El activista y exmilitar Mohamed Benhalima, de 32 años de edad, deportado hace mes y medio por el Ministerio del Interior, acaba de ser condenado a pena de muerte por Argelia, el país al que fue expulsado desde España.
Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL a través de Amnistía Internacional, se va a adoptar una “medida de urgencia” desde las delegaciones de España y Túnez. A Benhalima le pedían 10 años en el procedimiento penal, que llevaba un tribunal ordinario. Sin embargo, ha sido un tribunal militar el que ha dictado la pena de muerte.
Eduardo Gómez, uno de los abogados del joven, confirma la sentencia a este periódico y asegura que se conoció "hace unos días, pero se dictó en ausencia, cuando él estaba fuera de Argelia". Tal y como ha denunciado su madre en redes sociales, la justicia argelina acaba de dictar sentencia aplicándole la pena capital.
El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska le denegó la petición de asilo tras mantenerlo retenido durante varias jornadas en Valencia. Había solicitado protección internacional en España, sin éxito. Esto ocurrió hace 52 días. En aquel entonces se encontraba en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores en Valencia por estancia irregular en el país. El joven fue deportado pese a haber pedido asilo político.
Ahora, ante la trágica novedad, desde Interior declinan responder, asegurando a este periódico que "no hacemos comentarios" sobre el caso. El letrado del joven activista puntualiza también que Argelia "lleva años sin ejecutar a nadie, aunque haya sentencias a muerte". La familia sigue esperando la sentencia. Denuncian que la información les llega "a cuentagotas", y que la resolución judicial "puede tardar semanas" en que les sea facilitada.
El hombre estaba condenado a 10 años de cárcel en Argelia por participar en las protestas populares del movimiento Hirak y denunciar corrupción en el ejército, tal y como denunció Amnistía Internacional.
Según informó a EL ESPAÑOL la plataforma CIES No, Amnistía Internacional llegó a documentar que "al menos cuatro activistas han sufrido tortura y otros malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad argelinas en los últimos tres años por su participación en el Hirak".
Esta organización alertó de que si Benhalima era expulsado a Argelia, esto suponía con alta probabilidad que sería detenido e ingresado en una prisión de máxima seguridad, en la que se han detectado durante años casos de maltrato y torturas a los reclusos.
Por eso afirmaban que la deportación del militar resultaba una vulneración del derecho internacional, el cual establece que no es posible tomar una medida de esas características contra alguien que corre un peligro así en su tierra natal.
Amnistía Internacional relató que el militar y activista había publicado "en 2019 una serie de vídeos en redes que exponían la corrupción entre los altos cargos del Ejército. También participó en el movimiento de protesta Hirak, que pedía una reforma del sistema político".
"En ese momento le informaron que su nombre estaba en una lista de militares buscados y huyó a España", explicaban.
Decisión política
La organización denunció que "el Gobierno español parece tener mucha prisa por deportarlo". "Según el derecho internacional, nadie debe ser devuelto a un país en el que corra peligro de sufrir tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Deportar a Mohamed Benhlima representaría una grave violación de las obligaciones de España en virtud del derecho internacional de los derechos humanos", sostenían.
Por ello, Amnistía Internacional apelaba a una decisión política que frenase el proceso. Recogieron miles de firmas "para pedirle al ministro de Interior y al director general de la Policía que anulen inmediatamente la deportación". Marlaska no les escuchó.
CIES NO alertó de que Mohamed Benhalima podría correr la suerte del también activista Mohamed Abdellah. Ambos eran amigos. También argelino, también exmilitar, Abdellah se hizo también popular del mismo modo que el ahora condenado a muerte. Denunció en redes sociales la corrupción entre mandos militares de Argelia.
España le expulsó el pasado 21 de agosto. Ya al otro lado del Mediterráneo, fue condenado por revelación de secretos y vínculos terroristas.
Abdellah, tal y como recogen las asociaciones consultadas, denunció torturas en las prisiones del país. Cuando supo lo que le habían hecho a su amigo, Benhalima intentó huir de España a Francia, pero fue rechazado por ese país vecino. Luego intentó viajar a Portugal, pero las autoridades le interceptaron, lo enviaron al CIE, y desde allí fue posteriormente deportado.
Hace mes y medio que Amna Guellali, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, auguró lo que podría ocurrir en Argelia al exmilitar una vez lo trasladasen de vuelta: "Las autoridades españolas son muy conscientes del sombrío destino que le espera si lo deportan. En los últimos dos años, las autoridades argelinas han intensificado su descarada persecución de activistas en su intento de aplastar toda forma de disidencia".