El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha anunciado este domingo que el CNI se someterá a un "control interno, a petición de este mismo organismo", para analizar el caso Pegasus.
Así se ha pronunciado tras su reunión en Barcelona con la consellera de Presidència catalana, Laura Vilagrà Pons, para abordar el supuesto espionaje a 63 miembros de la órbita independentista denunciado por la revista The New Yorker. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, también abrirá una investigación al respecto, con la "plena" colaboración de los servicios de inteligencia españoles.
El ministro también ha anunciado que urgirá a "todos" los grupos políticos a convocar "de manera inmediata" la comisión de Secretos Oficiales en el Congreso de los Diputados, con el fin de que comparezca en ella la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban López, y aporte documentación y las conclusiones de su informe de control interno.
Esta comisión, encargada de controlar los fondos reservados y la actividad del CNI, lleva tres años sin reunirse, desde el 3 de marzo de 2019. La negativa de PP, Vox y Ciudadanos a la presencia de los portavoces de ERC y Bildu ha provocado su largo bloqueo.
El PSOE, en reiteradas ocasiones —durante estos 36 meses que los servicios secretos españoles han estado sin control parlamentario— ha anunciado su intención de reactivarla, sin llegar a encauzar ninguna estrategia. Orgánicamente, el Centro Nacional de Inteligencia depende del Ministerio de la Presidencia, encabezado por Bolaños.
"Lo importante es que se constituya cuanto antes la comisión de Secretos Oficiales", ha dicho el ministro este domingo, descartando entrar al detalle de las vías para hacerlo y tras confirmar que el Ejecutivo "ya ha tenido contactos" con los diversos grupos parlamentarios. Pero sí ha indicado que en ella, "deberán estar representadas todas las fuerzas políticas, sin excepción".
"Insuficientes"
El Partido Popular, en palabras de su portavoz Cuca Gamarra, también apuntó este viernes a dicha comisión como "el ámbito correspondiente" para que el Ejecutivo "dé las explicaciones oportunas" y "despeje el asunto". Se trata del único foro que se celebra en la Cámara Baja a puerta cerrada y al que los periodistas tienen vetado el acceso, dada la condición de materia reservada de los asuntos que allí se tratan.
Asimismo, el Gobierno ha trasladado a la Generalitat su "voluntad inequívoca de que se esclarezcan los hechos" y la de "desclasificar documentación para esclarecer los hechos en sede judicial", si fuese necesario.
Preguntado durante su rueda de prensa por la posibilidad de anunciar dimisiones —el independentismo pide que rueden cabezas—, el ministro de Presidencia ha esquivado responder: "Aún estamos analizando los hechos".
"Las instituciones en nuestro país actúan y actuarán siempre dentro de la legalidad, respetando los derechos fundamentales y sometidas a control judicial", ha subrayado el ministro, tras "comprender" la "preocupación y la inquietud de las personas que se han visto sometidas a estas informaciones". Según ha manifestado, durante su reunión con la consejera catalana, le ha trasladado que "nuestra democracia es garantista y ha protegido los derechos de sus ciudadanos, piensen como piensen".
Bolaños también ha ensalzado la labor del CNI: "Los servicios de inteligencia actúan para salvar vidas. Y lo hacen en silencio, cada día (...), con las garantías de un Estado de Derecho, con la máxima legalidad en las actuaciones". La consellera Vilagrà, por su parte, ha tachado de "insuficientes" los anuncios y de "vagas" e "inconcretas" las explicaciones de Bolaños. Y amenaza con "consecuencias graves" si no hay ceses.
'Caso Pegasus'
Hace una semana, la revista estadounidense The New Yorker reveló que el programa Pegasus había sido usado para espiar los teléfonos móviles de hasta 63 líderes independentistas. El asunto ha tensionado las relaciones entre el Govern catalán y la Moncloa y ha favorecido, a su vez, cierta cohesión del independentismo, que ha denunciado dentro y fuera de España esta "trama criminal" de espionaje, en palabras del expresident Carles Puigdemont, otra de las supuestas víctimas.
La lista de damnificados también incluiría a su antecesor en el cargo, Artur Mas, y a sus dos sucesores, Quim Torra y Pere Aragonès. Por su parte, el ministro del Interior negó este jueves que España haya comprado el programa Pegasus. "Ni Interior, ni la Policía Nacional, ni la Guardia Civil han tenido nunca relación alguna con la empresa NSO y, por tanto, nunca han contratado ninguno de sus servicios", aseguró el viernes Fernando Grande-Marlaska. Defensa también ha negado las acusaciones.
Este software espía, desarrollado por NSO Group y vendido a los Estados, sí ha sido utilizado por varios servicios de Inteligencia para rastrear a activistas y políticos. De esta aplicación ya se tuvo noticia en España hace dos años, cuando se reveló que el teléfono móvil de Roger Torrent, entonces presidente del Parlament catalán, había sido infectado por ese programa.
De acuerdo con la New Yorker, este último también fue víctima del Pegasus, así como su sucesora en la presidencia del Parlament, Laura Borràs.
El medio también citó a representantes de las entidades Òmnium Cultural, de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y familiares o amigos vinculados a líderes políticos. Y a otros destacados nombres del entorno político independentista como Albano Dante Fachin (exdiputado del Parlament), Arnaldo Otegi (secretario general de EH Bildu), el abogado Gonzalo Boye, letrado de Puidemont y Torra, Elsa Artadi (candidata de Junts al Ayuntamiento de Barcelona), Ernest Maragall (líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona) o Ferran Bel (diputado del PDeCAT en el Congreso de los Diputados).