El 1 de octubre de 2017 el bloque de viviendas de protección oficial del número 57 de la calle Perú de Gandía, en el barrio de Corea, fue el escenario de una riña entre clanes que acabó con un fallecido y cinco heridos por arma blanca y golpes con objetos contundentes.
Allí se instalaron Los Chatos, un conocido clan familiar de Valencia, tras reventar las puertas y ocupar varias viviendas. Sobre las 13.30 horas de aquel día, mientras se sucedían los altercados en Cataluña por el referéndum ilegal, tres hermanos de entre 25 y 38 años, miembros de una familia llamada Los Frasquitos, una organización rival, acudieron a bordo de un BMW al bloque ocupado por los Chatos. El resto es violencia extrema y muerte.
El edificio Lima, un bloque de 79 viviendas de protección oficial levantado sobre suelo público, se encuentra al norte de la ciudad de Gandía, junto a un instituto de secundaria por donde pasan centenares de adolescentes cada día. Lleva años abandonado y ocupado ilegalmente después de que la actual ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, alcaldesa de Gandía entre 2015 y 2021, impidiera el paso de una comitiva judicial en un desahucio y provocara un efecto llamada, según han concluido los tribunales.
Eran viviendas en régimen de alquiler para personas mayores, discapacitadas o menores de 35 años. Hoy es un foco de delincuencia y tráfico de drogas. La última vez que el Ayuntamiento inspeccionó el edificio fue en 2016, un año antes de que se produjera la pelea entre clanes rivales. EL ESPAÑOL ha tenido acceso a las imágenes del interior que constatan su deterioro y abandono. Es la primera vez que un medio de comunicación las publica.
Interior del edificio Lima de Gandía.
Las fotos las tomaron técnicos municipales y forman parte de los dos procesos judiciales que comprometen la gestión de Morant por alentar la ocupación del edificio tras impedir un desahucio en junio de 2015, siempre según los tribunales.
Estado del edificio Lima de Gandía.
Los funcionarios acudieron al bloque escoltados por la Policía Local ante el riesgo de que se produjeran altercados. "Nadie puede acceder allí", afirman vecinos consultados por este periódico. El PP ha pedido una comisión de investigación para depurar responsabilidades.
Los antecedentes
Este proyecto lo impulsó en 2007 José Manuel Orengo, exalcalde socialista, y se estableció una concesión de 50 años a favor de una empresa. El concurso lo ganó Inmobles Reunits de Catarroja SL y durante años, tanto con el PSOE o el PP en la Alcaldía, se prestó el servicio sin problemas.
Gandía, uno de los bastiones de los socialistas en Valencia bajo el control del entorno del presidente de la Generalitat Ximo Puig, estuvo gobernada por el PP entre 2011 y 2015. Diana Morant logró recuperar el Ayuntamiento con el apoyo de una coalición en la que está integrada Compromís, Podemos y Esquerra Unida. Unas semanas después de prometer el cargo, la actual ministra se personó en el edificio VPO acompañada de los medios de comunicación para impedir el paso de una comitiva judicial.
El desalojo, "que las propias autoridades municipales habían impedido, en un ejercicio de demagogia ilícito", impidió "la legítima actuación de la autoridad judicial en detrimento de la concesión, y de los bienes públicos, en concreto el edificio de protección", ha dicho la Justicia.
A partir de ahí, el equipo de Morant se desentendió y el edificio quedó abandonado a su suerte. Los servicios jurídicos municipales pretendían cargar a la concesionaria todos los gastos y perjuicios causados, pero la Justicia ha anulado las resoluciones y señala al Ayuntamiento de Gandía como responsable.
De momento, el consistorio ya ha abonado 2,5 millones de euros de dinero público y la promotora exige más de 17 millones por el "lucro cesante". Además, ha pedido que se abra expediente de responsabilidad patrimonial para que la ministra haga frente a los gastos con su patrimonio.
Inspección y asesinato
Unos meses después de que Morant parara el lanzamiento, el 10 de marzo de 2016, la Policía Local de Gandía alertó al jefe del área de Urbanismo de que se estaban produciendo ocupaciones ilegales, entre ellas las protagonizadas por el clan de los Chatos.
Los agentes denunciaron que, de las 79 viviendas, 56 se encontraban ocupadas "de manera irregular". En 13 viviendas "no se pudo verificar si se encontraban ocupadas y vacías" y solo 10 tenían "contrato de alquiler", según recoge la documentación a la que ha tenido acceso este periódico.
Bloque Lima de Gandía.
Siete días después, el 17 de marzo, acudieron los técnicos municipales "escoltados por agentes de la Policía Local de Gandía". Una vez en el interior, se encuentran desperfectos y deficiencias, como puertas forzadas, ventanas rotas, sumideros obstruidos o basura y desperdicios en las zonas comunes.
Interior del edificio público ocupado en Gandía.
Los contadores de agua estaban manipulados y en varias viviendas desaparecieron muebles de cocina, extractores y diversos mecanismos eléctricos. Las casas ocupadas estaban llenas "de basura, ropa y desperdicios por el suelo", y "con conexiones eléctricas con cables vistos por fachada".
Una de las viviendas ocupadas.
En el garaje, los técnicos confirmaron que se había producido "una manipulación de cuadros eléctricos" y faltaba la "máquina de extracción de humos". Las puertas de los trasteros también estaban forzadas y las paredes llenas de humedad "por fugas en la red de saneamiento y/o fontanería".
Cuadros eléctricos manipulados.
El informe con el expediente de fotografías se entregó a Morant. Como el Ayuntamiento no se hacía responsable, la concesionaria recurrió a los tribunales hasta que ha conseguido amparo. Entre tanto, el edificio siguió deteriorándose y atrayendo a bandas de delincuencia.
En octubre de 2017 se produce el asesinato, tras una batalla campal de los Chatos contra los Fresquitos. Los Chatos ocupaban varias viviendas junto al patriarca de la familia. Aquel 1 de octubre de 2017, Antonio Gómez Moreno, miembro de este clan, murió asesinado. La investigación de la Fiscalía constató que durante la pelea se emplearon, al menos, una hoz, un cuchillo jamonero de grandes dimensiones y un bate.
El juicio se celebró en la Audiencia de Valencia en mayo de 2021 en un ambiente de máxima seguridad y tensión. Un cordón policial sin precedentes, con agentes antidisturbios y armados, se desplegó en la sala para garantizar la seguridad de las sesiones.
Los Fresquitos argumentaron que ese día fueron a buscar a los Chatos "para hablar como hombres", pues denunciaron que estaban siendo extorsionados y amenazados por uno de los hijos del fallecido. En cambio, los Chatos mantuvieron que fueron a matarles y que se defendieron con lo que encontraron en el edificio municipal ocupado.
"Intenté ayudar a mi padre, pensé que ninguno saldría vivo de allí", declaró el hijo en el juicio. El caso se cerró con condenas elevadas para los acusados. La sentencia es firme porque no se ha presentado recurso, según informaron fuentes del entorno de los clanes.
Causa y efecto
El edificio sigue abandonado. Según han concluido los tribunales, existe "una relación causal entre la actuación de la alcaldesa y la quiebra de la gestión de la concesión, relación causal que quedaba de manifiesto en el efecto inmediato de impagos y ocupación delictiva del edificio, que tenía reflejo no solo en el aludido testimonio sino también en todos los informes emitidos por la policía local y los distintos servicios municipales".
En este sentido, la promotora que ganó la concesión "carecía de medios para desalojar a los ocupantes ilegales, desalojo que las propias autoridades habían impedido al obstruir la legítima actuación de la autoridad judicial, por lo que no le eran imputables a la concesionaria los desperfectos que se le reclamaban, al haber sido el Ayuntamiento quien había impedido a ésta la ejecución normal de la explotación".
Hasta ahora, este asunto se ha abordado exclusivamente por la vía contenciosa para, primero, anular las instrucciones que dio el Ayuntamiento de Gandía para rescatar la contrata sin indemnización y cargar a la promotora los gastos derivados por la ocupación de viviendas.
A partir de que se haya resuelto con sentencias firmes esta vía, la promotora ya ha instado al Ayuntamiento "la inmediata y urgente apertura del citado procedimiento de responsabilidad, ya sea civil o penal, que deberá dirigirse respecto a Diana Morant". El escrito se presentó el pasado mes de enero.
La ministra ha defendido su actuación y asegura que solo acompañó a una madre y una hija de dos años cuando "estaban sufriendo un momento tan difícil como es un desahucio", y que su intención fue "aportarles de una manera inmediata una alternativa habitacional", porque "así se daba cumplimiento al fallo judicial".
Mientras, el Ayuntamiento ha anunciado que seguirá adelante con nuevos pleitos para reducir al mínimo las indemnizaciones.
No obstante, ha empezado hacer frente a las indemnizaciones millonarias después de que la letrada titular de la asesoría jurídica de Gandía, Isabel Santapau, firmara una resolución en la que señala al servicio de Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento como responsable de cumplir las sentencias y, por tanto, los pagos.