Interior oculta la agenda del jefe de Prisiones del año en que negoció con Bildu el traslado de etarras

Según una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), a la que ha accedido EL ESPAÑOL, la mano derecha de Fernando Grande-Marlaska en las cárceles está obligado, tras meses de negación y evasivas, a poner esa información a disposición pública.

En un plazo de 10 días, Ortiz debería desvelar, además de los listados de todas las citas que ha llevado a cabo en el cargo, las fechas y los lugares de cada una de las reuniones, los nombres de todas las personas participantes en cada una de ellas, los temas, los puntos principales tratados en cada reunión, así como las actas o minutas. Y si los hubiera, los documentos disponibles de todas ellas.

Esta información es de especial relevancia en este momento. Hace tan solo unos meses, un informe elaborado por el Servicio de Información de la Guardia Civil en el marco de la Operación Kabat, que publicó EL ESPAÑOL, destapaba cómo el entorno de ETA aprovechó una vía de comunicación interna con Interior para organizar los acercamientos al País Vasco.

Hasta tal punto era así, que los mensajes de Whatsapp intervenidos a los etarras reflejaban las constantes peticiones que realizaban a sus interlocutores en Prisiones. Incluso al propio secretario general, Ortiz.

Negativas

La resolución de Transparencia hace referencia a una petición que el pasado 28 de febrero llegó a este organismo reclamando la información. Para entonces, las conexiones entre ETA y la cúpula de Prisiones ya habían sido publicadas por la prensa.

Un mes después, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se negaba a ofrecer esa información argumentando que "revelar la totalidad de los datos personales recogidos en la agenda del secretario general de Instituciones Penitenciarias podría causar un perjuicio a los titulares de dichos datos". Interior solicitaba al reclamante en esa misma respuesta que concretase todavía más "qué aspectos o datos quiere conocer".

Al cabo de unas semanas, la persona que solicitó la información presentó una reclamación asegurando que, dado que la Administración le pedía que especificase qué información requería, era porque disponía de ella. Ante la negativa de Instituciones Penitenciarias, desistió de actuar en la vía administrativa y tuvo que recurrir a reclamar ante el Consejo de Transparencia y buen Gobierno.

El reclamante apuntaba a que la normativa del CTBG y la Agencia Española de Protección de Datos establece diferencias según quiénes sean las personas participantes en las reuniones. "No permite realizar una ponderación general, como parece que ha hecho la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Es necesario una ponderación en cada caso del derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de datos de carácter personal", sentenció.

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A los pocos días, Interior volvió a negar esa información dado que "podría causar un perjuicio a los afectados". Ahora, Transparencia determina que la reclamación "debe ser estimada" y que "el órgano requerido está obligado a facilitar la información pública solicitada de conformidad con los criterios expuestos".

Además, desde el organismo afean los pretextos esgrimidos por Interior para no facilitar los datos: "La solicitud de información es clara y concreta, por lo que no procede la denegación del acceso a la información solicitada". Eso sí, atendiendo a los criterios habituales de la ley de transparencia.

Transparencia considera que la publicación de la agenda de los dirigentes públicos contribuye  a que "los ciudadanos puedan conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones". Esto, a su juicio, sirve para favorecer "el escrutinio de la acción de los responsables públicos".

Favores a etarras

Pese a los intentos del Gobierno de desmarcar los acercamientos de etarras al País Vasco del apoyo parlamentario que le presta EH Bildu, la oposición ha incidido una y otra vez en esa relación.

Sin embargo, la información publicada el pasado mes de febrero sobre el informe de 429 páginas de la Guardia Civil, ponía negro sobre blanco la existencia de unos contactos que Marlaska llevaba años evitando reconocer: existe un canal de comunicación establecido desde la llegada del PSOE a la Moncloa entre Interior y la izquierda radical vasca gracias al cual se fueron detallando los traslados.

Los investigadores advirtieron cómo el entorno abertzale contactaba con Ortiz de manera telefónica, pero también en persona, en reuniones en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. 

Una vez obtenía la información de Interior, el entorno de ETA se la transmitía a los presos de la banda. Concretamente a Antonio López Ruiz, Kubati, el asesino de Yoyes y hoy el encargado en el entorno de la izquierda radical vasca de la acogida de los etarras que llevan meses saliendo de las cárceles. Tras hablar con Prisiones, iban poniendo al corriente a los etarras encarcelados de los próximos beneficios penitenciarios.

Ahora a Interior, atendiendo a los criterios básicos de Transparencia, no le queda más remedio que revelar las reuniones que han mantenido sus altos cargos a lo largo de estos últimos 4 años.