El Gobierno pincha su propio globo: descarta crear ahora una empresa pública de energía

Desde entonces, tanto la líder morada y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, como el portavoz parlamentario podemita, Pablo Echenique, así como el número dos de la ministra y gurú económico de la formación, Nacho Álvarez, no ocultaban en las redes -tantas veces usadas para azuzar a su socio mayor en el Ejecutivo- su ilusión, incluso su euforia, porque los socialistas parecieran aceptar uno de sus planteamientos de máximos, el de crear una eléctrica pública con la que poder fijar el precio de la luz. 

Sin embargo, fuentes gubernamentales consultadas por EL ESPAÑOL aseguran de manera tajante que "nacionalizar la energía para controlar o abaratar el precio no es la solución". Descartan, por tanto, la creación de una empresa pública de energía, como siempre ha reclamado su socio de coalición. 

De manera pedagógica, explican que técnicamente cabrían tres posibilidades. La primera la creación ex novo de una compañía pública, posibilidad descartada por completo; la segunda una expropiación, como la que este mismo viernes el líder de la oposición, Pablo Casado, insinuaba que estaba tratando de impulsar el Gobierno; y la tercera y única que se contempla, como explicó Ribera, la eventual gestión pública cuando concluyan las concesiones vigentes.

Sin embargo, este matiz es el definitivo, el del tiempo que aún queda de concesión de las licencias hidroeléctricas para muchas empresas. Ahí está la trampa o la carta escondida que se guarda el PSOE. La mayoría de esas concesiones vencen más allá de 2030, algunas incluso en 2050. Un plazo lo suficientemente largo como para que el Gobierno no se vea comprometido.

Desde la parte socialista se hace una interrogación retórica a cuenta de esta materia: "¿Alguien piensa que nuestro planteamiento es el de nacionalizar eléctricas? Evidentemente no". Un asunto, además, que ni siquiera está contemplado en el acuerdo de coalición entre el PSOE y Podemos firmado por Sánchez y Pablo Iglesias a finales de 2019, justo antes de la investidura del primero. 

Dos ideas distintas

En cualquier caso, el planteamiento que llegó a hacer Teresa Ribera, y que destapó la caja de los truenos en plena subida histórica del precio de la luz, no es exactamente lo que propuso Unidas Podemos en su programa electoral y que ha defendido en los últimos años. 

Por un lado, la formación morada ya ha dicho en numerosas ocasiones que es necesario que España cuente con una empresa energética pública que desempeñe un rol activo en la instalación de energías renovables y empuje hacia la transformación del mercado eléctrico. Esa empresa podría ser de nueva creación o se podría buscar la recuperación o renacionalización de la "malvendida" Endesa.

"También se ocupará de implementar una factura de la luz más baja y de garantizar que nadie sufra pobreza energética", escribía en su propuesta electoral de 2019, y que hace unos meses corroboró el portavoz de Energía de UP, Juantxo López de Uralde, en un encuentro de la Asociación Empresarial Eólica (AEE).

Una empresa pública de energía es la solución "más efectiva" para reducir la factura eléctrica, porque permitiría introducir "competencia real" en un mercado copado por "tres empresas", que además han sido multadas por manipular los precios. Esta medida aportaría transparencia en el coste real de la producción eléctrica y además se dejaría de priorizar los intereses de unos accionistas a costa del bolsillo de la ciudadanía.

Generación y comercialización

Es decir, esa hipotética empresa pública sería vertical, estaría en prácticamente todas las fases del sistema eléctrico, o al menos, en las más activas, como es la generación y la comercialización de la energía. 

Trabajaría "de forma coordinada con las empresas públicas municipales que se han creado o que se puedan crear" para la comercialización y la gestión de su propia energía, señalan los morados en su documento original.

En definitiva, contraatacar en un mercado eléctrico dominado por un oligopolio privado, porque "no es creíble que podamos acometer los objetivos planteados en el horizonte verde" de otra manera.

Gestionar el agua

Harina de otro costal es lo que propone el bloque socialista. La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, siempre ha sido tajante en su posición. Dice que el Gobierno no está hablando de nacionalizar ninguna empresa energética y ha explicado que se está analizando cuál es la mejor respuesta. Es decir, no cierra la puerta a otros modelos que no sean exactamente una empresa pública. 

"No estamos diciendo que vamos a hacer una empresa pública energética, estamos diciendo que vamos a analizar en el caso de las explotaciones hidráulicas cuál es la mejor respuesta", ha aclarado la secretaria de Estado en una entrevista a los medios.

Sus declaraciones confirman la posición de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, cuando anunció que está estudiando "disponer de toda la energía hidroeléctrica a través de un sistema de concesión distinto o a través de una empresa pública según se vayan liberando las concesiones hidroeléctricas, que permita intervenir o facilitar otra manera de ofertar energía".

Aagesen ha añadido que priorizarán dar una solución a las concesiones hidroeléctricas finalizadas que tengan que ver con el cambio climático, las necesidades de agua, así como con necesidades sociales y energéticas.

"No estamos prejuzgando quién va a gestionar estas concesiones, pero sí estamos analizando cuál es la opción que maximizaría esas necesidades", ha destacado.

En cualquier caso, crear o no una empresa pública con esas concesiones no ofrece una respuesta inmediata para bajar la factura, porque "las fórmulas mágicas no existen para resolver problemas".