Del CIE a la pena capital: Marlaska mandó a Argelia a Benhalima a los 5 días del enfado por el Sáhara

En ese momento, el Gobierno español ya era consciente de la persecución a Benhalima en Argelia, motivo que había causado su huida y su petición de asilo. La denegación de su solicitud llegó cuando asociaciones y abogados que respaldan y defienden al joven habían alertado a Interior, durante el proceso, de que podría ser sometido a torturas en las prisiones de ese país.

Benhalima ha sido condenado a pena de muerte por un tribunal militar apenas 50 días después de haber sido expulsado por España. Según ha podido saber EL ESPAÑOL a través de fuentes próximas al caso, Interior también estaba al tanto que la fiscalía civil de Argelia solicitaba para él 10 años de prisión, antes de deportar a Benhalima.

Fue el día 25 de marzo cuando un grupo de policías le sacó del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores (Valencia) para entregarle a Argelia en un tiempo récord. "Nos avisaron apenas una hora antes. No teníamos margen para hacer absolutamente nada", asegura uno de sus letrados a EL ESPAÑOL. 

Tan sólo 5 días antes, el 20 del mismo mes, fuentes diplomáticas argelinas negaron haber sido informadas del viraje español respecto del Sáhara Occidental. Moncloa, sin embargo, negaba las acusaciones de Argelia.

Argelia calificó el giro adoptado por España como un "deshonroso cambio de actitud". Su Ejecutivo lo interpretó como un "sinónimo de sometimiento rotundo a Marruecos". "En ningún momento y a ningún nivel", reiteraban, "se informó a las autoridades argelinas de este vil regateo concluido con la potencia de ocupación marroquí a espaldas del pueblo saharaui".

Caso Benhalima

La familia del joven "no quiere hablar con medios por si Mohamed pudiera sufrir represalias", señalan fuentes próximas a sus allegados. Interior, por su parte, se niega a "hacer comentarios" sobre la noticia adelantada este viernes por EL ESPAÑOL.

El ministerio de Marlaska había sido advertido por Amnistía Internacional de que "al menos cuatro activistas" con acusaciones similares a las de Benhalima habían "sufrido torturas y otros malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad argelinas en los últimos tres años por su participación en movimiento de protesta Hirak, que pedía una reforma del sistema político".

Mohamed Benhlima, en una imagen difundida por el militar y activista argelino. EE

También se informó y se alertó a Interior de que, si Benhalima era expulsado a Argelia, con "alta probabilidad" sería detenido e ingresado en una prisión de máxima seguridad, en la que se han detectado durante años casos de maltrato y torturas a los reclusos.

Las autoridades de Argelia acusan al joven de mantener vínculos con organizaciones terroristas. Él lo niega, también lo rechaza Amnistía Internacional, la organización que le respalda.

En marzo de 2019, el exmilitar denunció a través de su canal de Youtube -con más de 150.000 seguidores- la corrupción en el seno del ejército. Además, se unió a las manifestaciones masivas en las que miles de personas protestaron en las calles convocadas por el movimiento Hirak. 

Alguien le dio el chivatazo de que estaba en busca y captura. Decidió entonces exiliarse y huyó a España con un visado en septiembre de ese mismo año. Cinco meses después redactó su solicitud de asilo político, la cual fue denegada basándose en que, según el expediente, existían "razones fundadas" que demostraban que resultaba "un peligro para la seguridad de España". 

Régimen "amigo y aliado"

Tampoco el Ministerio de Exteriores, ya con bastantes problemas en la región, ha querido hacer comentarios, a preguntas de este periódico. El departamento de José Manuel Albares ha optado por no inmiscuirse... quizá para no meterse en más problemas, quizá porque cualquier cosa que diga puede ser utilizada en su contra, en medio de la tensión en la región y los intereses cruzados de España.

El ministro del Interior defiende que la colaboración migratoria con Marruecos "nunca ha dejado de ser buena". Ni siquiera en el peor momento de las relaciones con Rabat, dejando de lado (evidentemente) los dos meses largos que se tardó en devolver al grueso de los 10.000 migrantes/asaltantes que pasaron a Ceuta en apenas 24 horas el 18 de mayo de 2021. Es decir, el peor momento del peor momento con el régimen de Mohamed VI.

El ministro de Exteriores, por su parte, sostiene que con Argelia el problema "nunca es la migración". Que a pesar de que su fachada al norte da al mismo Mediterráneo que Marruecos, el régimen del presidente Abdelmajid Tebboune nunca presiona políticamente jugando esa baza. Y que este país es "un aliado, un amigo y un socio fiable". Incluso después de que España cambiara radicalmente su posición política en el conflicto del Sáhara Occidental a mediados de marzo. Que eso no ha cambiado.

En todo caso, fuentes del Gobierno sí destacaron que el enfado de Argelia tardó "más de 24 horas" en manifestarse en el fin de semana en el que se conoció el cambio de posición español respecto a su antigua colonia. "Porque es más escenificación que otra cosa". Sin embargo, la inexplicada entrega de Mohamed Benhalima coincide con esas fechas.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Senado junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EP

Interior deportó a su país de origen al activista acusado de terrorismo el 25 de marzo, a la semana siguiente de dar rienda suelta una vez más a todo el embrollo diplomático con las dos potencias vecinas y a su vez enemigas entre sí.

Es decir, sólo 11 días después de que Pedro Sánchez mandara una carta a Mohamed VI reconociendo su "solución autonómica" para el Sáhara como "la más seria, realista y creíble". Sólo siete días después de que el gabinete del rey alauí la filtrara interesadamente. Sólo cinco días después de la primera reacción de Argel.

Pero del mismo modo que no terminaron de darse detalles del porqué del viraje español sobre el Sáhara, más allá de que servía para cerrar la crisis con Rabat, nadie en el Consejo de Ministros ha sabido darle una explicación a la reacción de Argel, que calificó el movimiento español de "inadmisible".

O que incluso llegó a amenazar con "romper los contratos de gas" el día que Madrid anunció el uso del gasoducto del Magreb para abastecer a Rabat.