Los abusos sexuales del exmarido de Mónica Oltra a una niña de 13 años en el internado donde trabajó

Cuando la chica de 13 años no cumplía las normas del centro donde estaba internada, la mandaban a dormir a la habitación de castigo. Una pieza separada del resto de los internos, donde nadie podía ver ni escuchar. Por las noches, cuando ella se quedaba allí a solas, entraba a hurtadillas uno de los educadores. Él la tranquilizaba, la mimaba, la tocaba, la masajeaba para que ella se relajase. Cuando por fin se quedaba dormida, él se bajaba los pantalones, agarraba la mano de la niña y se masturbaba con ella. Pensaba el cuidador que la chica no se daba cuenta. Ella, en realidad, era consciente en todo momento. Pero estaba demasiado aterrada como para protestar. Se dejaba hacer.

El educador es Luis Eduardo Ramírez Icardi, un monitor de origen argentino que fue marido de la política valenciana Mónica Oltra. De hecho, cuando acontecieron los hechos, seguían casados y ella estaba al cargo de la Conselleria de Bienestar Social. Aunque ella ahora rechace ahondar en este asunto, lo cierto es que el tribunal que ha condenado a Ramírez Icardi ha admitido que la posición política de Oltra influyó en las reticencias de la víctima a denunciar. Eran personajes demasiado influyentes y nadie la iba a creer.

La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a Ramírez Icardi a cinco años de prisión por un abuso sexual continuado a una menor. Unos hechos que tuvieron lugar hace tres años y cuyo proceso judicial se ha demorado más de lo esperado y ha estado envuelto en polémica: el juez recriminando a la Conselleria de Oltra su forma de proceder en este caso; la directora del centro divagando en sus declaraciones en sede judicial, sin haberle preguntado nunca a la niña por los abusos; una psicóloga que atendió a la víctima pero que reconocía que no entendía mucho del tema y ni siquiera redactó un informe. Y un escándalo: la víctima, menor de edad, declarando esposada en sede judicial.

Una vida tutelada

El Niño Jesús es un colegio católico situado en el norte de Valencia. Allí hay muchos casos de niños internos, tutelados, como el de la víctima de esta historia. Una chica que a principios de 2016, cuando empezó su calvario, tenía solo 13 años. Procedente de una familia desestructurada, llevaba toda la vida tutelada, pasando de centro en centro. Y aunque el colegio en el que se produjeron las violaciones es un centro privado, el bienestar de la menor sí que era responsabilidad del Gobierno valenciano, porque la tutela era de la Generalitat.

En el Niño Jesús coincidió con Luis Eduardo Ramírez Icardi, un cuidador argentino que rebasaba los cincuenta. Un tipo influyente, según se comentaba intramuros en el internado. Era un secreto a voces que estaba casado con Mónica Oltra, una de las políticas más mediáticas de la Comunidad Valenciana. La vicepresidenta de Valencia ya ocupaba en aquel tiempo un puesto de responsabilidad en este asunto: la Conselleria de Políticas Inclusivas. Es decir: tenía a su cargo, curiosamente, la cartera que se encarga de gestionar estos casos.

Luis Eduardo Ramírez y Mónica Oltra eran de sobra conocidos en toda Valencia. Un matrimonio bien avenido, al menos de puertas para afuera. Ambos fueron a Etiopía a adoptar a sus vástagos. Y aunque ahora dice Oltra que cuando sucedieron los abusos sexuales ellos dos ya no mantenían relación marital, lo cierto es que todavía seguían casados y conviviendo en la misma casa.

Callar por vergüenza

Los abusos sexuales de Luis Eduardo a la alumna de 13 años empezaron a principios de 2016 y se prolongaron hasta 2017, de ahí que la Audiencia de Valencia le haya impuesto una condena por abusos continuados. Una sentencia que considera probado que la niña "fingía dormir ante la vergüenza de la situación". Cada noche de castigo, Ramírez Icardi entraba en la habitación y, con la excusa de tranquilizarla y masajearle la cabeza, se masturbaba con su mano. Ni siquiera los masajes entran dentro del protocolo de actuación del centro cuando toca calmar a un interno. Ejercicios de relajación, infusiones, charlas… pero nunca un masaje.

Es esta vergüenza de la que habla la sentencia la que llevó a la niña guardar silencio ante los abusos. La chica no lo contó a la dirección porque temía que nadie le fuese a creer. Un personaje influyente con su esposa mandando en la Consejería. Había poco que hacer más allá de aguantar unos abusos que sufrió durante un largo año.

Sí que se lo dijo, sin embargo, a su entorno más próximo. A un par de amigas íntimas y a su novio, que fue el que más empeño puso en llegar hasta el fondo de la situación. De hecho, el joven se plantó un día en el internado para pedirle explicaciones a Ramírez Icardi. Él, recoge la sentencia, no lo negó de forma vehemente.

En el centro fueron varios los educadores que se enteraron del asunto. Pero no formalizaron una denuncia, que tardó meses en presentarse y vino casi por casualidad: la niña, rebelde por naturaleza, se fugaba del centro en numerosas ocasiones y acababa siendo devuelta al mismo por los agentes de policía de turno que salían en su busca. Fue en una de esas fugas cuando dos agentes le preguntaron por qué se fugaba. Ella les confesó los hechos. Ese fue el germen de la denuncia. De ahí pasó al ministerio público y a la Conselleria dirigida por Mónica Oltra.

Superioridad y miedo

Sin embargo, desde el Gobierno valenciano no se hicieron las cosas bien. Lo asegura la propia sentencia, que afea el comportamiento de la directora del centro y de la Conselleria de Mónica Oltra. De hecho, advierten que se podía haber aplicado el agravante de superioridad, dada la posición de Ramírez Icardi con respecto a una niña tutelada. De haberse aceptado finalmente como agravante, la condena habría subido hasta los 6 años de prisión. "Sus miedos, su condición de víctima especialmente vulnerable, las edades de ambos y su rol como responsable en las instalaciones", dice la sentencia, resultaron fundamentales para que la adolescente mantuviera silencio desde el principio.

Por lo demás, el tribunal provincial da total validez al testimonio de la niña, de la que destacan que no ha incurrido en contradicciones en ningún momento. "No se nos antoja ninguna razón para dudar de ella", asegura la sentencia, que también descarta que la niña albergase algún tipo de animadversión contra Ramírez Icardi. Al contrario, reconoce probado que la relación entre ambos era buena. También reconoce el tribunal que el matrimonio del educador con una alto cargo de la Generalitat Valenciana era algo conocido por todos en el centro, y que ello supone una dificultad añadida a la hora de denunciar.

La Audiencia reprocha la actuación del centro de menores. En la vista oral, la propia directora del centro tuvo que ser advertida, porque su intervención fue confusa, estaba “divagando” y no contestaba a las preguntas que se le formulaban. Asimismo, la sentencia recoge que le fueron comunicados los abusos, no tomó cartas en el asunto. No movió un dedo. Mantuvo una entrevista con la víctima, pero ni siquiera le preguntó por los presuntos abusos sexuales.

El silencio de Oltra

Del mismo modo que atacan la praxis del centro, hacen lo propio con la administración valenciana. El caso llegó a la Conselleria de Mónica Oltra por mediación del Comité Antisida, la entidad que gestiona el dinero que el padre de la adolescente le daba a su hija. Una trabajadora de este centro fue la que puso el caso en conocimiento del Gobierno valenciano. Pero el inmovilismo fue la respuesta administrativa de Oltra. La prueba está en la actuación de la psicóloga a la que pusieron a investigar el caso. Una mujer que admitió que no era experta en la detección de este tipo de delitos y ni siquiera elaboró un informe. Hizo una diligencia, un análisis de menor entidad. Resulta relevante para los magistrados que omitiera la pregunta de los abusos sexuales cuando hizo la entrevista a la víctima. Tampoco lo puso en conocimiento de la Fiscalía de Menores.

Y mientras Mónica Oltra hacía la vista gorda en el caso de los abusos sexuales que protagonizaba su marido, actuaba con contundencia en otros casos similares. Le llegaron indicios de que se podían estar cometiendo una serie de abuso en otro centro tutelado de Segorbe (Castellón). Oltra ordenó su cierre y la posterior reubicación de los internos. Del mismo modo, facilitó en uno de los plenos del Govern los datos del educador que presuntamente había cometido los abusos. Finalmente fue absuelto por la justicia, pero el daño ya estaba hecho. Tuvo que abandonar su puesto de trabajo y hasta su residencia.

“He perdido mi empleo. He perdido mi piso. Hace dos años que dejé el Centro de La Resurrección de Segorbe, me ha tocado irme a otro municipio. He pasado muchas penurias”, protestó en una carta que dirigió a Mónica Oltra y en la que anunciaba una querella contra la vicepresidenta. Su vida cambió para siempre, debido a la mano dura que aplicó Mónica Oltra con su caso; la misma de la que adoleció en el caso de su marido.

Culpa al protocolo

¿Por qué este doble rasero? Mónica Oltra compareció en noviembre ante los medios y argumentó que “en un centro privatizado, la gestión del personal no depende de la conselleria”. Se escuda además en el relato del protocolo: asegura la vicepresidenta valenciana que hasta fue a partir de septiembre de 2017 cuando cambió el protocolo que ordenaba informar de inmediato a la Fiscalía de Menores, pero que el caso que protagonizó su exmarido fue comunicado antes de dicho cambio.

No es la primera vez que a Oltra se le achaca esta diferencia de criterio. La política de Compromís fue una de las voces políticas más activas a la hora de denunciar unos presuntos casos de abusos a menores que se habrían producido a finales de los 80 en un bar de carretera de Benicarló llamado Bar España. Oltra fue muy beligerante en este supuesto suceso y prometió que si llegaba al poder lo investigaría a fondo. No obstante, el caso ya estaba más que investigado y fue resuelto con condenas a los denunciantes por denuncia falsa. El Caso Bar España fue un gran bulo sobre abusos a menores y Oltra le dio toda la credibilidad. En el Caso Segorbe, más de lo mismo, a pesar de que el educador resultó absuelto. En el caso de su marido, silencio y entorpecimiento.

Por si fuese poco escándalo, la víctima tuvo que declarar esposada durante la vista oral. La misma juez protestó por la presencia de grilletes. Los policías aseguraron que hacían esto por el riesgo de fuga de la menor, que huía de forma habitual. Sin embargo, la magistrada de la sala ordenó que se le retirasen e investigará si se han vulnerado algunos protocolos en este caso, pidiendo del mismo modo su revisión para próximas actuaciones.

Por el momento, la única certeza es que Luis Eduardo Ramírez Icardi ha sido condenado a 5 años de prisión, que la jueza considera probados los abusos continuados, así como la falta de colaboración tanto por parte del centro como de la Conselleria de Oltra. De hecho, desde el estamento siguen peleando para poder exculpar a Ramírez Icardi. Y es que todavía cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, y desde la consellería que preside Oltra han remitido un informe exculpatorio de los abusos que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas descubrió tras el juicio, tal y como adelantó Las Provincias. Un dossier que la jueza no admitió al haber llegado tarde y no haber sido analizado. El TSJV sí lo podrá evaluar.

Mónica Oltra se ha mostrado siempre contundente contra los presuntos casos de abusos a niños, salvo el que ha implicado a su exmarido. Pero ha sido el único que ha resultado culpable. Luis Eduardo Ramírez Icardi. Un hombre que no reconoció los hechos, que lamentaba las acusaciones y que lo que más temía era “que no le dejasen volver a trabajar con niños”, a pesar de que una sentencia considera probado que él, por las noches, se colaba en la habitación de la niña castigada y se masturbaba con su mano.