En noviembre de 2020 el ministro de Sanidad, Salvador Illa, prometió que el Gobierno y las Comunidades Autónomas se someterían a una "auditoría independiente" para evaluar su gestión de la pandemia de la Covid-19.
Un mes después, en diciembre, tras una petición del Partido Popular, se acordó que el Tribunal de Cuentas elaborara seis informes en los que se analizara cómo se llevaron a cabo las adquisiciones de material sanitario bajo la modalidad de emergencia de la Administración General, las Comunidades Autónomas y los municipios de más población.
Pues bien, ninguna de las investigaciones, ni la del Ministerio ni la del Tribunal de Cuentas ha dado resultados aún, más de un año después.
Todo esto ocurre en un momento en el que la gestión de la primera ola de la Covid-19 (tanto por parte del Ejecutivo como de los gobiernos autonómicos) ha vuelto a estar de actualidad por la guerra interna del PP y el cobro que el hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso recibió por gestionar la compra de mascarillas de una empresa contratada por la Comunidad de Madrid.
Otros países como Italia o Austria han evaluado la toma de decisiones en los momentos más críticos de la primera ola, incluida la gestión y compra del material de protección, como las mascarillas.
El proyecto de Illa en esa misma dirección se paralizó y, en septiembre de 2021, la actual ministra de Sanidad, Carolina Darias, lo reactivó nombrado a cuatro expertos para que liderarán los grupos de trabajo. Todos ellos se dieron cuatro meses para elaborar un primer borrador. El plazo se cumplió a finales de enero, pero todavía no hay rastro de dicho estudio.
Fuentes del Ministerio de Sanidad han confirmado a EL ESPAÑOL que "el grupo de trabajo está llevando a cabo diferentes reuniones y se está trabajando en ello"; evitando dar una fecha para la publicación del documento.
La adquisición de material de protección se precipitó en un primer momento por los problemas de desabastecimiento y el Ministerio de Sanidad tampoco fue ajeno a la polémica… Prueba de ello es la petición realizada por el Partido Popular en el mes de mayo de 2020 para que el Tribunal de Cuentas auditara sus compras.
Pero, aunque el máximo órgano fiscalizador se puso de plazo el año 2021 para hacer un informe, han pasado los meses y no se conocen resultados al respecto. Así pues, ni la auditoría independiente liderada por expertos de gestión sanitaria e investigadores, ni la encargada al Tribunal de Cuentas han dado sus frutos, cuando nos acercamos al segundo aniversario del primer estado de alarma.
Cuatro expertos
Las directrices técnicas para la elaboración del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas se aprobaron en el pleno celebrado el 25 de febrero de 2021. En el caso del grupo de expertos del Ministerio, ha pasado más de un año y medio desde que lo anunció Salvador Illa y cinco meses desde que Carolina Darias puso a trabajar a un grupo de expertos para elaborar un borrador inicial. Tanto por la parte administrativa como por la de la gestión de una pandemia, las CCAA insisten en la "necesidad" de que se aligeren ambos trabajos.
De hecho, fue la propia comunidad científica la que propuso a Salvador Illa la idea de auditar la gestión de la pandemia de la Covid-19 durante la primera ola. Illa se comprometió a ello, pero la campaña de vacunación y las sucesivas olas epidemiológicas retrasaron su puesta en marcha.
Según confirman fuentes autonómicas a este diario, se sabe poco de los esbozos preliminares del proyecto que lideran los cuatro expertos designados en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
El equipo lo componen Fernando Rodríguez Artalejo, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid; Rosa Urbanos Garrido, una autoridad en Economía de la Salud y quien fuera primera directora del Observatorio del Sistema Nacional de Salud; Carmen Pérez Romero, presidenta de la Asociación de Economía de la Salud; y Xurxo Hervada Vidal, experto en Epidemiología.