elevada.

"Desde la Junta de Andalucía nos han pedido al Consejo de Colegios de Médicos de la comunidad que propongamos una serie de personas para formar el comité. Hemos dado unos cuatro nombres y, de ahí, cogerán a uno o dos que se unirán a los que han aportado desde las ramas del derecho, la Enfermería, etc", argumenta en declaraciones a EL ESPAÑOL.

Aunque existan algunas regiones que todavía no han elaborado este comité ético, Carmona insiste en que es necesario que se pongan en todas las regiones pues es un elemento de "control" que garantiza la "objetividad profesional".

"Ya que la ley se ha madurado sin la participación de los médicos, es importante que estemos ahora en estos organismos para aportar una supervisión concreta y clara. Desde Andalucía, además, estamos haciendo varias reuniones y grupos de trabajo en este sentido", ha añadido.

Oposición política

Los médicos recriminan que no se contó con ellos para elaborar una ley que se redactó "en el Congreso". Aunque bien es cierto que no con el beneplácito de todas las partes. Hace unas semanas, los diputados de Vox presentaron al Tribunal Constitucional (TC) un recurso para declarar «nula» la prestación de ayuda a morir.

Según el grupo parlamentario Vox, la ley socialista choca con los derechos humanos establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Y es que, según los de Santiago Abascal, la legislación vulnera el deber del Estado de "protección de la vida y de la salud".

El Partido Popular también anunció su intención de recurrir la ley, pero según los plazos que darían legalidad a su recurso, van tarde. Los del PP tienen de plazo hasta el 25 de junio, fecha en la que se cumplen tres meses desde que la ley fue publicada en el BOE, para presentar un recurso de inconstitucionalidad.