Botón del pánico, traslados y más videovigilancia: así es la no nata ley contra las agresiones a sanitarios

Las agresiones a profesionales sanitarios se han disparado durante la pandemia de la Covid-19. La saturación del sistema hospitalario ha puesto contra las cuerdas a los médicos y enfermeros que, pese a los preocupantes datos (7 de cada 10 enfermeras denuncia haber sufrido una agresión en el último año), no están protegidos por una legislación nacional.

En 2019, el Sindicato de Enfermería (Satse) elaboró una ley estatal que contempla más de 50 medidas y actuaciones concretas para hacer frente "de manera conjunta, coordinada y eficaz" a la violencia física y verbal que sufren todos los profesionales sanitarios. Ley que han presentado a comunidades autónomas, partidos de todo signo político y Gobierno. ¿La respuesta? Una negativa de todos ellos.

Así lo confirman fuentes cercanas al sindicato que ha elaborado la norma con motivo del Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios, que se celebra este 12 de marzo. El objetivo de la ley, principalmente, es hacer frente a los empujones, insultos, golpes y amenazas de una manera única en toda España.

Entre las medidas de carácter estructural que refleja la ley a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL está la de generalizar los sistemas de videovigilancia durante las 24 horas en los pasillos y en las salas de espera e instalar "botones del pánico". Dispositivos sonoros de alarma en las consultas que el sanitario activa cuando se ve amenazado por un paciente y que le ponen en contacto, directamente, con efectivos de los Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o la seguridad privada del propio centro.

Es la adaptación (salvando las distancias) de un botón de alarma en un banco. Cuando el sanitario se encuentra en su despacho frente a un paciente que le intenta amedrentar, agredir físicamente o insultar, lo activa.

Historia clínica

La reincidencia entre los agresores es cada vez más común por la impunidad de sus actos. Por eso, el sindicato también propone que la historia clínica de cada paciente refleje si ha agredido a un profesional sanitario en su comunidad autónoma o en otra.

De esta forma, y ante sujetos más agresivos, los profesionales sanitarios podrían tomar medidas previas como estar acompañados por agentes en casos de visitas domiciliarias.

Uno de los principales problemas que se da en el sector sanitario es la falta de denuncia por parte del profesional. Satse también contempla eso en su ley y propone que exista un servicio específico encargado de prestar apoyo psicológico a la víctima que haga funciones como tramitar directamente con el Ministerio Fiscal la denuncia.

En muchos casos, el profesional agredido debe quedarse en el centro de salud en el que le han pegado o insultado, lo que le obliga a volver a atender a su agresor. Ante esos dilemas, el sindicato solicita que el profesional sanitario pueda pedir un traslado de su centro, si lo desea.

Para ello, la ley hace obligatorio que el servicio autonómico de salud correspondiente se persone como acusación particular en las causas penales abiertas, y que la víctima de un caso probado de violencia sanitaria "pueda solicitar el traslado a una plaza o puesto en distinto centro, servicio o unidad".

Médicos

Otro colectivo que está muy concienciado con la lucha contra las agresiones son los médicos. Tanto CESM, principal sindicato de la profesión médica, como la OMC, su órgano colegial, han denunciado estos días los reiterados ataques que sufren como colectivo. 

En el caso del Consejo General de Médicos, han presentado los datos del Observatorio Contra las Agresiones de la Organización Médica Colegial. El estudio, que intenta poner de manifiesto la "lacra" de las agresiones a sanitarios, ha reflejado que 2021 ha sido el segundo año con más número de ataques, solo por detrás de 2019 (677).

Concretamente, se registraron un total de 612 agresiones, 171 más que el año anterior, lo que sitúa la cifra total desde 2011 en 5.649 agresiones y dispara esta violencia contra los médicos al 39%, la segunda mayor por detrás de la de 2019. 

Desde CESM, por su parte, han defendido la urgente necesidad de "garantizar que los profesionales sanitarios puedan ejercer su labor en las condiciones idóneas, sin riesgo de agresiones de ningún tipo". 

En este sentido, han exigido tanto a la Administración central como a las autonómicas, "que aporten todos los recursos materiales y humanos necesarios para acabar con esta enorme lacra que deteriora de manera inexorable el Sistema Nacional de Salud". 

"Las consecuencias del crecimiento de las agresiones son nefastas para el desarrollo de la labor asistencial más allá de los propios efectos que padecen los profesionales, ya que contribuye, entre otras cosas, al burn-out profesional, al aumento de patología de diversa índole entre los medios y a un aumento de la medicina defensiva, que a su vez incrementa los costes del sistema sanitario", han denunciado.