El cuñado de Rita Barberá cobró 1,7 millones por el contrato de la limpieza de alcantarillas de Valencia

Según consta en el sumario del caso Azud, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el 21 de julio de 2006, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valencia adjudicó a la UTE Saneamientos de Valencia, compuesta por Infilco Española (posteriormente Acciona Agua) y Acciona Infraestructuras el contrato de gestión del servicio de limpieza y conservación del sistema municipal de saneamiento de Valencia.

El servicio se licitó por un plazo de 15 años prorrogables en 2 años más, y un presupuesto base de licitación de 129 millones de euros, IVA incluido, lo que representa un importe anualizado de 8,6 millones de euros. En la misma sesión de la Junta de Gobierno Local, se aprueban los pliegos de condiciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares.

Tres meses antes de la adjudicación, el 20 de abril de 2006, se formalizó un contrato privado entre la compañía y el despacho Delum Abogados, representado por Diego Elum, socio de Corbín. A través de este contrato, la filial de Acciona encomendó al despacho la prestación de "servicios de naturaleza jurídica en relación con la licitación del contrato público de saneamiento del Ayuntamiento de Valencia, por un importe de 2.210.000 euros, IVA excluido".

Dentro de las estipulaciones del contrato se detallan una serie de prestaciones previas a la adjudicación del contrato de gestión del servicio de limpieza. Entre ellas destaca el "estudio y asesoramiento en relación con el pliego de condiciones administrativas del concurso" o la "preparación de la documentación administrativa del concurso".

El precio del contrato privado se fijó mediante cinco pagos parciales, el primero de ellos del 40% en abril de 2007 y los cuatro restantes del 15% en enero, mayo y septiembre de 2008 y en enero de 2009. Y en caso de no resultar adjudicatarios del contrato de concesión, se estableció una cláusula de regularización del precio del contrato.

Según el sumario, el primer pago se produjo una vez adjudicado el contrato de gestión del servicio de limpieza de las alcantarillas. La UTE presentó la documentación para participar en el concurso el 4 de mayo de 2006, solo 15 días después de la firma del contrato con el socio de Corbín.

Transferencias de dinero al despacho de Corbín.

La investigación ha confirmado que el despacho Delum Abogados recibió pagos del adjudicatario "por importe total de 2.563.600,00 euros, de los que 1.709.066,25 euros (66,67% del total) se transforman en pagos a Corbín Abogados", recogen las diligencias.

El expediente lo tramitó el exconcejal de ciclo integral del agua, Félix Crespo (PP), y el adjudicatario se ha hecho cargo en todo este tiempo de las 24 estaciones de bombeo de Valencia, 11 grandes compuertas, 20 estaciones de control de bombeo y 21 estaciones de control de la contaminación medioambiental, entre otros servicios e instalaciones municipales.

El juzgado que investiga las diligencias derivadas de la Operación Azud acordó la semana pasada el levantamiento parcial del secreto de sumario tras cinco años de investigación. La jueza investiga una macrocausa de corrupción y mordidas en la que estarían implicados destacados cargos del PP y el PSOE valenciano.

Conseguidor 

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa al despacho de abogados del cuñado de Barberá en el epicentro de la trama. Según el sumario, los contratistas que trabajaban para el Ayuntamiento de Valencia pagaban primero una especie de peaje al despacho de Corbín para que facilitara las contrataciones.

Corbín está casado con tres, María Asunción Barberá Nolla, hermana y jefa de Gabinete de Rita Barberá durante su etapa al frente de la Alcaldía. Es el abogado de Mari Carmen García Fuster, exsecretaria del PP municipal procesado por la supuesta financiación irregular del PP local. Corbín y Asunción Barberá tienen tres hijas. Los cinco figuran como imputados en este caso y una de las hijas sigue como asesora del PP en el Ayuntamiento de Valencia.

Además del pago de Acciona, el sumario ha revelado que Corbín participó en numerosas contrataciones públicas como del Ayuntamiento que presidía su cuñada en calidad de asesor de las empresas aspirantes. "Hubo pagos en metálico y nuevos asuntos que requerían la mediación de Corbín", expone la instructora en un de sus autos.

La realidad de los pagos realizados al despacho de Corbín es que "provenían de comisiones de naturaleza ilícita, pero se les revistió de un marco contractual totalmente ficticio para que se les dotara de una apariencia de legalidad, de ahí que José María Corbín habría llevado a cabo la instrumentalización de la mercantil Corbín Abogados con la finalidad de obtener comisiones", según ha concluido la investigación.

Los investigadores hablan de "instrumentalización por cuanto que aprovechando el objeto social de la mercantil (despacho de abogados) y que José María Corbín era abogado de profesión, se establecieron relaciones contractuales justificadas en servicios de asesoría jurídica que no se prestaron, por lo que el objeto de los contratos jamás se cumplió ni se prestó el servicio a la mercantil".

Según la jueza, a José María Corbín "se le encomendaban diversos servicios tales como búsquedas de convocatorias de concursos, estudios de bases de adjudicación del concurso o preparación de informes y documentación que se debía presentar para optar a la adjudicación".

Entre sus funciones, también se encontraba "la búsqueda o adquisición de solares de titularidad pública, bien mediante adjudicaciones de la propiedad o derechos de superficie en concurso público".