"Los presos de ETA se ahorrarán 375 años de cárcel": las víctimas, contra el plan de Marlaska

Hace tiempo que las víctimas de la banda terrorista ETA desconfían tanto del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como de los planes del Gobierno con los etarras que continúan en prisión. Por eso están convencidos de que, pese a las constantes negativas oficiales, el plan de excarcelación de los presos de la banda continuará con nuevos beneficios. 

Los datos recabados por las víctimas han sido plasmados en un informe. El documento asegura que hasta 48 etarras verán reducida su condena si el Gobierno culmina la reforma legal que, según sostienen, está desarrollando. En concreto, los planes del Ejecutivo pasarían por la modificación de la Ley Orgánica 7/2014 que impide que los etarras puedan descontar en España los años de condena que cumplieron en otro país de la Unión Europea.

Esto resulta de gran importancia, puesto que muchos de los reos cumplen su pena en cárceles españolas después de haber pasado antes por presidios de otros países como Francia, en los que también cometieron delitos y por los que tuvieron que responder en su día. 

Desde la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) denuncian esta y otras maniobras destinadas a modificar el marco legislativo en beneficio de los terroristas: "Siempre están destinadas a acortar la estancia en prisión de este tipo de presos y a facilitarles el acceso al tercer grado o a la libertad condicional".

Analizando caso por caso, según la AVT, los miembros de la banda que todavía siguen en prisión  pueden ahorrarse "un total de 375 años de cárcel".

Siete excarcelaciones

Si se cumplen los pronósticos de las víctimas, de los 185 etarras encarcelados todavía en España, 48 se verían directamente beneficiados. Siete de ellos abandonarían al instante sus celdas, y saldrían a la calle. Tres más lo harían este mismo año, y el resto en fechas próximas. 

Además de ellos, otros siete presos etarras que cumplen condena en Francia la verían sensiblemente acortada una vez liquidasen allí su pena y tuvieran causas pendientes en España. Las penas a descontar irían desde los 23 años que le restan por cumplir al etarra Félix Alberto López de Lacalle, alias 'Mobutu', a los 3 de Xabier Zabalo. De media se descontarían 7,8 años por cada preso.

El sentimiento de las víctimas, tras la experiencia de los tres últimos años con Marlaska al frente de Interior, es de desazón por la estrategia penitenciaria. Es así hasta tal punto de que ya no creen la promesa de que no se producirá ninguna modificación legislativa para que las condenas cumplidas por los etarras en Francia sean descontadas de las que les resten por cumplir en España.

"Este Gobierno nos ha engañado, y nos ha engañado mucho", dice Maite Araluce, presidenta de la AVT. "Nos engañó cuando por boca de su ministro nos aseguró que no acercaría al País Vasco a ningún etarra con delitos de sangre. Han acercado a todos los presos. La mitad ya duermen en cárceles del País Vasco. Han dado la competencia de Prisiones al Gobierno vasco, que ya nos ha reconocido esta semana que tiene terceros grados encima de la mesa", añade.

Movilizaciones

Por este motivo, la asociación anuncia ya que convocará próximamente una manifestación al considerar que los "siguientes pasos" del Gobierno, una vez transferidas las competencias de Instituciones Penitenciarias al Ejecutivo vasco, irán encaminados a derogar el límite máximo de cumplimiento de prisión de los etarras, cifra situada a día de hoy en los 40 años, y de que puedan descontarse los años de cárcel cumplidos en Francia.

Esa modificación ha sido desmentida desde la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, aclarando que el Gobierno sí tiene previsto acometer esta modificación, pero con el objetivo solo de trasponer una directiva de la UE sobre el intercambio de antecedentes penales.

"Nos mienten y nos engañan como siempre. Las víctimas estamos hartas, dolidas, hundidas y pisoteadas por un Gobierno que no para de engañarnos, ningunearnos y utilizarnos como moneda de cambio. Hemos llegado al límite", insiste Araluce.

Mientras la senda a seguir desde Interior es la del acercamiento de presos y el traspaso de las competencias para que sea el Gobierno Vasco el que gestione la estancia en prisión de los etarras, las víctimas siguen buscando justicia. Ahora se afanan para que se juzgue y se condene no solo a los autores materiales de los atentados, sino también a los líderes de la banda que los ordenaban.

El último de estos casos se ha conocido esta semana, cuando el juez Alejandro Abascal, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, admitió a trámite la querella interpuesta por la asociación de víctimas Dignidad y Justicia contra cuatro miembros que formaban parte de la cúpula de ETA cuando se cometió el atentado en la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas, en 2006. Entre ellos está José Antonio Urruticoextxea, alias Josu Ternera.