Un descuido de la directora territorial de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en la provincia de Castellón, Carmen Fenollosa, ha comprometido el relato que hasta ahora ha mantenido la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, sobre cómo se enteró de la investigación contra su exmarido, Luis Eduardo Ramírez, por abusos sexuales a una menor tutelada.
Según han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras del interrogatorio, Fenollosa ha entregado al juzgado un expediente con documentos para rearmar su defensa. Entre los papeles ha aparecido una notificación del juzgado que comunica formalmente a la Conselleria de Igualdad las medidas cautelares tomadas contra Ramirez en 2017, entre ellas, una orden de alejamiento respecto a la menor.
Ese auto se dictó el 27 de julio de 2017 y este jueves se ha confirmado que ese mismo día llegó por registro de entrada a la conselleria. Pero Mónica Oltra afirmó en su comparecencia en las Cortes Valencianas que tuvo conocimiento de los hechos una semana después, el 4 de agosto, tras llegar a su casa una notificación del juzgado por su relación con el abusador.
La conselleria siempre ha mantenido que no conocía esta información. Tal ha sido el asombro en la sala ante esta revelación, incluida la propia investigada, que el instructor del caso, el juez Vicente Ríos, le ha preguntado si nadie de la conselleria trasladó a Oltra esta información. Sobre todo, teniendo en cuenta que las medidas buscaban la protección de una menor tutelada y el denunciado era en ese momento su marido, han añadido estas fuentes.
A partir de aquí, la defensa de la directora general se ha ido desvaneciendo mientras el interés del juez por la comunicación ha ido en aumento. La sensación que se ha extendido entre los presentes es que la defensa no conocía que ese auto figuraba entre los aportados al juez.
Según estas fuentes, Fenollar ha convertido su declaración en un alegato político a favor de Oltra. Hasta tal punto, que el instructor le ha reprochado que estaba haciendo la defensa de personas que no están citadas a declarar, en referencia a la líder de Compromís.
Este hecho puede cambiar mucho las cosas, pues complica la defensa de varios de los investigados, admiten fuentes conocedoras del caso. La conselleria siempre ha defendido que no recibió dicha notificación, es su principal justificación para defender la investigación interna que la Audiencia de Valencia llegó a calificar de "parajudicial".
Las fechas
El primer relato de la menor sobre los abusos se produjo en febrero de 2017 y se comunicó a la dirección del centro de menores donde residía poco después. La denuncia ante Fiscalía no llegó hasta cuatro meses después -ya en junio de 2017- y porque la menor se lo comunicó a la Policía.
Este jueves se ha confirmado que la notificación del auto de medidas cautelares llegó por registro de entrada a la conselleria el 27 de julio y, según dijo Oltra en las Cortes Valencianas, a su casa una semana después, el 4 de agosto.
A partir de aquí, conselleria monta una investigación paralela a la judicial, que incluía hasta entrevistas o la práctica de una pericial sin ponerse en contacto con el juzgado. La conselleria no da ninguna credibilidad a la víctima y afirma que padece problemas de salud mental y está en tratamiento por TDH. El último de los informes lleva fecha de diciembre de 2017.
La sentencia que condenó al exmarido criticó "la hostilidad con que se describe a la menor" cuando se "alude a la información que extrae sobre la misma de la prueba documental, olvidando que era una niña de 14 años presuntamente abusada".
En las próximas semanas, el juez finalizará esta primera ronda de interrogatorios. Hasta ahora, la mayoría de investigados han descargado la responsabilidad en sus superiores o en el personal técnico. La actual directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero, es una de las señaladas por encargar la elaboración del expediente confidencial. Por el momento, no ha sido citada a declarar.
De los interrogatorios practicados en los últimos días se desprenden multitud de irregularidades en la confección y preparación de dicha información interna. No obstante, según precisaron fuentes judiciales, la investigación deberá determinar si estas conductas encajan en un tipo penal y son suficientes para continuar con el caso abierto.