La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha optado este jueves por solicitar al Supremo (TS) una aclaración sobre el alcance de la condena que el alto tribunal impuso al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez.
Así lo confirman fuentes políticas a EL ESPAÑOL. Este martes —con votos de la formación morada y del PSOE y amparada por un informe no vinculante de los letrados de las Cortes—, la Mesa de la Cámara Baja, presidida por la propia Batet, optó por que el condenado mantuviese su asiento.
Hoy, tras casi dos horas y media de reunión y sin unanimidad, la de "elevar un escritorio aclaratorio" al Tribunal Supremo ha sido, finalmente, la postura tomada por el órgano rector del Congreso de los Diputados, según informan fuentes políticas.
El diputado Alberto Rodríguez.
Ambos partidos de izquierda —PSOE y Podemos, que suman mayoría en la Mesa— han sido quienes han sugerido esta vía. La socialista Meritxell Batet no ha participado en esta votación. PP y Vox pedían que se le retirase el escaño de inmediato.
En rueda de prensa, Ignacio Gil Lázaro (miembro de Vox en la Mesa, de la que es vicepresidente cuarto) ha asegurado que la presidenta Batet, a título individual, se ha mostrado a favor de que el diputado condenado se quede sin su acta, aunque ha aceptado pedir el informe al TS.
Ana Pastor, diputada del Partido Popular y vicepresidenta segunda del órgano, ha tachado la petición de informe de "nueva maniobra de dilación" y pide que se ejecute la condena.
Desde Ciudadanos, critican que la Mesa pida una aclaración de una "decisión que está clara, sobre un diputado que está condenado por el Tribunal Supremo". "Si [Alberto Rodríguez] no fuera de Podemos, ¿ustedes creen que el Partido Socialista tardaría en tomar una decisión?", se ha preguntado Miguel Ángel Gutiérrez (Cs), quien ha criticado que Pedro Sánchez "use a los letrados del Congreso para hacer una interpretación torticera" de la pena impuesta al político canario.
Por su parte, Gerardo Pisarello, secretario primero de la Mesa y diputado de Unidas Podemos, ha confirmado que dicha petición de informe pretende que el Supremo "aclare qué es lo que quiso decir exactamente" en su fallo. "Y aclarar —añadía— no es inventar una pena que no figure en su sentencia".
La condena
Tal y como ha explicado este diario durante los últimos días, la condena impuesta por el Tribunal Supremo al diputado Alberto Rodríguez ha supuesto el último enfrentamiento entre el Congreso y el más alto órgano del Poder Judicial.
Algunos magistrados del TS manifestaron su malestar cuando la Mesa, amparada por dicho informe de los letrados parlamentarios, decidió el pasado martes mantenerle en su escaño, lo cual fue interpretado por estos jueces como una "reinterpretación" de su fallo.
La sentencia del Supremo condenaba a Rodríguez a una pena de inhabilitación especial para el sufragio pasivo —pena de tipo accesorio—, que acompaña una condena de prisión de un mes y quince días.
Esta última, al ser tan corta, ha podido ser sustituida por una multa de 6 euros diarios durante 90 días. Un total de 540 euros que el diputado Alberto Rodríguez ya ha abonado.
Sin embargo, el artículo 6.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) establece que "son inelegibles los condenados por sentencia firme, a pena privativa de libertad, en el período que dure la pena".
No obstante, uno de los principales debates jurídicos en torno a esta condena es si el pago de esta sanción, que sustituye a la cárcel, modifica la obligación de dejar el escaño; es decir, si tras abonar la multa quedan o no consecuencias extrapenales.
Este miércoles, el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, el juez Manuel Marchena, enviaba a Batet un oficio en el que le pedía que informase al tribunal sobre la fecha en la que Rodríguez ha comenzado o va a comenzar a cumplir la pena de inhabilitación especial para el sufragio pasivo.
La Junta Electoral Central
También ayer, tanto PP como Ciudadanos confirmaban que acudirían a la Junta Electoral Central (JEC) para que este órgano, que vela por el correcto funcionamiento de los procesos electorales, se pronunciase sobre si Rodríguez debe dejar su escaño.
En declaraciones a los medios, el portavoz adjunto de Cs, Edmundo Bal, pedía ayer que la JEC aplicara dicho artículo de la Ley Electoral y le retirase el acta.
Por su parte, Cuca Gamarra, portavoz de los populares, afeaba este miércoles a la Mesa del Congreso que "el grupo parlamentario del diputado que ha sido condenado le indulte de la ejecución de la condena".
Asimismo, el Reglamento del Congreso de los Diputados —obligar a cumplir esta normativa es función de la presidencia de la Mesa— indica que un miembro de la Cámara "quedará suspendido en sus derechos, prerrogativas y deberes parlamentarios cuando una sentencia firme condenatoria lo comporte o cuando su cumplimiento implique la imposibilidad de ejercer la función parlamentaria".