El caso Azud, la investigación que ha aflorado el pago de comisiones millonarias a cargos del PP y PSOE a cambio de pelotazos urbanísticos en Valencia, afronta las primeras peticiones de nulidad tras alzarse el secreto de sumario.
El primero en presentar su recurso para entorpecer esta nueva macrocausa contra la corrupción ha sido Diego Elum, el cómplice en la trama del abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá.
Elum pide la nulidad del auto por el que se acordó la entrada y registro de su despacho de abogados y resto de sus propiedades en 2019, después de admitir ante la jueza que el cuñado de Barberá cobró una mordida de 1,7 millones de Acciona a cambio del contrato de limpieza de alcantarillas del Ayuntamiento de Valencia, valorado en 129 millones de euros.
Según consta en su recurso, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Elum pide la "inmediata restitución de lo intervenido y la destrucción de sus copias y de su contenido". La defensa del imputado señala que "los hechos que están siendo instruidos y de lo que se pretende la condena de mi mandante tuvieron lugar entre 2007 y 2009", pero "los registros se llevaron a cabo en el 2019 (más de 10 años después) y las pruebas se podían obtener mediante otros medios".
Elum puntualiza que no ha sido socio de Corbín y carga contra la Guardia Civil por su investigación. "Para su relato, tenía que haber un grupo u organización criminal y, para ello, que hubiera un socio se acomodaba perfectamente a sus tórpidas pretensiones", apunta.
Desproporción
Y ello, añade la defensa, "pese a que, tal y como se significa en las actas de detención de Corbín, su investigación sea del año 2005 al 2014 y la de Elum entre los años 2007 a 2009, lo que evidencia el carácter prospectivo de la investigación desarrollada".
La defensa de Elum cuestiona los registros se practicaron "en base a la valoración policial de los elementos indiciarios y no en base a la valoración judicial". "Todo forma parte de una delirante manera de entender unos hechos en una investigación huérfana de la necesaria y mínima fundamentación", subraya.
En este sentido, lamenta "la desproporción en la injerencia de los derechos fundamentales de mí representado, cuya gravedad es inexagerable y que en definitiva provoca la nulidad del mismo" y cita jurisprudencia del Tribunal Supremo.
El recurso presentado es de reforma, por lo que será resuelto por la misma juez que autorizó los registros. En caso de no prosperar, será la Audiencia de Valencia la que valore si empieza a anular las pruebas del caso Azud.
La declaración
Según consta en su primera declaración tras ser detenido, Elum manifestó a la jueza que "el relato de los hechos objeto de imputación son ciertos" y que también "son absolutamente ciertos los pagos efectuados por parte de Acciona, así como los pagos que se efectúan a Corbín".
En este sentido, añadió que los pagos al despacho del cuñado de Barberá "no se deben a ningún trabajo de Corbín", en concreto como asesoría jurídica. Ambos, amigos desde la infancia, acordaron asumir el encargo de Acciona y "todo lo relativo a llevar a buen término la adjudicación de la contrata del servicio integral de aguas".
Como consecuencia de esa conversación, "Corbín le comentó que le podía ayudar para conseguir la contrata y le exigió para esa ayuda que el declarante le pagara de sus honorarios 2/3 del importe total de los mismos". Corbín "nunca le dijo lo que había hecho, ni si lo había hecho, y el declarante tampoco quiso traducir o interpretar que quería decir Corbín con la frase te ayudaré", puntualizó.
Según esta declaración, Corbín hizo "las gestiones necesarias para que se produjera la contratación de la UTE de Acciona con el Ayuntamiento de Valencia", aunque no pudo precisar más detalles.
El acuerdo verbal alcanzado por los dos pasaba por distribuir "el dinero entre ambos según le vinieran los pagos al declarante por parte de Acciona". Se justificó "a través de una serie de facturas con IVA y con el concepto de colaboraciones profesionales según hacía constar Corbín".
El sumario del caso Azud incluye un extenso informe patrimonial de la familia Corbín-Barberá y su despacho de abogados que confirma el circuito que siguió el dinero. Su mujer y sus tres hijas, una de ellas en la actualidad asesora del PP de Valencia, también figuran como investigadas en la causa.
De prosperar la petición de nulidad, todas las pruebas practicadas a partir de los registros no serían válidas si el caso llega a juicio oral.