"Me comprometo con un nuevo tiempo político": la carta tipo de los presos de ETA para su acercamiento

Este es uno de los cuatro párrafos de la carta tipo que la etarra Ainhoa Barbarín Yurrebaso dirigió a la Junta de Tratamiento del centro penitenciario de Picassent el 20 de octubre de 2020. El 26 de febrero de 2021 la cárcel de Valencia para ser enviada a la de Álava. 

La sospecha de la falta de arrepentimiento de muchos de los presos de la banda terrorista ETA siempre ha estado sobre la mesa. Sobre todo, en los últimos tiempos, ante el aumento generalizado de los traslados de presos al País Vasco o a cárceles de provincias adyacentes.

Ahora, EL ESPAÑOL publica en exclusiva y por primera vez una de esas cartas, a las que los etarras han estado recurriendo para conseguir un trato favorable por parte de Instituciones Penitenciarias.

Hace apenas un año, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) denunció una estrategia "orquestada por los abogados de los etarras". Consistía en hacerles firmar "cartas de falso arrepentimiento" con las que tramitar su traslado a prisiones cercanas al País Vasco. Esas misivas, explicaban desde la AVT a EL ESPAÑOL, jamás llegaban a las víctimas y familiares de quienes fueron asesinados por ETA.

"Hago mías las declaraciones efectuadas por los portavoces de los presos políticos vascos en 2013 y 2017, y también la declaración del daño causado efectuado el 4/4/18 por ETA antes de su disolución", continuaba la etarra en su escrito, al que ha tenido acceso este periódico. Barbarín Yurrebaso fue condenada en 2006 por la Audiencia Nacional a 14 años de prisión por colocar un coche bomba en el aeropuerto de Málaga en el año 2001.

La carta íntegra dirigida a la Junta de Tratamiento de Picassent. EL ESPAÑOL

El explosivo, por fortuna, fue desactivado por los TEDAX. En 2009 la Audiencia Nacional le condenó de nuevo a 208 años de prisión por la explosión de otra bomba adosada a un automóvil en la localidad de Salou. El atentado, perpetrado en agosto de 2001, provocó 18 heridos, entre ellos tres guardias civiles y varios niños. La etarra cumplirá las tres cuartas partes de la pena en diciembre de 2024. A día de hoy continúa en régimen de segundo grado. 

La buena acogida en Interior de la carta de Barbarín Yurrebaso revela la actitud del ministro, Fernando Grande-Marlaska, y del secretario general de Prisiones, Ángel Luis Ortiz proclive a conceder beneficios a los reclusos etarras.

"Respeto a las víctimas"

Las víctimas no se creen las palabras de Barbarín Yurrebaso, que en otro párrafo afirma: "Manifiesto mi máximo respeto a todas las víctimas y sus allegados por las consecuencias irreparables que han sufrido y sufren". Y finaliza reafirmándose en la "voluntad de seguir recorriendo el camino de la legalidad penitenciaria".

Son frases "huecas", dicen quienes han sufrido en sus propias carnes los atentados de la banda. "Esto no haría más que confirmar lo que venimos denunciando desde septiembre de 2018, que es la utilización de supuestos arrepentimientos de formulario para enmascarar lo que no es otra cosa que una cesión a una reivindicación histórica de la banda", señalan desde la AVT.

En Interior, sin embargo, insisten en que los presos trasladados han pedido perdón por sus crímenes.

Fuentes penitenciarias denuncian que muchos etarras han redactado a lo largo de los últimos tres años cartas similares. Sin embargo, aseguran esas mismas fuentes a EL ESPAÑOL, "todos los profesionales ya sabíamos de antemano que sólo respondían a maniobra para conseguir el traslado a prisiones vascas y la consecución de beneficios penitenciarios".

Una de las 'cartas tipo' de los etarras en las cárceles. EL ESPAÑOL

Tras descubrirse la estrategia de las cartas tipo, víctimas de los terroristas, como Daniel Portero, presidente de la asociación Dignidad y Justicia, recurrieron a la Justicia. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM admitió a trámite su recurso y el juez exigió a Interior que le diera traslado del expediente del asesino de su padre.

Cartas "genéricas" 

El pasado mes de febrero, esas cartas tipo fueron reprobadas abiertamente por la Audiencia Nacional. La Sección primera de lo Penal las calificó de "genéricas", al entender que únicamente tenían el objetivo de "obtener beneficios penitenciarios". Ninguna de ellas, como la que exhibe hoy este periódico, incluye un "perdón expreso" a las víctimas de sus acciones terroristas. Tampoco un resarcimiento económico.

La presidenta de esa Sala, Concepción Espejel, se pronunciaba en esos términos en dos autos con los que revocó el abono de 45 días de redenciones extraordinarias concedidas al etarra Sebastián Echaniz, al que le fue otorgado el tercer grado penitenciario el 7 de julio de 2020.

La Sala rechazaba las manifestaciones de arrepentimiento del etarra -condenado por varios atentados en los que fallecieron siete personas- al considerarlas "significativamente idénticas a las formuladas con el mismo carácter finalista por otros internos de ETA".

En esa resolución Espejel señaló que los "escritos genéricos de asunción de responsabilidades" remitidos para "la obtención de consecuencias penitenciarias", no son "equiparables a la petición expresa de perdón", "ni con la reparación efectiva del daño (en cantidades no meramente simbólicas ni irrisorias)", "ni con el categórico rechazo a los postulados terroristas".

Por todo ello, la Sala decidía revocar los autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que flexibilizaban la condena de aquel etarra. Así lo decretaba la juez "por la ausencia de solicitud de perdón a las concretas víctimas".

El "nuevo tiempo político" al que hace referencia Ainhoa Barbarín Yurrebaso en su carta, se correspondería por tanto más con la voluntad del Gobierno de dar beneficios a los etarras, que a un cambio real de actitud de la izquierda abertzale, que ahora es socia del Gobierno. Un Ejecutivo que también ha decidido supeditar la prohibición de los homenajes a los terroristas -los ongi etorri-, a lo que decida la UE en materia de libertad de expresión para este tipo de casos.

Hasta ahora, la Justicia europea "exige que esas acciones o expresiones entrañen una situación de riesgo cierto para las personas o derechos de terceros y para el sistema de libertades" y, según el Gobierno, cuando se trata de organizaciones no activas, como ETA, "la Audiencia Nacional desde 2017 viene considerando que no existe ese riesgo cierto y, en consecuencia, procede a archivar las denuncias".