El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el ex militar argelino condenado.
Benhalima fue condenado a muerte por Argelia en 2020, dos años antes de que Interior le extraditara
El entorno del exmilitar argelino apunta al Gobierno: "Tenían todos los elementos sobre la mesa para inferir que esto podía pasar".
15 mayo, 2022 02:40Noticias relacionadas
La sentencia con la que un tribunal militar de Argelia condenó a pena de muerte al activista y exsoldado Mohamed Benhalima fue dictada en 2020, dos años antes de que el Ministerio del Interior, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, le deportara a petición de las autoridades de ese país.
Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL con diversas fuentes próximas a la familia, al exmilitar de 32 años de edad todavía "no se le había notificado" la sentencia, ya que le condenaron en ausencia, cuando se hallaba huido de su país. En 2019 había partido en dirección a España, a donde llegó tras enterarse de que iban a ir a por él tras denunciar la corrupción en el seno de las fuerzas armadas de Argelia.
Tal y como reflejan fuentes próximas al joven a este diario, Benhalima tiene a día de hoy 19 procedimientos diferentes abiertos en Argelia, por supuestos delitos de tipo penal. Todos ellos en teoría se le atribuyen tras sus continuadas críticas a los dudosos comportamientos dentro del ejército argelino.
"Es una condena dictada en 2020 cuando ya había salido de Argelia, pero no se le notifica hasta hace unos días", asegura Adrián Vives, de la plataforma CIES NO, desde donde están en contacto permanente con la familia del chico.
La familia del joven y el círculo de asociaciones y colectivos que le apoyan creen que Interior y el Ministerio de Asuntos Exteriores pudieron haber cometido dos errores: "La pena de muerte está contemplada en la constitución argelina. Deberían haberse asegurado de que no había ninguna condena de ese tipo. Tenían todos los elementos sobre la mesa para inferir que esto podía pasar", aseguran las fuentes consultadas.
Por tanto, a ojos de la defensa de Benhalima, o bien el Gobierno conocía la pena que se le habían impuesto y siguió adelante con la deportación, o bien Argelia ocultó a España estos detalles a la hora de solicitar a las autoridades españolas que se lo entregasen. Ambas opciones, a juicio de estos colectivos y del entorno del activista y exmilitar, dejarían por los suelos la actuación tanto de Exteriores como de Interior.
Las dos hipótesis dejan a su juicio en mal lugar al Gobierno, tanto si el Ejecutivo conocía los hechos como si no logró enterarse de lo que realmente estaba pasando: que Argelia quería de vuelta al exmilitar condenado a muerte a cualquier precio.
Un nuevo escándalo
Se trata de un nuevo escándalo que atenaza al Gobierno y que se deriva de las complicadas relaciones diplomáticas, prácticamente en el alambre, que Moncloa mantiene en los últimos meses con Argelia y Marruecos, vecinos pero a su vez enemigos ancestrales entre sí.
El activista y exmilitar argelino Benhalima, en el CIE de Alicante.
EL ESPAÑOL ya reveló, a través de fuentes próximas al caso, que Interior estaba al tanto antes de deportarle por lo menos de que la fiscalía de Argelia solicitaba para él 10 años de prisión. También adelantó este periódico que Marlaska tomó la decisión de entregarle tan sólo cinco días después del enfado de Argelia, negando haber sido informada del viraje español respecto del Sáhara Occidental.
Todo ocurrió apenas unas jornadas más tarde de que Argelia llamase a consultas a su embajador en España, una vez Sánchez había hincado la rodilla, inclinándose claramente por la solución marroquí en el conflicto del Sáhara Occidental.
En ese momento, el Gobierno español ya era consciente de la persecución a Benhalima en Argelia, motivo que había causado su huida y su petición de asilo. La denegación de su solicitud llegó cuando asociaciones y abogados que respaldaban y defendían al joven habían alertado a Interior, durante el proceso, de que podría ser sometido a torturas en las prisiones de ese país.
Torturas
Hace más de 50 días, cuando aguardaban por la decisión de Moncloa, Amnistía Internacional (AI) pidió al Gobierno que no devolviera al activista a su país ante el riesgo de que pudiera sufrir torturas en prisión, tal y como llegaron a documentar que sucedió en episodios anteriores de otros exsoldados encarcelados en ese país.
"En estos momentos que ha sido condenado a muerte cabe asegurarse de que las autoridades de Argelia dan garantías de que en ningún caso será maltratado en las prisiones de su país y en ningún caso se efectuará ni se ejecutará la condena a muerte que en este momento pesa en su contra", aseguró, en declaraciones a la cadena SER, Alfonso López, portavoz en norte de África de Amnistía Internacional España.
Ante el escenario que se ha conformado en esta nueva encrucijada diplomática, el entorno del exmilitar vuelve a señalar a Interior y a Exteriores. "Por mucho que España no tuviera la información, estas condenas se siguen emitiendo desde los tribunales militares a miembros o exmiembros del ejército de Argelia. El error es entregar a una persona que teníamos documentado que podía sufrir maltrato y tortura. Conociendo todo eso, lo de la pena de muerte era un escalón más".
