Trabajo oculta el informe del SMI que encargó para rebatir al Banco de España por su "carácter interno"

Dicho estudio fue encomendado a la prestigiosa economista Sara de la Rica Goiricelaya, una de los miembros del comité de expertos que el ministerio designó para evaluar el posible incremento del SMI hasta el 60% del salario medio.

El informe fue encargado después de que el Banco de España (BdE) emitiese el suyo en junio de 2021, en el que se alertaba de la pérdida de empleos. Al verlo incompleto e inexacto, Trabajo pretendía "complementar" el texto del BdE.

Pero ahora, el Gobierno, tras habérselo negado a Ciudadanos, también se lo deniega a un particular que había solicitado, a través de una petición a Transparencia, poder acceder a El impacto de la subida del Salario Mínimo Interprofesional en la desigualdad y el empleo.

Los motivos

A finales del pasado marzo, Trabajo se negó a facilitárselo a los diputados de Cs Edmundo Bal y María Muñoz Vidal. En una respuesta, consultada por EL ESPAÑOL, el departamento que dirige Yolanda Díaz alegó que dichos documentos "tienen un carácter interno, y, en los últimos años, no han sido con carácter general objeto de publicación ni en formato electrónico ni digital".

El ciudadano que lo solicitó también obtuvo un no. Aunque justificado con motivos diferentes y, quizá, incluso, excluyentes. En una resolución a la que ha tenido acceso este periódico, el Ministerio de Trabajo recuerda que la normativa sobre transparencia permite limitar el acceso a una información cuando "suponga un perjuicio para los intereses económicos y comerciales o afecte a la propiedad intelectual".

Y, al haberse firmado un contrato de obra y servicios, el departamento que encabeza Yolanda Díaz se quedó con la propiedad intelectual del informe. En su respuesta, Trabajo aclara que aún no ha decidido "sobre la publicación y explotación comercial" del mismo. Y ponerlo en manos del solicitante —concluye— afectaría a sus "intereses económicos".

Amparo a la Mesa

Para negar a Ciudadanos el informe, el Gobierno aludió al "carácter interno" del mismo. Desde el partido, solicitaron amparo a la Mesa del Congreso, encabezada por la socialista Meritxell Batet, al considerar que se vulneraron sus derechos parlamentarios, ya que no se trata de uno de los motivos contemplados por la normativa de la Cámara Baja.

El artículo 7 del Reglamento del Congreso contempla que los diputados puedan pedir a las Administraciones públicas "datos, informes o documentos que obren en poder de éstas" para "mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias".

Al denegarlo, la Administración podrá aludir a "razones fundadas en Derecho" que impidan facilitar esta información. A juicio del partido liberal, aducir el "carácter interno" del documento no es suficiente para ocultarlo.

El artículo 109 de la Constitución Española también permite a las comisiones parlamentarias recabar "la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus departamentos". Por el momento, la Mesa del Congreso aún no ha tomado cartas en el asunto.

Fuentes de Ciudadanos insisten en que, "dada la importancia que el Salario Mínimo Interprofesional y sus variaciones tiene sobre la creación y la calidad de empleo, es imprescindible que se pongan en conocimiento del público cuantos informes y evaluaciones haya disponibles sobre este asunto, para tomar una decisión informada".

Este jueves, María Muñoz, portavoz económica de Ciudadanos en el Congreso, ha vuelto a preguntar al Gobierno por el documento, después de que Díez "se niegue a ser transparente" y oculte "un estudio pagado con dinero público". Y reprocha que Trabajo "faltó a la verdad" en alguno de los dos razonamientos que dio para oponerse a facilitar el texto, "si no en ambos". 

Trabajo vs. Banco de España

La publicación del informe del Banco de España sobre el SMI provocó cierta fricción entre el supervisor del sistema bancario patrio y Trabajo. Ciertas voces del sector izquierdista también cargaron las tintas contra el gobernador Pablo Hernández de Cos. Rafa Mayoral llegó a llamarle "impresentable" desde la tribuna de oradores del Congreso.

El 17 de junio de 2021, la ministra y vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, celebró que el documento del BdE no aludiese "a la destrucción del empleo en ninguna de sus páginas". 

Un dato que no es cierto, ya que, a lo largo de sus 47 folios, el informe sí advierte del peligro de "destruir puestos de trabajo" si sube el SMI. Y lo hace, con esos mismos términos, hasta en cinco ocasiones.

En la página 37 del mismo, el Banco de España apunta a la posibilidad de que los empleados con menor salario puedan "perder el trabajo con mayor probabilidad que lo habitual tras la subida del SMI".

El pasado día 2 de junio, Díaz reprochó al BdE su "profundo desconocimiento" del mercado de trabajo. La guerra abierta entre el supervisor y el Gobierno, lejos de apaciguarse, se aviva.