El presidente del sindicato ACAIP-UGT, José Ramón López, y el responsable nacional de CSIF en Prisiones, Jorge Vilas, se han encerrado esta misma mañana en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias con el fin de desbloquear las negociaciones con el Ministerio del Interior de las mejoras necesarias en las cárceles de toda España.
El encierro se ha producido a primera hora de este martes aprovechando la reunión de la mesa delegada. Ambos sindicatos han adoptado esta decisión como medida de presión para desbloquear las negociaciones con la administración.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, manifestó en multitud de ocasiones su compromiso con los trabajadores penitenciarios, declarando incluso en sede parlamentaria que cuando se hizo cargo del ministerio se encontró a los sindicatos encerrados y que había conseguido acabar con esta situación gracias a su gestión.
"Tres años después -aseguran los colectivos sindicales-, volvemos a encerrarnos para mostrar el hartazgo ante la situación generada por esta administración".
Ambas asociaciones entienden que Interior se ha mostrado "totalmente incompetente e inoperante para solucionar los problemas de la institución y mejorar las condiciones laborales de sus empleados públicos. Las relaciones entre trabajadores y administración se ha deteriorado de tal manera que hemos tenido que volver al punto de partida".
"Deriva" de Interior
El pasado 20 de septiembre, estas organizaciones sindicales declaraban un conflicto colectivo con la administración penitenciaria, solicitando la intermediación del ministro de Interior. Exigían el cese de los gestores de Instituciones Penitenciarias a causa de la, a su juicio, "mala fe" mostrada y la "deriva" de la institución.
Para ellos esa deriva se evidencia en "el aumento de graves incidentes" como el intento de homicidio de un jefe de servicios en Cuenca, una agresión sexual a una profesora en Jaén o una agresión a una funcionaria de Logroño que perdió dos dientes tras el ataque de un interno.
Para CSIF y Acaip resultaría imprescindible que se cumpliera el compromiso declarado ante los medios de comunicación, la sociedad y los trabajadores penitenciarios del Sr Marlaska. Quiere que se atiendan las reivindicaciones
del colectivo, con una retribución adecuada a las funciones que realizan y la reclasificación de centros. Quieren que se atienda por fin a su reclamación para que se les declare agentes de autoridad, blindándoles ante los internos.
Los sindicatos ACAIP-UGT y CSIF aseguran que permanecerán en conflicto y movilizándose hasta que exista el "compromiso público, firme y formal por parte del Ministerio del Interior de atender las justas reivindicaciones del personal penitenciario".
Filosofía en Prisiones
Esta noticia se conoce semanas después de las informaciones que ha ido publicando EL ESPAÑOL en las que se daba cuenta de la filosofía imperante en Instituciones Penitenciarias desde que Ángel Luis Ortiz, el número 1 de organismo, se encuentra al frente de la gestión de las cárceles. Esa política instaurada a su llegada aboga y promueve un reto principal que no es otro que el aumento de los terceros grados. Era algo a lo que Ortiz había hecho alusión en las últimas jornadas, celebrando que, durante su mandato, la cifra de terceros grados haya aumentado, y augurando que irá a más. "El reto es seguir avanzando en el número de internos en tercer grado, que actualmente supera los 8.000", manifestó hace unos días durante las XXIII Jornadas de Servicios de Orientación Penitenciaria.
Prisiones sigue reafirmándose, por tanto, en lo adecuado de su política, pese a la polémica desatada a raíz del caso del crimen de Lardero, en el que un menor de nueve años fue asfixiado, supuestamente, por Francisco Javier Almeida, ya condenado previamente por agresión sexual y asesinato, y en situación de semilibertad.
En contra del criterio de la Junta de Tratamiento de la cárcel, a Almeida, Instituciones Penitenciarias se le otorgó el tercer grado con un argumento despachado en sólo tres líneas en las que se aludía a la "existencia de cierta evolución positiva" del reo, sin justificar tal apreciación.
En poco más de tres años en el cargo, el secretario general de Instituciones Penitenciarias ha dejado bien clara su filosofía en las cárceles de toda España, que en gran parte consiste en lo que se denomina "justicia restaurativa". Con él, los funcionarios han pasado a sentir que están en el ojo del huracán, que las órdenes que se emiten desde las instancias superiores van más bien, tal y como denuncian los trabajadores, "en favor del reo que del trabajador". A "controlar al vigilante" más que "a tomar decisiones que ayuden al colectivo".
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