Laya pide la pensión de exministra y depende de Sánchez para recolocarse en medio del caso Ghali

Por el momento, ha solicitado cobrar la pensión de exministra, a la que tiene derecho por un período equivalente al tiempo que dirigió la cartera de Exteriores: 18 meses. Esta pensión asciende al 80% de su sueldo de ministra (que rondaba los 75.000 euros anuales), por lo que cobrará en torno a 4.250 euros al mes, en 14 pagas anuales. Es decir, casi 60.000 euros al año.

Esta prestación es incompatible con el cobro de una remuneración por cualquier prestación privada. Por tanto, dejará de percibirla si en los próximos meses asume una nueva actividad política o profesional.

También Pablo Iglesias ha cobrado durante casi cinco meses su indemnización como ex vicepresidente del Gobierno, que en su caso ha ascendido a 5.300 euros al mes. Iglesias podía haber cobrado esta prestación durante un máximo de un año y dos meses, el mismo tiempo que dirigió la Vicepresidencia tercera del Gobierno de Asuntos Sociales.

Las tertulias de Iglesias

Sin embargo, perdió este derecho el pasado mes de septiembre, cuando comenzó a colaborar como columnista y tertuliano en varios medios de comunicación (la SER, Rac1, el diario Gara y el digital Ctxt).

Según aseguran a EL ESPAÑOL fuentes internas del PSOE, Arancha González Laya no ha ocultado su decepción por el hecho de que el presidente Pedro Sánchez no le haya ofrecido hasta el momento ningún cargo vinculado a la actividad política, como ex ministra de su Gobierno.

Sánchez ha esperado a la vuelta del verano para comenzar a recolocar a los damnificados de la remodelación del Gobierno que aprobó el pasado mes de julio. La ex vicepresidenta primera Carmen Calvo pasará a presidir la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, lo que le permitirá sumar un complemento de 1.551,58 euros al mes en su sueldo de diputada y, señalan algunas fuentes, podría convertirse en la nueva presidenta del PSOE. 

Por su parte, el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos pasará a presidir ahora la Comisión de Interior del Congreso. No dejaremos a nadie atrás, anunció el presidente Pedro Sánchez.

El 'consejo de sabios'

En cambio, casi tres meses después de la remodelación de Gobierno, la exministra de Asuntos Exteriores, que no es diputada, sigue en el banquillo. Todo ello, a pesar de que su situación es especialmente delicada, ya que está imputada por los presuntos delitos de prevaricación, encubrimiento y falsedad en documento privado en un Juzgado de Zaragoza.

González Laya anunció el pasado mes de septiembre que ha aceptado presidir un grupo de sabios de la UE sobre los desafíos que enfrenta la unión aduanera. Fue propuesta para este cargo por el actual titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. No obstante, se trata de un puesto no retribuido.

Muchos daban por hecho que González Laya volvería a Bruselas, ya que entre 2002 y 2004 fue portavoz de la Comisión Europea para el comercio y consejera del comisario de Comercio de la Unión Europea. En estas funciones, participó en la negociación de varios acuerdos comerciales con terceros Estados. Más tarde, entre 2013 y 2020, fue directora ejecutiva del Centro de Comercio Internacional de Naciones Unidas.

Por el momento, Arancha González Laya ha decidido mantener su residencia en Madrid, a pesar de que sus raíces familiares se encuentran en el País Vasco. Pese a que sigue a la espera de una llamada del presidente, la ex titular de Exteriores no se salió ni una coma del guión previsto el pasado lunes, cuando declaró como imputada ante el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala.

Calla ante el juez

Hasta en cinco ocasiones, González Laya se aferró a la Ley de Secretos Oficiales para negarse a explicar quién tomó la decisión de introducir en España al líder del Frente Polisario Brahim Ghali eludiendo el control fronterizo de pasaportes. Tampoco quiso aclarar ante el juez quién facilitó a Ghali el pasaporte falso con el que quedó registrado en el hospital de Logroño en el que permaneció ingresado durante varias semanas, enfermo de Covid.

Si alguien esperaba que una González Laya desairada, al verse abandonada por el PSOE, elevara al Palacio de La Moncloa las responsabilidades por la entrada irregular de Ghali en España quedaría defraudado. 

González Laya no lo tenía fácil en su declaración judicial, ya que con anterioridad su exjefe de gabinete, Camilo Villarino, había sugerido ante el juez que la decisión se había tomado en más altas instancias, teniendo en cuenta las repercusiones que podía tener en las relaciones con Marruecos: "No creo que fuera ella sola por sí y ante sí. El Gobierno no es un reino de taifas".

Pese al secretismo con el que se había desarrollado la operación, el Gobierno de Rabat no tardó en conocer la presencia del Líder Polisario en un hospital de Logroño. Y su respuesta no se hizo esperar: provocó una avalancha migratoria sin precedentes, con la entrada de cerca de 10.000 personas en Ceuta en apenas 24 horas.

Pero el Gobierno no ha dejado sólo a la exministra de Exteriores ante esta causa judicial. La Abogacía del Estado: el pasado 27 de septiembre presentó un recurso contra la imputación de González Laya, por considerar que esta diligencia no puede ayudar a esclarecer los hechos. 

"Si la decisión de permitir la entrada de Brahim Ghali en España por razones humanitarias sin control de pasaporte es conforme a Derecho", argumenta la Abogacía del Estado, "es indiferente quién o quiénes tomaron la decisión o quién o quiénes estaban al corriente de la misma".