Irene Montero rechaza el aborto con pastillas: la Sanidad pública no podrá practicarlos todos

Pero el problema es que la promesa de Montero choca con la realidad sanitaria del país. Y es que, aunque Irene Montero insiste en que todos los centros públicos realicen abortos y se relegue a la sanidad privada como una opción secundaria, no hay medios materiales para hacerlo.

Diversas fuentes han explicado a EL ESPAÑOL que, junto al problema que se puede encontrar la ministra de que los médicos se declaren objetores de conciencia, la mayoría de los centros públicos no están preparados para acoger los 74.000 abortos que se hacen anualmente en clínicas privadas.

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Por eso, desde el PSOE se apuesta por poner en marcha el aborto farmacológico, que elimina la necesidad de quirófano y de los equipos (materiales y humanos) que precisan los abortos quirúrgicos. ¿El problema? Podemos está radicalmente en contra.

Es decir, que el equipo de Irene Montero se opone al único modelo de aborto (el farmacológico) que haría posible que estas interrupciones del embarazo pudieran llevarse a cabo en el sistema público sin que esto repercutiera en un problema irresoluble para el sistema. Harían falta menos médicos (además habría menos problemas con los objetores de conciencia) y no serían precisos tantos medios quirúrgicos.

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De hecho, este era el argumento que los socialistas, con el exministro Salvador Illa a la cabeza del departamento de Sanidad, usaron para poner en marcha el aborto farmacológico.

El Ministerio publicó en su web la consulta pública del proyecto para modificar la práctica del aborto, cuyo eje central pasaba por potenciar la técnica farmacológica frente a la quirúrgica.

El proyecto no gustó nada a Unidas Podemos —la propia ministra de Igualdad lo recriminó en sus redes sociales—y fue inmediatamente eliminado. Desde entonces nada se sabe de este programa, pero en el PSOE y en varias comunidades autónomas insisten en que es la única forma de hace abortos en los hospitales públicos y desterrar a la clínica privada.

De primeras, el aborto farmacológico tiene una menor eficacia que el instrumental (cuando la paciente acude a la clínica y se lo realiza un médico). Por otro lado, el primero también entraña riesgos físicos, pues la expulsión del feto se efectúa en casa, sin acompañamiento de un sanitario, y puede durar días.

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Además, durante este tipo de abortos con pastillas se pueden quedar adherencias que complican nuevos embarazos y que, en un 5% de los casos, precisan de una intervención médica.

En el argumentario de su propuesta, el Ministerio de Sanidad explicaba que el método que rechaza la ministra de Igualdad sería el modelo que se practicaría en los centros ambulatorios públicos "hasta la novena semana de gestación".

Añadía, además, que "no solo es oportuno, sino que es más económico" debido al "bajo coste de los fármacos empleados junto con la simplicidad de las instalaciones requeridas".

El texto era una modificación del Real Decreto 813/2012 para que el aborto durante las nueve primeras semanas de gestación se pueda realizar en la sanidad pública mediante un método farmacológico.

Se explicaba que la puesta en marcha de esta nueva norma eliminaría la dependencia que existe hacia el sector privado para hacer este tipo de prácticas desde la modalidad quirúrgica. Precisamente es lo que pide Irene Montero, pero se niega a cumplir por su rechazo al método farmacológico.

Las razones de Irene Montero para rechazar las pastillas son clínicas, y están avaladas por gran parte de la comunidad científica. Aun así, y como insisten desde las autonomías, es la "única forma" de que en cualquier centro público de España "tenga un servicio que realice abortos y se elimine el traslado de pacientes entre regiones a clínicas privadas".