La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha aflorado una supuesta trama de corrupción en la Comunidad Valenciana. Los agentes creen que el ex conseller de Industria y Comercio, el popular Fernando Castelló, cobró alrededor de 150.000 euros en presuntas comisiones a cambio de ejercer de conseguidor de contratos con Administraciones públicas valencianas para la empresa Elecnor.
Es la última revelación de la Guardia Civil en las diligencias abiertas para determinar si el expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, dirigía una supuesta trama corrupta. El juzgado ha acordado prorrogar la instrucción seis meses más, precisamente para profundizar en esta línea de investigación.
Según apunta la información a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, los agentes han concluido en un nuevo análisis que la firma energética Elecnor, que ya figura como persona jurídica investigada en el procedimiento, pagó 150.000 euros a una sociedad familiar que Castelló fundó tras su etapa de diputado del PP en el Congreso, Inversiones y Servicios Gesfyan.
Ahora, los agentes han solicitado a la jueza que amplíe las diligencias y pida más información a las administraciones bajo sospecha, en su mayoría ayuntamientos de la provincia de Castellón gobernados por el PP en el momento en el que se produjeron los hechos.
Empresa familiar
En Gesyfan también figuraban su mujer y una hija, según el sumario. Pese a que no tenía actividad aparente, cobró en cuatro pagos 150.000 euros de Elecnor. No existe ningún trabajo que justifique la prestación del servicio, según apuntan fuentes de la investigación.
La pruebas practicadas en los últimos meses han constatado que Elecnor pagó este dinero al margen de la contabilidad habitual de la empresa, pues procedía de una caja fija para gastos diarios. Una testigo confirmó que la operación erainusual.
Los ayuntamientos que la UCO investiga son Onda, Nules, Burriana, Peñíscola, Alcalà de Xivert, La Vilavella, la Autoridad Portuaria de Castellón, además de la Diputación. A partir de ahora, se podría formar una pieza separada sobre estos hechos para que la instrucción sea dirigida por un juzgado de la provincia de Castellón.
Castelló fue conseller de Industria y Comercio de la Generalitat, diputado nacional del PP por la provincia de Castellón hasta 2004 y secretario de Estado de la Seguridad Social en el Gobierno de José María Aznar, cuando Eduardo Zaplana era ministro de Trabajo. Entre 1995 y 1999, fue presidente del grupo popular de las Cortes Valencianas y en la actualidad es consultor de empresas, según indica su perfil en LinkedIn.
"La consultoría estratégica es el médico de los negocios", afirma Castelló para atraer empresas. Se dedica a "ayudar a emprendedores y profesionales a mejorar, consolidar y hacer crecer sus negocios".
¿Cómo? Pues "mediante un análisis del negocio se elabora un diagnóstico para conocer los problemas y las debilidades que le afectan. Se elaboran los Planes de Acción para superarlos y se acompaña en su ejecución". Castelló fundó esta consultoría en noviembre de 2021, hace cuatro meses, en plena investigación del caso Erial.
Caso Erial
En el caso Erial, que inició en 2015 el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, se investiga el pago en 2005 y 2006 de supuestas comisiones por importe de 6,4 millones de euros por parte del grupo empresarial Sedesa, de la familia Cotino, como contraprestación a las adjudicaciones del servicio de ITV y del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana.
El dinero fue recibido por una sociedad radicada en Luxemburgo, Imison International, que estaría vinculada a Zaplana, según la Guardia Civil.
El exministro y expresidente de la Comunidad Valenciana, que estuvo en prisión preventiva durante nueve meses, ha defendido siempre que "ni tiene, ni ha tenido, activos o fondos fuera de España" y tampoco intervino en las adjudicaciones que se investigan.
Su defensa ha insistido en ello en las últimas semanas, asegurando que los últimos informes son "un nuevo reciclado del mismo material ya reutilizado en anteriores informes, que se basa en sospechas, conjeturas y presunciones".
Seguridad Nuclear
Toda la vida política de Fernando Castelló ha estado vinculada a la energía. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, tuvo un "papel activo" en 2002 para obtener beneficios económicos de la concesión del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana (PECV), afirma la Guardia Civil en sus informes
Vinculado al sector zaplanista y del PP de Carlos Fabra, entre 2008 y 2011 también fueron presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, un organismo público de la Generalitat Valenciana creado para preservar el funcionamiento competitivo de los mercados y garantizar la existencia de una competencia efectiva. Esta entidad fue extinguida tras las elecciones autonómicas de 2011.
A partir de ahí, entre 2012 y 2019, formó parte del Consejo de Seguridad Nuclear, el organismo regulador español de las instalaciones nucleares y radiactivas. Durante siete años formó parte de la entidad. En julio de 2020, la UCO registró su vivienda en busca de pruebas tras aparecer su nombre en los documentos intervenidos durante la primera fase de la operación, desarrollada en 2018.