El pasado 24 de marzo un grupo de policías sacó a Mohamed Benhalima del centro de internamiento de inmigrantes (CIE) de Zapadores (Valencia) para expulsarle a Argelia en un tiempo récord. “Nos avisaron apenas una hora antes. No teníamos margen para hacer absolutamente nada. Es más, a Mohamed le habían quitado el móvil dos días antes, de manera que él tampoco nos podía avisar”, denunció su abogado, Eduardo Gómez, en conversación telefónica con EL ESPAÑOL. Hoy, Benhalima está condenado a muerte en su país de origen.
Este hombre de 33 años es un exmilitar y activista argelino que pidió asilo político tras denunciar casos de corrupción en el seno del ejército de Argelia. Su expulsión coincidió con el enfriamiento de las relaciones diplomáticas con el país magrebí por el reconocimiento del Sáhara como territorio marroquí por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
Pero Benhalima no es el único. En agosto de 2021, ocurrió exactamente lo mismo con el también exmilitar Mohamed Abdellah, perseguido en Argelia por la misma razón que Benhalima. Su expulsión tuvo lugar en un momento en que el presidente de Argelia, Abdelmajid Tebboune, amenazaba con cerrar el Gasoducto Magreb-Europa (GME) debido a sus malas relaciones con Marruecos. Esa amenaza, también perjudicial para España, se materializó dos meses después de la expulsión de Abdellah.
¿Detención aleatoria?
A mediados del mes pasado, Mohamed Benhalina fue detenido en las calles de Zaragoza, donde vivía desde el año 2019 pidiendo asilo político. “Oficialmente, fue una detención aleatoria [a una persona sin papeles]. Otra cosa es que te lo creas o no. La versión oficial es que le vieron pinta de extranjero y le pidieron la documentación. Pero no sé si la realidad es esa u otra”, explica su abogado, perteneciente a la cooperativa Red Jurídica.
El 17 de marzo, Benhalima llegó al CIE Zapadores de Valencia. En ese momento, todos temieron lo peor. Amnistía Internacional y la plataforma CIES NO se lanzaron a reclamar al Gobierno que Benhalima no fuera extraditado a Argelia, un país donde se han documentado numerosos encarcelamientos a disidentes políticos, así como la tortura de presos.
De nada sirvió. El 24 de marzo a las 19:45 horas, un grupo indeterminado de policías le sacó del citado centro y ejecutó su deportación, por orden del ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska. No está del todo claro de dónde salió el avión que dejó a Benhalima en Argelia, ni cuántos agentes le llevaron, ni las explicaciones que le dieron. Planea sobre todo el proceso un enorme secretismo y muchas incógnitas. Ese mismo día se difundió el vídeo que figura sobre estas líneas, de su llegada a Argelia bajo una fuerte vigilancia.
Gómez acusa al Ministerio del Interior de actuar de forma “torticera” con Benhalima. “A nosotros nos avisan apenas una hora antes. La Policía nos dejó una hora de margen para preparar una solicitud de medidas cautelarísimas, llevarlas al juzgado y que el juez las resolviera. Era absolutamente imposible hacer nada y lo han hecho adrede”.
El CIE de Zapadores, en Valencia, donde fue internado Benhalima.
“Hasta donde yo sé, está en una carcel militar, pero no sabemos cuál”, afirma Gómez, su abogado español. “A Benhamila no le imputan ningún hecho concreto, tal y como pusimos en las alegaciones. Pedimos que nos dieran algún hecho concreto, algún dato o algo con fecha y consecuencias de porqué se le considera un peligro para la seguridad nacional. Nunca nos lo dieron. No nos han dado absolutamente ninguna prueba. En España no tiene nada: ni detenciones, ni antecedentes penales, ni nada”.
“En la incoación del expediente de expulsión dice que supone un peligro para la seguridad nacional de España sin que se acredite cuáles son los motivos, más allá de que es amigo de otra persona que deportaron en verano. Por lo visto, ese amigo tenía vínculos con un movimiento de oposición política en Argelia”. El amigo en cuestión es Mohamed Abdellah.
Quien no miró a otro lado
En la noche del domingo del 31 de octubre de 2021, el Gobierno de Argelia, ejecutó su amenaza de cerrar el Gasoducto Magreb-Europa, que pasaba por Marruecos y gracias al cual llegaban a Zahara de los Atunes (Cádiz) cerca de 11.000 millones de metros cúbicos de gas natural. Esta drástica decisión, fue tomada para castigar a su país vecino, Marruecos. De esta decisión también han salido muy perjudicados España y Portugal.
Algo más de dos meses antes de este episodio, España ejecutó la expulsión de Mohamed Abdellah, un exgendarme del ejército argelino que no miró hacia otro lado cuando vio en primera persona la sangrante corrupción de las fuerzas armadas de su país.
Tal y como relató en su canal de YouTube y su perfil de Facebook -donde suma 265.000 y 130.000 seguidores, respectivamente- Abdellah operaba las cámaras de vigilancia en la frontera con Túnez. En su experiencia, pudo constatar contrabando de armas y petróleo con el beneplácito de altos cargos del cuerpo al que pertenecía. Abdellah alzó la voz pero, en vez de tomar cartas en el asunto, sus superiores le invitaron a entrar en esa rueda de corrupción. Abdellah desertó y huyó a España en noviembre de 2018.
El activista y exmilitar Mohamed Abdellah.
“Empezó su militancia política, dando a conocer todo lo que había visto”, explica Laura Fernández, una de las abogadas que defiende al exmilitar en España. Durante casi tres años, el argelino vivió entre Vitoria y Alicante a la espera de que España le concediera asilo político. Llegó a recibir amenazas de presuntos agentes argelinos que le decían que nunca obtendría asilo. En 2020, logró grabarles y el vídeo que subió a las redes obtuvo más de cuatro millones de visitas.
Argelia le acusó de revelación de secretos, transgredir sus obligaciones castrenses, insultar a las Fuerzas Armadas, al presidente de la República y “pertenencia a organización terrorista”. La organización en cuestión es el movimiento Hirak (también llamado Rachad), de carácter islamista no violento y defensor del establecimiento de un Gobierno civil democrático -y no militar, como el actual- en Argelia. Numerosos activistas de Hirak viven repartidos por países europeos siendo perseguidos por su país de origen.
“Fue una expulsión política”
Abdellah fue detenido el 12 de agosto de 2021 cuando acudió a Vitoria a hacer un trámite administrativo. Una orden cursada por el Ministerio del Interior le llevó a un CIE. Abdellah desembarcó el 21 de agosto en el puerto de Ghazaouet, en el país magrebí.
A los pocos días de su desembarco, compareció ante un tribunal. La televisión argelina emitió su llegada a la audiencia. El activista y exmilitar iba esposado y escoltado por agentes de la brigada de investigación de la unidad policial antiterrorista, fue emitida por la televisión argelina. Distintas fuentes le sitúan actualmente en la prisión de Kolea, pero su defensa no puede confirmar este detalle.
“La expulsión se ejecutó super rápido. Fue una expulsión política claramente”, denuncia su abogada, que actualmente trabaja en un recurso contencioso administrativo por su expulsión y su denegación de asilo. A diferencia de la celeridad con la que se vivió la expulsión, el recurso de esta decisión sigue un ritmo lento, mucho más próximo cercano a la normalidad de la justicia española.
Los nombres de Abdellah y Benhalima se unen a los de Hussein Bachir Brahim o Mohamed Samraoui, otros dos activistas a los que España negó el asilo y devolvió a sus países (Marruecos y Argelia, respectivamente). Frente a eso, otros refugiados políticos de Latinoamérica —como el opositor venezolano Leopoldo López— gozan de carta blanca para residir en España.
Estas entregas, sin embargo, no parecen calmar los ánimos de Argelia, que amenaza ahora con subir los precios del gas natural en España. El viraje hacia Marruecos del Gobierno puede salirle a Pedro Sánchez más caro de lo que esperaba.