Las agresiones a agentes de la autoridad suben un 27% mientras el Gobierno rebaja la Ley de Seguridad

Desde el comienzo de la pandemia, los ataques contra la autoridad, agentes o funcionarios públicos han aumentado de manera significativa. Según ha podido conocer EL ESPAÑOL, a lo largo del año 2020 se produjeron 7.507 incidentes de estas características, un 27% más que el año anterior. Y en lo que va de 2021, hasta agosto, ya se han cosechado 5.886, lo que nos acerca a un nuevo récord.

La del curso anterior fue la cifra más elevada en una década. Desde 2011 y 2012, en plena crisis económica, no se veía un dato similar (7.383 y 7.141, respectivamente).

Los datos proceden del Sistema Estadístico de Criminalidad, dependiente del Ministerio del Interior. En él se recoge este tipo de agresiones de forma global, por lo que no es posible distinguir entre ataques a policías y guardias civiles.

Las fuentes consultadas por este periódico aseguran que se trata de un tipo penal muy amplio, que no solo abarca agresiones, y que no se circunscribe a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pues incluye también a todo tipo de funcionarios públicos.

El incremento que se aprecia coincidiendo con la pandemia estaría relacionado, según las fuentes consultadas en Interior, "con las medidas puestas en marcha para hacer frente a la pandemia", o sea, con las restricciones. A fecha de 31 de agosto de este año ya se habían producido las mencionadas 5.886 agresiones, por lo que es muy probable que 2021 sea aún peor que 2020.

Estos datos se conocen mientras PSOE y Unidas Podemos avanzan en la derogación de la llamada 'ley mordaza'. Ambos partidos acordaron el pasado jueves impulsar la supresión y la rebaja de determinados aspectos de la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada por el PP en 2015.

Todos los sindicatos y asociaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado consultados por este periódico manifiestan su indignación ante esta medida llevada a cabo por el Gobierno.

Para Jupol, sindicato mayoritario en la Policía Nacional, deja absolutamente desprotegidos a los efectivos policiales, ante el cambio que previsiblemente ya no penalizará la difusión de imágenes de los agentes en redes sociales. "Se vulnera completamente el derecho a la intimidad. Es un riesgo para la integridad física de los agentes y sus familias".

En la misma línea se pronuncia el Sindicato Unificado de Policía (SUP), al afirmar que "la anunciada derogación agrava aún más la situación de desamparo que sufren los policías. Permitir que se celebren manifestaciones 'espontáneas' -otro de los presumibles cambios-, sin comunicarlas previamente ni advertir de sus recorridos, atenta directamente contra las libertades del resto de ciudadanos".

También la Confederación Española de Policía (CEP): "Infligirá un daño grave e irreparable a la operatividad policial. Está pensada únicamente para una parte de la ciudadanía. Pone en la diana del señalamiento a más de 200.000 funcionarios de los cuerpos policiales a los que ahora se podrá acosar y hostigar con material videográfico".

Tanto ellos como otros, como el Sindicato Profesional de Policía (SPP), se muestran preocupados ante esta decisión, la cual tildan de "grave retroceso": "Subyace la intención de limitar la capacidad de actuación policial en eventos de conflictividad social. Pone en duda las actuaciones policiales".

Aumento de las agresiones

Un claro ejemplo de los datos que reflejan ese aumento en las agresiones perpetradas contra los agentes de toda España ocurrió el pasado verano en la ciudad de Palma de Mallorca.

Hasta tres veces en la misma semana, un grupo de personas sometió a la hija de un veterano agente de la Guardia Civil de la zona a un brutal episodio de acoso, hostigamiento y paliza que terminó con la víctima yendo al juzgado a interponer una denuncia con su padre.

La joven explicaba en la denuncia cómo un grupo de adolescentes la persiguió, la hostigó e incluso la agredió, llegando incluso a decirle: "Hija de Picolo, guarra, me cago en tus muertos. Me cago en todos los guardias civiles, hijos de puta".

No es un caso aislado. Hace unas semanas, José Luis, 61 años, subinspector de Policía en Zaragoza y agente durante cuatro décadas, sufrió una situación similar. El pasado 12 de octubre salió de su casa, en Zaragoza, a las 12 de la mañana. Acababa de finalizar el desfile con motivo del día de las Fuerzas Armadas.

El agente cuenta a EL ESPAÑOL cómo, cuando iba a aparcar su coche, vio a una persona en la calzada a la que le pidió que se apartase para poder estacionar. Cuando comenzó la maniobra, el hombre golpeó el espejo retrovisor y propinó una patada en la parte trasera del coche.

José Luis bajó del vehículo y se identificó como agente de policía. El atacante le tiró la placa al suelo y al agacharse para recogerla le dio una patada en la cara. Ambos sucesos, con menos de un año de diferencia, no son hechos aislados.

El autobús de Zaragoza

Hace 15 días, la Policía localizó y detuvo en Alicante a un hombre que agredió el domingo 17 de octubre a un inspector del cuerpo en un autobús de Zaragoza. El ataque se produjo cuando el agente pidió amablemente al individuo que se subiera la mascarilla.

El policía se identificó como tal, a lo que el hombre reaccionó de forma violenta, retándole a que bajara con él del autobús. A los intentos de apaciguamiento del agente, respondió finalmente abalanzándose sobre él y propinándole puñetazos y patadas. A raíz de la agresión, el inspector sufrió una herida en el ojo, con posible desprendimiento de retina.

Un agente acostumbrado a trabajar por las noches en Madrid explica así el aumento de la violencia hacia los policías: "Cada vez la figura del uniforme impone menos. Se envalentonan porque se ven fuertes y amparados en el todo vale". "Salvo que se produzcan con otros delitos aparejados, como puede ser el de lesiones, estos casos se suelen resolver con una multa de unos 60 euros", apunta otra fuente policial.

Este diagnóstico coincide con el de algunos sindicatos, como JUPOL, desde donde aseguran que "se está perdiendo el principio de autoridad" y subrayan "las condenas sumamente leves que se imponen por estos hechos".

"Una condena por atentado contra una autoridad podría ascender a hasta cuatro años de prisión, y contra un agente de la autoridad, hasta tres. Pero creemos que las condenas que se están imponiendo son muy leves, multas de una cuantía irrisoria. Sale muy barato agredir a un agente de la autoridad", añaden.

Esa es también la tesis del SUP, desde donde ya han exigido a Interior y al Ministerio de Justicia un aumento de penas para este tipo de delitos: "Es necesario que se restablezca el principio de autoridad, pero, sobre todo, en los más jóvenes, ya que son ellos los más críticos ante las instituciones del Estado".

El fenómeno del botellón

Hace unas semanas, durante la madrugada de un sábado en Madrid, la Policía Nacional detuvo a 55 jóvenes en un botellón en el que se produjeron robos, agresiones, peleas, y heridos por botellazos. Uno de ellos, menor de edad, fue arrestado tras apedrear un vehículo de la Policía Municipal.

A lo largo de los últimos meses, los botellones multitudinarios en ciudades de toda España han dado pie a las agresiones a los agentes. Recientemente, el sindicato policial Erne, que representa a agentes de la Ertzaintza, denunciaba la "brutal" agresión a los policías en Arrigorriaga (Vizcaya), en los disturbios producidos tras el intento de disolver un botellón.

Otro agente con años de experiencia como antidisturbios asegura que hay un deterioro paulatino del respeto a la autoridad. "No creo que la pandemia sea la responsable de esto. Viene de hace unos años. Cuando paras o identificas a alguien parece que fueses tú el culpable. Hace unas semanas, tuvimos la identificación de unos chicos que consumían droga en la calle. El trato, despectivo, no te miran a la cara. Les pides el DNI y no te lo dan. El otro día, en el dispositivo de un partido de fútbol, un chico quería pasar la primera línea de control cuando hacíamos un corte para que entrase primero la afición visitante. Nos apartaba el brazo y seguía. Le daba exactamente igual". 

Cambio de hábitos

"Es obvio que la postpandemia ha traído un cambio de hábitos y comportamiento social, que se ha ido extendiendo por todo el país, que ya es viral y que estamos llegando a un punto de no retorno. Lo confirman las cifras. Pedimos que desde el Gobierno se condenen con rotundidad estas agresiones, que se tomen las decisiones políticas adecuadas, que se refuercen las plantillas y medios materiales", explican desde el SPP.

"Hoy en día", apuntan desde la Unión Federal de Policía (UFP), "ser policía y guardia civil es un acto heroico y una profesión de muy alto riesgo. ¿Qué haría falta? Legislar leyes que realmente se nos considere agentes de la autoridad, y no dependa de la interpretación que el juez de turno quiera hacer. Pegar a un policía sale casi gratis y sin consecuencias".

Muchas de las fuentes consultadas hacen referencia a la situación que viven los agentes en zonas de tensión como el Campo de Gibraltar, epicentro del narcotráfico de hachís en España, o en Cataluña, donde desde 2017 se vienen produciendo disturbios callejeros de manera periódica. 

Víctor M. Vigil, secretario general de la CEP, coincide con los compañeros de otros sindicatos, pero aduce más razones: "Hay un cambio en el modelo de ocio, que se expresa con más violencia. Pero también se ve en las reacciones políticas que se producen en cada intervención policial, despojando a los compañeros del principio de presunción de inocencia y dando por sentado que ya son culpables. Ese cuestionamiento sistemático, muchas veces con acusaciones muy graves desde la inviolabilidad parlamentaria, genera un poso de odio y la sensación de impunidad entre los violentos".

Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denuncia que los guardias que se encuentran trabajando en la calle "están totalmente desprotegidos ante un Código Penal que no les defiende de agresiones. El que agrede a un guardia civil conoce la impunidad con la que actúa".