Tras el desgaste y la pérdida de su crédito al frente del Ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha afrontado su año más complicado de los tres que lleva como ministro. La oposición y la mayoría de las asociaciones del gremio lo dan por amortizado.

No ha habido polémica en su ministerio en la que no se viera involucrado él o su círculo más próximo. Por eso las asociaciones y los sindicatos policiales comprobaron con estupor a mediados de año cómo el titular del Ministerio del Interior sobrevivía a la remodelación de gobierno planteada por Pedro Sánchez.

Los continuos traslados de etarras a prisiones vascas, algunos de ellos con informes contrarios de las juntas de tratamiento de las prisiones, a cambio de los apoyos de EH Bildu. Las inservibles reuniones con las víctimas de ETA. La paupérrima gestión de la crisis migratoria del pasado invierno en Canarias. 

Las desavenencias con la ministra de Defensa, Margarita Robles. La falta de recursos para los agentes en la frontera de Ceuta durante la crisis migratoria del pasado mes de mayo. La fallida y aireada investigación sobre las amenazas con balas a distintos representantes políticos del Gobierno, enarboladas en plena campaña electoral. Sus palabras justificando la 'patada en la puerta' por parte de policías para disolver fiestas ilegales en domicilios durante el último estado de alarma (declarado inconstitucional).

Son solo algunos ejemplos, pero hay más: la cuestionada política penitenciaria de su secretario general, el tercer grado concedido al asesino del niño de Lardero en contra de la junta de la cárcel de Logroño, los pluses de productividad a cambio de terceros grados, la condena anticipada de la presunta agresión homófoba de Malasaña que luego resultó ser falsa, la negativa de ascenso a general a los ya defenestrados coroneles Manuel Sánchez Corbí y Diego Pérez de los Cobos, el apoyo a la subdirectora de la cárcel de Villena ("una verdadera funcionaria") cuando denunció falsamente haber sido agredida por varios subordinados a las puertas de su casa. Y así un largo e inabarcable etcétera.

Por no hablar de la mayor manifestación de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la historia. Por primera vez, unidos bajo un único mensaje, sin siglas, prácticamente la totalidad de asociaciones de la Guardia Civil y sindicatos de la Policía Nacional salió a la calle para protestar contra la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como 'Ley Mordaza'.

Todos esos frentes, criticados por la oposición, han ido poniéndole una y otra vez en entredicho. Marlaska incluso se salvó de la reprobación en el Congreso gracias a los votos de Bildu y de ERC. Y el desgaste ante la insatisfacción por su gestión a nivel político y funcionarial a su llegada al Ejecutivo -en junio de 2018- le convirtieron en un candidato claro a salir del Gobierno en la remodelación que Pedro Sánchez acometió el sábado 10 de julio.

El ministro, sin embargo, se salvó de la quema, a pesar de que -como reveló EL ESPAÑOL-, el presidente lo tenía en la lista de destituidos jornadas antes de emprender la transformación del Ejecutivo. Pero Sánchez no halló sustituto y eso le hizo conservar el puesto.

"Nos ha dejado tirados"

Para Pedro Carmona, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), el ministro "no puede hacer gala de su trabajar al frente del ministerio": "Los guardias no confían en él. Los ha dejado tirados y por lo tanto no puede seguir ni un minuto más al frente del ministerio".

"No ha estado a la altura de las circunstancias -prosigue-. No ha atendido nuestros requerimientos sobre la asignación de mejoras profesionales y económicas para nuestros compañeros de la España vaciada. No ha atendido al incremento de personal, medios e incentivos para denominar a Cádiz y Cataluña zonas de Especial Singularidad".

Los agentes sienten el "abandono" del Gobierno por la falta de apoyo en Cataluña al dejar que la "crispación social y política" recaiga sobre ellos y sus familias. "No ha habido voluntad por parte del ministro de llevar a la Guardia Civil al siglo XXI. Continuamos sin turnos de trabajo para poder conciliar vida profesional y familiar, sin complementos como el de territorialidad, nocturnidad o festividad".

Aarón Rivero, secretario general de Jupol, el mayoritario en el seno de la Policía Nacional, comenta a EL ESPAÑOL que, efectivamente, ha sido un año de reivindicaciones y movilizaciones contra el ministro y su política de gestión a todos los niveles.

Buen ejemplo de ello, la manifestación del pasado 27 de noviembre. "La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana ha sido planteada sin contar en ningún momento con los agentes. Es un ataque directo, nos deja a los pies de los caballos, sin medios y sin seguridad jurídica".

Precisamente, explica, la reforma de esta ley ha exhibido nuevamente la, a su juicio, "falta de comunicación" de Marlaska con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. "Desde su toma de posesión solo ha sido capaz de reunirse una vez con nosotros, el sindicato mayoritario en la Policía Nacional".

Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) se manifiesta en la misma línea, criticando el modo en que se ha permitido la salida de la Guardia Civil de Tráfico en Navarra. "Ha permitido que las policías autonómicas, mejor pagadas que el resto, estén siendo cada vez más fuertes y numerosas de nuevo en detrimento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Algo que sólo beneficia a los gobiernos autonómicos y no a los ciudadanos".

Ataques a la policía

Otros sindicatos como la Confederación Española de Policía (CEP) sostienen que muchas veces se han sentido indefensos ante los "ataques" de los socios de Gobierno del PSOE. "Pretenden arrojar la sombra de la sospecha sobre un colectivo objetivo, imparcial, profesional. Cuestionar eso de forma reiterada o haciendo alusiones colectivas a comportamientos poco éticos o delictivos de todo el Cuerpo no sólo deteriora la calidad de las instituciones y cuestiona nuestro trabajo". Marlaska, sostiene, ha dejado de ser "el escudo necesario cuando recibimos ataques injustos".

Al ministro no han dejado de salpicarle los escándalos. Quizá la más criticada ha sido su política de acercamiento de presos de ETA a las cárceles del País Vasco, a voluntad de EH Bildu, llegando a emplear los métodos más alarmantes. Como ya reveló EL ESPAÑOL, se llegaron a aceptar los informes redactados por una integrante de la extinta Batasuna, ilegalizada en 2003 como brazo político de la banda armada, para beneficiar a terroristas con delitos de sangre.

También un candidato de EH Bildu a las elecciones municipales de 2019 realizó informes psicológicos que Interior usa para acercar a etarras. He aquí tan solo algunos de los múltiples casos que componen la larga lista de polémicas del Ministerio del Interior durante este annus horribilis.

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