El juzgado de Instrucción 15 de Valencia ha citado como imputados -ahora, investigados- a seis cargos de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y a dos trabajadores de un centro de menores por el presunto caso de abusos por el que finalmente fue condenado el exmarido de la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra.
Los investigados son citados por su implicación y gestión en la tramitación de la denuncia que presentó la menor, en ese momento tutelada por la Administración valenciana. La líder de Compromís era la responsable de la Conselleria cuando se produjeron los hechos. La intención es aclarar si supuestamente abandonaron o dejaron desprotegida a la menor que fue víctima de abusos sexuales.
Según ha avanzado el diario Las Provincias, entre las personas investigadas destaca Isabel Serra, directora territorial de la Conselleria de Igualdad en Valencia; y dos trabajadores del colegio Niño Jesús, el centro en el que trabajaba Eduardo Ramírez, exmarido de Oltra, y el lugar donde se produjeron los abusos. En total, son ocho las personas imputadas.
La Sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ordenó en diciembre que se reabriera la investigación judicial contra trabajadores del departamento de Igualdad.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ratificó la sentencia a Ramírez de cinco años de prisión. En esta se consideraba probado que había abusado de la menor tutelada que residía en el centro en el que trabajaba como educador social.
La víctima, que entonces tenía 14 años y ahora ya es mayor de edad, presentaba el pasado 18 de mayo una denuncia contra la directora territorial de Valencia de la Consellería de Igualdad, la directora del centro de acogida, la psicóloga de la sección del menor de la dirección territorial y una funcionaria de la misma Conselleria que instruyó un expediente interno.
A estas personas se las investigará por supuesto delito de abandono y omisión de los deberes de guardia y custodia, han aclarado fuentes judiciales.
Febrero de 2017
Una niña de 14 años de edad, bajo la tutela de la Generalitat, "puso en conocimiento de las responsables del centro donde estaba acogida que estaba siendo objeto de abusos sexuales por parte de un educador del centro".
En la denuncia, esta joven expuso que responsables del centro de acogida, psicólogas, funcionarias y altos cargos de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas "tuvieron conocimiento de los abusos en febrero de 2017 y durante varios meses omitieron su deber de denunciar”.
El relato de la Audiencia señala el calvario que sufrió a partir de ahí. "En lugar de ello, victimizaron a la niña, desacreditándola mediante argumentos ad hominen y ataques personales", indican. Y así pasaron meses, hasta que en junio de ese mismo año, "cuando la niña contó a la Policía que estaba siendo abusada, intentaron que no le dieran crédito y realizaron una especie de investigación parajudicial de la que no informaron a la Fiscalía de Menores con el único propósito de desactivar la denuncia".
El auto de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia añadía que, "para ello, derivaron a la niña tutelada a un centro psicológico privado que elaboró un informe ad hoc; ocultaron esa 'información reservada' durante dos años y la destaparon a los pocos días de terminar el juicio".
En este punto subrayaba que "aplicaron un protocolo de abusos que elaboró ex post el propio abusador de acuerdo con la directora del centro y permitieron que durante todos esos meses abusador y víctima convivieran en el mismo centro".
La Fiscalía de Valencia ha pedido que la investigación quedara bloqueada hasta que la sentencia de abusos contra el exmarido de Oltra fuese firme. La denuncia la presentó la víctima y José Luis Roberto, líder del partido ultra España 2000, ha asumido la dirección letrada.