El Ministerio de Sanidad ya ha encargado a los técnicos de la ponencia de Alertas y Emergencias un informe sobre la viabilidad del uso de mascarillas en exteriores una vez se ha ralentizado la curva de contagios de la sexta ola. Así lo han confirmado fuentes de la Consejería de Sanidad de Asturias, por lo que esta medida de contención tan criticada por los epidemiólogos podría tener sus días contados.
El consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz, ha explicado que, "tal y como está previsto", los expertos del Ministerio de Sanidad deben valorar en la ponencia de Alertas y Emergencias si es adecuado o no llevar esta protección en lugares al aire libre y, tras discernir su viabilidad, remitir sus conclusiones al Comité de Salud Pública que se convoca semanalmente.
El informe será de similares características al que utilizó la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando en pleno incremento de los contagios y a las puertas de las Navidades decidieron recobrar las mascarillas al aire libre.
La medida fue muy criticada por grupos políticos y expertos en epidemias que pedían base científica para sus decisiones. La ministra, tal y como reiteró este pasado martes en el Congreso y el miércoles en la rueda de prensa del Consejo Interterritorial, se remitió al informe "de los técnicos del Ministerio de Sanidad" que en ningún momento ha sido publicado.
Concretamente, para defender su medida, el Ministerio hacía referencia a dos documentos de 15 páginas, no firmados, donde figura la fecha del 25 de marzo y del 7 de mayo de 2021 con un apartado relativo al uso de mascarilla y que son parecidos a los que se usaron para eliminarlas.
Así las cosas, y según el Ministerio de Sanidad, los datos científicos que se manejaron con fecha 22 de diciembre de 2021 para imponer la mascarilla en exteriores son los mismos que se manejaban en marzo y en mayo de 2021.
Comunidades díscolas
La decisión se ha tomado después de que varias comunidades de diferente signo político (como Castilla-La Mancha, Madrid o Cataluña) hayan solicitado al Ministerio eliminar esta medida tras la aprobación del Real Decreto que las mantiene el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados.
Estas tres comunidades, junto con algunas otras gobernadas por el PP como Castilla y León o Galicia, han liderado la reclamación de volver a eliminarlas. Un 'enfrentamiento' que ha llegado hasta el propio Consejo Interterritorial donde varias regiones lo han reclamado.
Según ha explicado la Comunidad de Madrid en declaraciones a este medio, ellos mismos han reiterado su discrepancia al uso obligatorio de la mascarilla en exteriores "cuando no se den aglomeraciones y se pueda mantener la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros entre personas".
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha subrayado que esta medida carece de base científica para su implantación y que es totalmente contrario a la convalidación del Real Decreto.
"Nuestra postura sigue siendo la misma cuando salió esa medida entendíamos que para determinadas situaciones no era necesario y seguimos exactamente en el mismo posicionamiento", ha reiterado.
"Más cerca de modularse"
La ministra es consciente de estos posicionamientos y por eso en la rueda de prensa de este miércoles ha reiterado que se trata de algo "estrictamente temporal" y que, como España está en "el camino adecuado"con una "tendencia descendente" de los casos, está "más cerca" de modularse su uso.
Con todo esto, Darias también ha encontrado apoyos en el Interterritorial. De manera pública, Comunidad Valenciana, Cantabria, Andalucía y País Vasco han reivindicado la medida contra la pandemia del Covid-19 como algo "positivo".
Estén a favor o en contra su postura no valdrá de mucho. El Real Decreto que se aprobó el martes en el Congreso deja bien claro que será el Gobierno de España (previa consulta del Interterritorial) el que decidirá si se elimina la mascarilla en exteriores o no. Es decir, las CCAA no tendrán un voto decisivo, sino que serán informadas y escuchadas al respecto sin tener la última palabra.
Este fue uno de los aspectos que más disgustaba a algunos partidos como los independentistas. De hecho, el PNV negoció que al tramitarse el Real Decreto como decreto ley se hicieran vinculantes las decisiones del Consejo Interterritorial. De esta forma, se podrían tomar decisiones diferentes para distintas comunidades y que en una sí fuera obligatorio usar mascarilla y en la otra no.