El Tribunal de Cuentas considera probado que un organismo creado y gestionado desde la Embajada de España en Caracas, la Fundación España Salud (FES), especuló con dólares e incurrió en múltiples irregularidades en el reparto de ayudas destinadas a españoles residentes en Venezuela.
Pese a ello, el órgano fiscalizador ha archivado la denuncia en la que la Abogacía del Estado y la Fiscalía reclamaban que dos exconsejeros de Empleo de la Embajada de la etapa de Mariano Rajoy devolviesen 279.660 euros (251.000 euros más intereses) de estas subvenciones, que fueron gestionadas de forma incorrecta en 2015 y 2016.
La sentencia, dictada por el Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, archiva de este modo el procedimiento de reintegro abierto contra los dos exconsejeros. Si bien constata numerosas deficiencias en los expedientes de concesión de las ayudas, la resolución concluye que fueron destinadas a su fin legal: ofrecer ayuda sanitaria y asistencial a las familias españolas que viven en Venezuela.
La resolución, de la que ha sido ponente la exministra de Justicia Margarita Mariscal de Gante, ha tenido en cuenta además las "circunstancias de excepcionalidad" que atravesaba en aquel momento Venezuela, sumida en una profunda crisis que provocó extraordinarias dificultades a miles de residentes españolas.
Cambio "ventajoso"
Las subvenciones (240.000 euros en 2015 y 260.000 euros en 2016) habían sido concedidas por la Dirección General de Migraciones del Gobierno español y debían ser distribuidas por la Consejería de Empleo y Seguridad Social de la Embajada de España en Venezuela. Como se venía haciendo desde hace una década, este departamento transfirió los fondos a la Fundación España Salud (FES), creada en 2006 por iniciativa del entonces ministro de Trabajo Jesús Caldera.
De este modo, la encargada de repartir la subvención entre los residentes españoles ha sido la Fundación, que opera como un organismo autónomo, pero está presidida por el embajador de España en Caracas y buena parte de sus órganos de gobierno están ocupados por cargos españoles de la propia Embajada.
La Abogacía del Estado ha sostenido en el proceso que no existe ningún "convenio de
colaboración o instrumento similar" que diera legal a este trasvase de fondos y, por tanto, la gestión de las subvenciones "generó un menoscabo a los caudales públicos al no existir justificación del destino dado a los fondos de las ayudas".
Uno de los exconsejeros de Empleo procesados reconoció ante el Tribunal de Cuentas que, gracias a que la Fundación tiene acceso a un tipo de cambio más ventajoso que el establecido oficialmente por el Gobierno de Venezuela (al que estaba sometido la Embajada, equivalente a 10 bolívares por dólar), pudo transformar 274.000 dólares de las subvenciones en 192,2 millones de bolívares.
Compra de medicamentos
Y esto permitió a la Fundación incrementar la partida de la subvención para los fines previstos por la Dirección General de Migraciones del Gobierno español: ayudas para hijos discapacitados, financiación de ancianatos (residencias destinadas a ancianos españoles en distintas ciudades de Venezuela), compra de medicamentos, cobertura de los gastos de hospitalización y cirugía, compra de prótesis, donaciones y pañales para familias españolas con bebés.
Su testimonio ha sido respaldado por el exgerente de la Fundación, que ha recordado ante el Tribunal que la situación de Venezuela en los años 2015 y 2016 estaba "marcada por una hiperinflación que tenía como consecuencias un aumento diario de los precios y una escasez de productos básicos, además de la existencia de varias tasas cambiarias que dificultaban el acceso a la moneda local. La FES podía utilizar otros sistemas legales de cambio más beneficiosos" y esto se llevó a cabo siempre de acuerdo con los criterios fijados desde la propia Embajada, según consta en la sentencia.
Esta hiperinflación ha hecho, precisamente, que la especulación con dólares al margen de los mercados oficiales se convierta en uno de los negocios más rentables y codiciados en la Venezuela de Nicolás Maduro.
Una investigación interna desarrollada por los inspectores del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a instancias de uno de los dos exconsejeros procesados ahora, recomendó depurar las "responsabilidades administrativas y penales" derivadas de la mala gestión de estas subvenciones. El informe de los inspectores fue firmado el 29 de noviembre de 2016.
Expedientes irregulares
El Tribunal de Cuentas ha podido comprobar que un buen número de los expedientes de concesión de las ayudas no están firmados o carecen de fecha, mientras que en otros casos hay "informes sociales, informes médicos o declaraciones de los propios interesados sobre su situación". En otros expedientes tramitados por la Fundación España Salud (FES) no aparecen los justificantes del destino de las ayudas y no se puede acreditar que llegaran a sus destinatarios.
Pese a todo ello, atendiendo a los informes del extesorero de la FES y del exembajador de España en Caracas, el órgano fiscalizador ha archivado el proceso al considerar probado que "estas ayudas, bien fuesen mediante entrega directa
de dinero o mediante su aportación para la adquisición de material o la obtención de asistencia médica, cumplieron la finalidad de paliar la carencia de recursos de los españoles en un momento tan difícil como al que se enfrentaban en Venezuela en los años 2015 y 2016".