Los ataques contra la autoridad, agentes o funcionarios públicos han aumentado de manera significativa tras pasar lo peor de la Covid. Las cifras de esta clase de delitos no sólo han vuelto a sus cotas habituales de prepandemia, sino que se han incrementado.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) a los que ha podido acceder EL ESPAÑOL, en 2021 hubo un aumento cercano al 20% de estos delitos. De una media de 12.000 condenas anuales antes de la pandemia, se ha pasado ahora a las 14.660 del año pasado.
Pese a existir todavía algunas restricciones, en 2021 España registró el número de condenas por atentado a la autoridad más elevado de la última década.
Según valoran fuentes consultadas en el Sindicato Unificado de Policía (SUP), todo esto ocurre en un contexto social y económico complicado, "que no tiene visos de mejorar" y en el que "se mantiene la tendencia de los últimos años de quiebra del principio de autoridad".
El SUP viene exigiendo la retirada de varios artículos de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana ante el Ministerio del Interior, ante la Dirección General de la Policía y ante los grupos parlamentarios. Ahora, tras conocer que las condenas por agresiones a policías batieron un récord en 2021, vuelven a reclamar que se tenga en cuenta a las organizaciones sindicales de la Policía en la elaboración de la citada reforma.
Según ya reveló EL ESPAÑOL, a lo largo de 2020 se produjeron7.507 denuncias por ataques a agentes de la autoridad, un 27% más que el año anterior.
Los datos procedían del Sistema Estadístico de Criminalidad, dependiente del Ministerio del Interior. En él se recogen este tipo de agresiones de forma global, por lo que no es posible distinguir entre ataques a policías y guardias civiles.
Menos protección
Desde el SUP denuncian que, lejos de garantizar la protección de los policías como máximos garantes de la seguridad ciudadana ante un futuro incierto, el Gobierno y sus socios aceleran los trámites para presentar antes de finales de este año una "reforma a la baja" de la Ley Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadana, la llamada 'Ley Mordaza'.
Esta nueva reforma ya pactada al 80% pretende rebajar el castigo por desobediencia a los agentes, recortar los medios de contención para hacer frente a altercados violentos multitudinario, retirar la prohibición de difusión sin autorización de imágenes grabadas a policías en su trabajo, o rebajar la presunción de veracidad de los relatos de los policías frente a los de los presuntos delincuentes en las actas policiales.
También dispone el levantamiento de la prohibición de manifestación sin advertencia previa a las delegaciones del Gobierno. Desde el SUP insisten en el "rechazo rotundo a estas modificaciones": "Creemos que favorecen la impunidad de los delincuentes y potencian la inseguridad jurídica y la desprotección de los policías".
Todos los sindicatos y asociaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado consultados por este periódico manifiestan su indignación ante esta reforma. Para JUPOL, sindicato mayoritario en la Policía Nacional, deja absolutamente desprotegidos a los agentes.
En la misma línea se pronuncia el SUP: "Permitir, por ejemplo, que se celebren manifestaciones espontáneas sin comunicarlas previamente ni advertir de sus recorridos, atenta directamente contra las libertades del resto de ciudadanos".
También la Confederación Española de Policía (CEP) critica el cambio de la norma, porque "pone en la diana a más de 200.000 funcionarios de los cuerpos policiales a los que ahora se podrá acosar y hostigar con material videográfico".
En el Sindicato Profesional de Policía (SPP) se muestran igualmente preocupados: "Subyace la intención de limitar la capacidad de actuación policial en eventos de conflictividad social. Pone en duda las actuaciones policiales".
Desde la Unión Federal de Policía (UFP) aseguran que ser policía o guardia civil se ha convertido hoy en "un acto heroico y una profesión de muy alto riesgo". "¿Qué haría falta? Legislar para que realmente se nos considere agentes de la autoridad. Pegar a un policía sale casi gratis y sin consecuencias", añaden.
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