Un mes de eutanasia en España: problemas para hacer la solicitud y comités de garantías sin formar

La eutanasia es una prestación incluida en la cartera básica de servicios del sistema sanitario español desde hace un mes. Una implantación demasiado rápida para sus detractores pero que, según sus partidarios, está encontrando más obstáculos de los esperados.

Según fuentes sanitarias, ya hay pacientes que han empezado a solicitar la eutanasia y se han encontrado con problemas que van desde que no se les acepta la solicitud, a citaciones que no cumplen los plazos establecidos por la ley.

Fernando Marín, médico y vicepresidente de Derecho a Morir Dignamente (DMD), denuncia la situación que están viviendo estos pacientes que, con independencia de la comunidad autónoma en la que vivan, están encontrando problemas hasta para el primero de los pasos: registrar su derecho (ya efectivo) a que les practiquen la eutanasia. 

"No es una cuestión de PP o PSOE. Hay un descontrol total", denuncia el facultativo en declaraciones a EL ESPAÑOL. Afirma que, actualmente, en Murcia, Madrid o Comunidad Valenciana no se está aceptando ni el gesto de "coger el papel". Es decir, aceptar la solicitud.

El vicepresidente de DMD explica que cuando un paciente quiere solicitar la eutanasia, lo que debe de hacer es presentar una solicitud. Igual que con cualquier otra prestación de la cartera básica, se debe recoger la petición sin entrar a considerar en si será cursada o no. "El médico que acepta ese papel no tiene que ser objetor o estar a favor, porque lo único que recoge es la petición", insiste Marín.

Aun así, no todo se está desarrollando mal. Marín reconoce que en algunas regiones las cosas están funcionando "bien", como por ejemplo País Vasco, Cataluña o Navarra, que fueron partidarias de la ley desde sus orígenes. 

Por el momento, los datos que maneja la Asociación Derecho a Morir Dignamente es que todavía quedan "siete u ocho" comunidades sin la comisión de garantías nombrada. Algo que, de por sí, ya incumple la ley, pues deberían de estar vigentes desde hace un mes.

Denuncias

En realidad, ni en las regiones que ya tienen comisiones, funcionan correctamente. Como ya adelantó EL ESPAÑOL, las comisiones de garantías se debían conformar antes de la puesta en marcha de la ley con médicos, enfermeros y juristas. Su función es asegurar que la ley se desarrolla "con garantías" para pacientes y facultativos. 

DMD denuncia que los miembros que las conforman en algunas regiones se mantienen en "secreto" o no aportan un medio para ponerse en contacto con ellos. Hecho que deja a los pacientes sin su garantía. 

Además, existe el problema añadido de quién conforma estos organismos. Según la asociación, en algunas regiones en la comisión de garantías hay declarados objetores de eutanasia. "Esperemos que todo transcurra bien y eso no suponga un problema a la hora de evaluar las solicitudes", señalan.

Desde la Asociación de Derecho a Morir Dignamente están pidiendo a los pacientes un plazo de dos meses (hasta septiembre) para empezar a denunciar las situaciones anómalas que ahora están viviendo: "Entendemos que es pronto e influye la pandemia, pero nuestros abogados nos recomiendan esperar a denunciar cuando termine el verano".

En estos momentos, hay dudas sobre dónde deberían presentarse estas denuncias si no se garantiza el cumplimiento de la ley. La legislación no prevé el juzgado que lo tramite, y al considerarse ahora la eutanasia un derecho fundamental, es probable que hubiera que acudir al Contencioso Administrativo. 

Comité de Bioética

El primer mes de la vigencia de la ley ha coincidido, también, con un manifiesto del Comité de Bioética de España en el que se defiende la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios y se asegura que la redacción de la ley no lo hace efectivo.

No es la primera vez que el Comité de Bioética muestra su rechazo a la Ley de eutanasia. Ya antes de la aprobación de la norma, realizó un informe en el que recordaba a Salvador Illa que todos los países europeos que han debatido sobre este asunto han pedido un informe al Comité de Bioética y lo han tenido en cuenta.

En el informe publicado esta semana, el Comité de Bioética asegura que el precepto que ordena la creación de un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia supone "no solo alguna laguna legal, sino una regulación muy restrictiva de lo que constituye un derecho fundamental".

De esta forma, el Comité considera que la objeción de conciencia "debe ser mirada no solo con respeto", sino que "responde al propio fundamento de nuestra democracia constitucional", yo que "la objeción de conciencia constituye una salvaguarda constitucional".

Para el Comité, "más que activar un registro de objetores" sería mejor contar con personas o equipos dispuestos a participar en las distintas fases del procedimiento o, en su defecto, "con un registro de profesionales dispuesto a aplicar la eutanasia".