El Consejo de Europa censura a España por incumplir todas las recomendaciones para combatir la corrupción

El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) ha publicado este martes un informe de cumplimiento en el que evalúa por primera vez los avances de España en la puesta en práctica de las 19 recomendaciones que se le dirigieron en 2019 sobre prevención de la corrupción y promoción de la integridad en la administración central y los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

La nota que los evaluadores del GRECO ponen al Gobierno de Pedro Sánchez es un suspenso claro. España no ha aplicado completamente ninguna de estas 19 recomendaciones. Siete se han implementado parcialmente y las doce restantes se han incumplido por completo, señala el dictamen de este órgano, cuya función es ayudar a identificar deficiencias en las políticas nacionales anticorrupción e impulsar las reformas necesarias para corregirlas.

Por lo que se refiere al Gobierno Central, el GRECO reconoce que ha habido avances "prometedores" en el marco del IV Plan de Gobierno Abierto (2020-2024), en particular, en materia de transparencia, integridad y rendición de cuentas en el sector público en toda la línea, así como el desarrollo de una estrategia anticorrupción más estratégico y global.

No obstante, el informe reclama prestar más atención a los "riesgos específicos" en materia de corrupción y conflictos de interés de las personas encargadas de funciones ejecutivas superiores, incluidos los asesores políticos.

El órgano anticorrupción del Consejo de Europa celebra que España haya reforzado el papel de asesoramiento y supervisión de la Oficina de Conflictos de Interés (OCI). No obstante, reclama ampliar todavía más tanto los poderes como los recursos económicos y humanos tanto de la OCI como del Consejo de Transparencia y el Buen Gobierno, con el fin de que lo que dice la legislación se traslade a la práctica.

El GRECO pide también aumentar la transparencia sobre la información financiera de personas con funciones ejecutivas superiores, exigiendo un mayor desglose en sus declaraciones de intereses sobre activos, empleo complementario y pasivos. Además, el Gobierno de España todavía tiene que regular el papel de los grupos de presión y reformar el aforamiento de los miembros del Gobierno, resalta el informe.

En cuanto a las fuerzas de seguridad, la evaluación señala que el nivel de cumplimiento de las recomendaciones anticorrupción es "decepcionante". En su comunicación con el Consejo de Europa, las autoridades españolas se han limitado a reiterar las reglas que ya estaban vigentes en 2019, ignorando así por completo las aportaciones del informe GRECO de ese año.

La Guardia Civil ha avanzado en la regulación de cuestiones éticas (aunque todavía no se ha materializado en la práctica) y en el desarrollo de normas más detalladas sobre los procesos relacionados con la carrera. En particular, los sistemas de evaluación, los procedimientos de nombramiento y los incentivos al rendimiento. El GRECO también reconoce "algunos avances valiosos" para promover la igualdad de género, tanto en la Policía como en la Guardia Civil.

No obstante, el órgano anticorrupción "deplora particularmente la ausencia de cualquier otra mejora concreta y fáctica realizada por la Policía". "Esta es una oportunidad perdida para establecer una infraestructura de ética integral, proactiva y efectiva dentro de la fuerza", dice el informe.

"No se ha avanzado en la Policía Nacional y la Guardia Civil en el desarrollo de una estrategia anticorrupción, reforzando los procesos de investigación y revisando los procedimientos de denuncia; ni en el desarrollo de una regulación más específica sobre los riesgos de conflictos de interés en el servicio y tras el empleo. Tampoco se ha avanzado en la reevaluación de las cuotas de entrada de los descendientes de la Guardia Civil", prosigue el GRECO.

El órgano anticorrupción del Consejo de Europa reclama por ello a las fuerzas de seguridad que "tomen medidas tangibles, comprometidas y exhaustivas para cumplir con las recomendaciones, como un tema prioritario y sin demora". Además, el GRECO pide a las autoridades españolas información adicional sobre la puesta en práctica de las recomendaciones pendientes antes del 31 de marzo de 2023.