El Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una ley que pretende forzar a la Generalitat a cumplir con la cuota de un 25% de clases en castellano en todas las aulas, tal y como decretó el TSJC.
La ley aboga por la creación de un Cuerpo de Alta Inspección Educativa del Estado que, primero asegure que se cumple la pauta anterior y que, después, vele por los derechos educativos de los alumnos, garantizando así que puedan recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado en cualquier lugar del territorio.
La formación popular busca dar forma a un grupo de inspectores dependientes del Estado que puedan acceder a la escuelas, revisar currículos estudiantiles o libros de texto para cerciorarse de que se está recibiendo enseñanza en castellano.
Además, comprobarán que el material didáctico se adecua a las enseñanzas comunes; que éstas se imparten acorde a lo dispuesto por el ordenamiento estatal sobre las materias obligatorias básicas; y verificarán que los estudios cursados se adecuan a lo establecido en la legislación del Estado, a efectos de la expedición de títulos académicos y profesionales válidos en toda España.
La Ley de Alta Inspección Educativa, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, deberá encargarse de que "los centros educativos sean lugares de aprendizaje libres de adoctrinamientos", tal y como indica el grupo parlamentario popular en un comunicado en el que se explica que los inspectores gozarán de la consideración de autoridad pública y podrán actuar de oficio o por denuncia de particulares.
En caso de infracciones, informarán al Ministerio de Educación y propondrán actuaciones y si son constitutivas de delitos se lo comunicarán a la Fiscalía.
El cuerpo de inspección que el PP propone busca asegurar que la Generalitar aplica el porcentaje del 25% de castellano en las aulas catalanas, después de la decisión decretada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) , por la que todos los centros educativos deben dar un 25% en castellano.
El Parlament catalán aprobó que la Conselleria de Educación de la Generalitat asumiese "la plena responsabilidad política y jurídica en la instrucción y aplicación" de la inmersión lingüística en las escuelas catalanas.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha recalcado que "hay que actuar legislativamente desde el Parlament y reforzar los consensos". Para Aragonès, hay que "sacar los porcentajes e ir hacia un modelo en el que se garantice el uso del catalán como lengua vehicular en la enseñanza y el aprendizaje del catalán, del castellano y de terceras lenguas, especialmente el inglés".
Asimismo, el Gobierno alegó que no iba a pedir a las aulas de Cataluña el cumplimiento de dicho requerimiento, pues considera que eso es tarea del TSJC al implementar dicha normativa.
Según las ministras de Educación y de Justicia, Pilar Alegría y Pilar Llop, es el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) el que debe informar de la sentencia a la Generalitat y vigilar su cumplimiento.