El amigo de Marlaska que dio el tercer grado al asesino del niño criticó la "dureza" penitenciaria

Como cabeza de Prisiones, Ortiz fue el responsable último de la concesión, en febrero del año 2020, del tercer grado a Francisco Javier Almeida, detenido este pasado jueves como el presunto autor del asesinato de un menor en Lardero (La Rioja), al que confundió con una chica por ir el menor disfrazado de "niña del Exorcista". Tal y como reveló EL ESPAÑOL y reconocen desde Instituciones Penitenciarias, fue finalmente la Secretaría General, que él comanda, la que se inclinó por adoptar esa decisión.

"Tremendamente duro". Así se pronunció entonces el máximo responsable del órgano administrativo encargado de las cárceles, dependiente del Ministerio de Interior, en la última edición de los cursos de verano de la Universidad Complutense.

Participaba en un coloquio sobre la política de seguridad, materia de la que Ortiz —extitular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 1 de Madrid y compañero de promoción de la carrera judicial de actual titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska— es experto, como acreditan sus artículos académicos.

En dicho evento, Ortiz basó su calificativo en la baja tasa de criminalidad española (44,8 delitos por cada 1.000 habitantes) frente a la media europea (62,8) y la tasa de encarcelamiento patrio (123,3 por cada 100.000 habitantes), con penas con una duración media de 20,2 meses, frente a los 10,1 meses de media europea.

Tal y como ha adelantado EL ESPAÑOL, el organismo que Ortiz encabezaba optó por el régimen abierto en contra del criterio del penal del Dueso, ubicada en Santoña (Cantabria). El régimen abierto permite a los presos pasar el día fuera de la cárcel y regresar sólo a dormir, y acceder a él es condición imprescindible para lograr, posteriormente, la libertad condicional de la que disfrutaba el presunto asesino cuando fue detenido anoche por el crimen.

Fue así como al presunto asesino, ya condenado por delitos similares e incluso por una agresión sexual, se le puso en libertad.

Como avanzó este diario, el tercer grado, finalmente, se le otorgaría el 6 de febrero de 2020. Apenas permaneció dos meses en dicha calificación, ya que el 8 de abril, ya en la tierra natal del preso, Logroño, el Juzgado de Vigilancia le concedió, sin oposición de la Fiscalía, la libertad condicional, situación de la que gozaba cuando fue arrestado la noche del jueves en el municipio de Lardero.

Meses antes, en noviembre de 2019, los técnicos del penal —encargados de estudiar la situación de cada reo y cuya Junta de Tratamiento la componen, entre otros, el director de la cárcel, los psicólogos, psiquiatras y educadores— ya se habían opuesto a que el presunto asesino del niño de Lardero accediese al tercer grado. Pese a todo, la Secretaría General optó por concedérselo. Eso sí, con ciertas restricciones.

En marzo de 2020, precisamente, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, debido a la pandemia de la Covid-19, envió un oficio a las Juntas de Tratamiento para que estudiaran la posibilidad de que los presos en tercer grado pudieran dormir en sus casas, con una pulsera telemática en sus tobillos, y evitar así contagios en las cárceles.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias reconocen a EL ESPAÑOL que se produjeron ciertas "discrepancias" sobre este recluso en el seno de la Junta de Tratamiento. Fue al final la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias la que resolvió, "siguiendo los cauces normativos establecidos".

Para optar por el tercer grado, en los servicios centrales de la entidad administrativa, encabezada por Ángel Luis Ortiz, se tuvieron en cuenta, como elementos a favor del interno, haber superado más de tres cuartas partes de la pena y "su evolución penitenciaria y tratamental", aclaran esas mismas fuentes, además de que había disfrutado de sus permisos sin protagonizar incidencia alguna.

Esas mismas fuentes apuntan que el detenido llegó a disfrutar de hasta 39 permisos desde 2013 a 2020, todos ellos autorizados por el juez de Vigilancia. No registró ni un solo percance. En 2017 cumplió las tres cuartas partes de su condena. Aún esperaría varios años hasta que se le concediese el régimen abierto.

Antecedentes

Francisco Javier Almeida, de 55 años, detenido anoche por, supuestamente, haber matado a un menor acumula un abultado historial de antecedentes.

En 1998, fue condenado a una pena de 30 años de cárcel por haber asesinado y violado a una joven en el llamado "crimen de la inmobiliaria".

Varios años antes, en 1993, fue sentenciado a siete años de prisión por otro delito de agresión sexual y lesiones. Cumplió la pena en mayo de 1997.

Y fue tras pasar 23 años entre rejas —de las tres décadas a las que fue condenado por violar y matar a la agente inmobiliaria, haciéndose pasar por un posible comprador de un piso— cuando un juez de Vigilancia Penitenciaria le concedió la libertad condicional. Disfrutaba de ella hasta que fue detenido por la Guardia Civil por, supuestamente, haber matado al menor, al que habría engañado diciéndole que iba a regalarle un cachorro y al que luego, supuestamente, asfixió en un portal de la capital riojana.

Ortiz y Carmena

De acuerdo con la información de su currículum, disponible en la web de Instituciones Penitenciarias, Ortiz lleva, desde sus 18 años, trabajando en materias vinculadas a la política de prisiones. Varios son los nexos que le unen al actual ministro del Interior, aparte de su trabajo en el ministerio: no solo aprobaron juntos las oposiciones; también acudieron a la vez a la Escuela Judicial.

Ortiz también ha sido magistrado, con destino en distintos Juzgados, entre ellos el de Vigilancia Penitenciaria nº 1 de Madrid.  Uno de sus cargos más relevantes fue, entre 2015 y 2018, el de director general de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid, con Manuela Carmena como alcaldesa. Permaneció en ese puesto hasta que su compañero de promoción Grande-Marlaska, le designó como responsable de Prisiones.

Conocida es la postura de manga ancha de la exalcaldesa madrileña, quien, en el año 2013, en el programa presentado por Pablo Iglesias en el canal HispanTV, sugirió el vaciado de las cárceles. "La mayor parte de gente tendría que estar fuera", manifestó la dirigente y antigua jueza, quien abogaba por mantener entre rejas, únicamente, a quienes hayan cometido delitos graves, un "verdadero daño para la sociedad".

La que fuera alcaldesa de Madrid entre 2015 y 2018 también se mostró favorable a la derogación de la prisión permanente revisable, que, precisamente, ha sido avalada esta semana por el Tribunal Constitucional, al considerar que no vulnera la reinserción social.