Piden imputar al jefe de Gabinete de la ministra Laya por la entrada ilegal de Ghali en España

Al menos, así lo entiende la acusación de la causa que se investiga desde el Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, cuyo juez trata de determinar si el mandatario saharaui accedió a territorio nacional con documentación falsa.

El abogado Antonio Urdiales, quien interpuso la denuncia ante el magistrado de Zaragoza, ha presentado este miércoles un escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. En él exige al juez, tras una pormenorizada relación de hechos, que se le cite como investigado por los presuntos delitos de prevaricación, encubrimiento personal y malversación de caudales públicos. 

El letrado entiende que se le debe imputar por haber sido la persona que ordenó "al personal del Ministerio de Defensa que los pasajeros del vuelo procedente de Argelia no pasaran control de pasaportes ni control de aduanas". Entiende el abogado que Villarino habría remitido la orden "a sabiendas de que en esa aeronave viajaba Ghali, quien tiene desde hace años causas penales abiertas en la Audiencia Nacional por presuntos delitos graves como genocidio, terrorismo y torturas".

Esta petición se une ahora a la reciente decisión del juez del caso, quien acaba de dar un plazo de siete días al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Exteriores para que remitan todos los documentos y comunicaciones, las llamadas telefónicas y los mensajes, que puedan identificar a las personas que dieron la orden de introducir en España al mandatario saharaui sin pasar por el control fronterizo.

En una providencia adelantada por este periódico exigía a ambos ministerios la identidad, "indicando nombre y apellidos, de las personas", que desde ambas instancias hubiesen intervenido en las comunicaciones entre Asuntos Exteriores y el Estado Mayor del Ejército del Aire, y entre éste y el general de la Base Aérea de Zaragoza, donde aterrizó el avión argelino que trajo a Ghali.

De ese modo, el magistrado que indaga en la denuncia presentada por el abogado Antonio Urdiales, pretende dilucidar quiénes, en qué términos y bajo la dirección de quién dieron la orden de que no se le exigiera la documentación al líder del Frente Polisario, lo que posibilitó que atravesara el control fronterizo de manera presuntamente irregular, como ya reveló EL ESPAÑOL.

Villarino, director de Gabinete de Arancha González Laya, lleva ocupando ese mismo cargo desde el 3 de junio de 2017, cuando le designó en él Alfonso Dastis, ministro entonces del Gobierno del Partido Popular. Tras la moción de censura de Pedro Sánchez al año siguiente, fue Josep Borrell el encargado de ocupar ese cargo, y Villarino se mantuvo también entonces en ese puesto, en el que continúa a día de hoy.

Es licenciado en Derecho y miembro de la Carrera Diplomática desde 1990. Ha sido Ministro Consejero en la Embajada de España en Rabat (2013-2017) y consejero "Antici" en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (1997-2002).

Ha estado también destinado en las embajadas de España en Zagreb y Washington D.C., en la Asesoría Jurídica Internacional y en la Secretaría de Estado de la Unión Europea.

Informes del Ejército del Aire

Hace unos días, en una de las diligencias remitidas al magistrado de la causa, el General Jefe de la Base Aérea de Zaragoza, José Luis Ortiz-Cañavate, ya apuntaba a que las órdenes se dieron en primera instancia desde el "Gabinete de la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación", al frente del cual está Villarino.

El general jefe explicaba también, que fue una llamada telefónica la que llegó desde el Estado Mayor del Ejército del Aire a la Base Aérea. Según esa llamada aquel avión no debía pasar el control de pasaportes, ni tampoco la aduana.

En esa misma respuesta, tal y como reveló hace semanas EL ESPAÑOL, el general iba más allá y detallaba cómo fue el ministerio dirigido por Arancha González Laya el que dio directamente la orden a Defensa de que Ghali entrara en España sin identificarse, saltándose, entre otros, el protocolo establecido por el Ejército del Aire.

La base Aérea de Zaragoza dispone de un Procedimiento Operativo según el cual todas las aeronaves extranjeras procedentes de países de fuera de la Zona Schengen que aterricen en ella, deben pasar el control de pasaportes y someterse a la supervisión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Esta norma está basada en una Instrucción General del Estado Mayor del Ejército del Aire. Sin embargo, en este caso, el jefe de la base asegura que no se siguió el procedimiento habitual "debido a la orden recibida del Estado mayor del Ejército del Aire".

Además, como ya adelantó EL ESPAÑOL, el Ministerio de Asuntos Exteriores vulneró sus propias normas al colar a Ghali en España en secreto. El magistrado exige ahora conocer si se incoó algún expediente administrativo a raíz de las instrucciones recibidas por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores en torno a aquella maniobra.

En caso de no haberse formado expediente administrativo alguno con respecto a dicha llegada, el juez quiere saber si todas las comunicaciones con Asuntos Exteriores se realizaron telefónicamente o por el contrario existen documentos relacionados con lo ocurrido. En caso de que fuera así, el magistrado quiere que se los remitan desde uno y otro ministerio en el plazo de una semana.

Crisis con Marruecos

El Ministerio de Exteriores, según fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, contestará al juez que se "siguieron escrupulosamente los procedimientos habituales" de no realizar un control de pasaportes a los pasajeros que lleguen en un vuelo oficial.

Aquella medida de introducirle en el país de manera subrepticia, que pronto fue conocida por los servicios secretos de Marruecos, cuya monarquía lleva décadas enfrentada con el Frente Polisario, propició una crisis diplomática con Marruecos y la mayor avalancha de inmigrantes sobre Ceuta, ya que unas 10.000 personas cruzaron la frontera en apenas 24 horas.

Su registro con otro nombre en el hospital de Logroño, así como la opacidad en el procedimiento por el que llegó a territoro nacional, soliviantaron a la monarquía alauí, a la que España no informó de ese movimiento.