La Audiencia Nacional decide este martes sobre la orden con la que Interior cesó a Pérez de los Cobos

La Audiencia Nacional decide este martes sobre la legalidad de la orden que adoptó el Ministerio del Interior al cesar al coronel Diego Pérez de los Cobos del puesto de jefe de la Guardia Civil de Madrid cuando subordinados suyos investigaban bajo la dirección de una juez la posible relación de la manifestación del 8M con el inicio de contagios por coronavirus.

Según informan a Europa Press fuentes jurídicas, los jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se reúnen este martes para deliberar sobre el recurso de Interior al fallo en primera instancia que ya declaró ilegal dicho cese, aunque su resolución es posible que no se comunique hasta pasado unos días.

El cese fue ordenado un domingo por la noche a los pocos días de declararse el estado de alarma por la Covid-19, dando paso a las críticas de los partidos de la oposición al entender que Grande-Marlaska apartaba a un oficial, con larga experiencia en la lucha antiterrorista y con un papel destacado durante el referéndum del 1-O, por no mantenerle informado de las pesquisas -luego archivadas- que afectaban al delegado del Gobierno en Madrid y al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Cese por pérdida de confianza 

El pasado mes de abril, la Abogacía del Estado alegó en representación del Ministerio del Interior que el cese de Pérez de los Cobos no supuso "desviación de poder" al deberse a una pérdida de confianza. Además, sostenía que con su decisión la Audiencia Nacional "eliminaba" la posibilidad de destituir del cargo de libre designación a un oficial, de acuerdo al "juicio de confianza" que establezca la cadena de mando.

El escrito de apelación presentado por Interior ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo planteaba el desacuerdo remitiéndose a la Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil y subrayando que en el relato de hechos de la última palabra el coronel Pérez de los Cobos "contradijo el resultado de la prueba practicada". "El demandante cambió unilateralmente su comportamiento por algún motivo", sostuvo.

En este sentido, Interior alegaba que el coronel informó hasta en cuatro ocasiones a la cadena de mando de indagaciones de la investigación sobre el 8M antes de su cese, sin plantear ninguna queja. En concreto, dio cuenta de una videoconferencia con la magistrada Carmen Rodríguez-Medel para "acelerar la investigación", de una conversación sobre el "plus de cautela" y sobre el modo en el que se estaban efectuando una serie de citaciones.

"No es cierto que el demandante informase 'hasta que la magistrada ordenó expresamente que no se informase a nadie más que a ella de la evolución y el resultado de las investigaciones'. Dicha afirmación no es cierta se mire la prueba por donde se mire", se quejaba Interior.

Sobre el fondo del problema, que el ministro Grande-Marlaska quisiera conocer un informe que afectaba al delegado del Gobierno en Madrid y a Fernando Simón en el curso de una investigación judicial, Interior también negaba su interés: "Estamos hablando de una información que ya había sido entregada a las partes personadas en el procedimiento --entre ellas, el Delegado del Gobierno-- y había sido objeto de difusión en un medio de comunicación".

Requerimientos por cadena de mando 

El 24 de mayo, según el recurso de Interior, la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, realizó una llamada al entonces Director Adjunto Operativo (DAO), el teniente general Laurentino Ceña, "a fin de aclarar si él era conocedor de que se habían entregado las diligencias referentes a la investigación". A través del Mando de Operaciones, se requirió explicaciones a Pérez de los Cobos, que contestó que "ni conocía ni debía conocer nada".

La Abogacía se apoyaba en la jurisprudencia y el cese como jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de otro mando de la Guardia Civil, el coronel Manuel Sánchez Corbí, por ser un puesto de libre designación. "El cese analizado viene regulado en la legislación específica aplicable al personal de la Guardia Civil; por tanto, la normativa general sobre ceses de empleados públicos (y la interpretación que de ella se haga por el Tribunal Supremo) no puede extenderse al personal de la Guardia Civil", alegaba.