La alto cargo imputada por tapar los abusos a una menor tutelada por parte del exmarido de Mónica Otra, Isabel Serra, ha declarado este lunes en sede judicial que encargó el informe que desautorizaba el testimonio de la víctima siguiendo instrucciones de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.
Según han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes presentes en el interrogatorio, Serra, directora territorial en Valencia en el momento en el que se produjeron los hechos, ha tratado de justificar su actuación cuando la conselleria conocía que el asunto del exmarido de la vicepresidenta ya estaba judicializado.
En este sentido, ha mantenido que se reprodujo un expediente administrativo en paralelo al proceso penal por indicación de la directora general de Infancia y Adolescencia de la Conselleria de Igualdad, Rosa Molero. La Fiscalía se ha interesado especialmente por la confección de este expediente durante el interrogatorio.
Tras estas revelaciones, han subrayado estas fuentes, el juez instructor ha preguntado si "estaba apuntando hacia arriba o abajo" con su declaración por imprecisa. Serra se ha limitado a responder que siguió las indicaciones que le trasladaban, pues "querían informarse". La exdirectora territorial ha reiterado que la Generalitat Valenciana actuó como hace siempre en estos casos.
Serra sale de la Ciudad de la Justicia junto a su abogado.
El primer relato de la menor sobre los abusos se produjo en febrero de 2017 y se comunicó a la dirección del centro de menores poco después. Pero Serra ha asegurado al juez que no tuvo conocimiento hasta agosto.
Primeras declaraciones
La Justicia ha iniciado la investigación penal que determinará si el departamento que dirige la vicepresidenta valenciana y líder de Compromís, Mónica Oltra, ocultó el caso de abusos sexuales a una menor tutelada por el que ha acabado condenado su exmarido, Luis Eduardo Ramírez, a cinco años de prisión. Este lunes ha empezado la primera ronda de interrogatorios con las declaraciones de tres imputadas.
Las declaraciones han arrancado a las cinco de la tarde y se han prolongado hasta pasadas las diez de la noche. Serra ha sido la última en prestar declaración y la Fiscalía se ha interesado por el "detalle de las comunicaciones" que recibió la conselleria durante la confección del informe interno, han apuntado estas fuentes.
Serra fue candidata a concejal en 2019 por Compromís en Xàtiva (Valencia) y forma parte del partido fundado por Mónica Oltra, Iniciativa, el socio minoritario de Compromís. Antes, en 2007, estuvo afiliada a Izquierda Unida. La exalto cargo ha rechazado realizar declaraciones a los medios de comunicación que esperaban en los juzgados.
Este lunes también han acudido ante el juez la directora del centro de acogida de menores donde residía la víctima y ocurrieron los hechos, así como la psicóloga de esta institución.
La directora del centro en el que ocurrieron los hechos.
Según ha explicado en la Ciudad de la Justicia de Valencia Marta Castro, vicesecretaria jurídica de Vox, partido personado como acusación popular en esta causa, ambas "han expuesto el procedimiento que siguieron desde el momento que tuvieron conocimiento y han mantenido que no ofrecieron la credibilidad a la menor tutelada para poder comunicar a la Fiscalía" los abusos.
Castro se ha preguntado por qué las responsables del centro "tomaron esa decisión sin haber otras autoridades que ni siquiera conociesen los hechos". La directora del centro ha declarado que "sabía que el educador era el marido de Mónica Oltra en ese momento", ha afirmado. En cambio, Serra no ha podido precisar cuándo se enteró de que el supuesto autor era la pareja de la vicepresidenta.
Denuncia inicial
El juzgado ha abierto esta investigación tras una denuncia y una querella por supuesto encubrimiento de los abusos sexuales sufridos por la menor, representada en el procedimiento judicial por el líder del partido ultra España 2000, José Luis Roberto. En un primero momento, el juez archivó las diligencias y la Fiscalía se sumó a la decisión al considerar que, al no ser firme la sentencia de los abusos por estar pendiente de un recurso en el Tribunal Supremo, no era el momento de acordar las citaciones.
En cambio, la Audiencia de Valencia anuló la decisión y pidió al juez que iniciara las pesquisas sin más dilaciones. El tribunal concluyó que los trabajadores de la Administración valenciana “victimizaron a la niña, desacreditándola mediante argumentos ad hominen y ataques personales” con la investigación paralela. Vox se ha sumado como acusación popular.
Desde que se conocieron las imputaciones, Oltra ha defendido el trabajo realizado por su conselleria. Asegura que la denuncia responde a "una cacería política de la extrema derecha" que cree que "no tendrá ningún recorrido". Por ello, ha reprochado al PP, muy crítico con su gestión, "ir a rebufo" de la extrema derecha en este asunto sin "importarles manchar el nombre de funcionarias públicas porque no tienen proyecto".
En las últimas semanas, la dirigente valenciana ha insistido en que se trata de "una querella de la extrema derecha" y es "importante saberlo porque determina lo que está detrás". Al respecto, subrayó que en las Cortes Valencianas ha dado todas las explicaciones y "cada explicación ha tenido un papel detrás".