La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, este martes junto a los diputados autonómicos y a la secretaria general de la Asamblea de Madrid.

La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, este martes junto a los diputados autonómicos y a la secretaria general de la Asamblea de Madrid. Congreso

España CONGRESO

El PSOE rectifica y acepta quitar las subvenciones a entidades que fomenten el odio a los judíos

El Congreso de los Diputados admite a trámite una iniciativa del PP de Madrid para impedir que estas empresas puedan recibir dinero público.

4 octubre, 2022 18:10

El Congreso de los Diputados va a tramitar, previsiblemente, la iniciativa legislativa impulsada por el PP en la Asamblea de Madrid para impedir que las empresas y asociaciones que fomenten el antisemitismo puedan recibir dinero público.

Su tramitación es un primer paso para modificar tanto la Ley general de subvenciones como la de contratos del sector público, así como la Ley orgánica reguladora del derecho de asociación. Todo ello para combatir "todo vestigio" de antisemitismo.

El PP madrileño se ha mostrado muy orgulloso del paso adelante que ha dado el Congreso para luchar contra la discriminación y, especialmente, el cambio de postura del PSOE, que en la Asamblea de Madrid se abstuvo y ahora, en el Congreso, ha votado a favor de admitir a trámite la iniciativa.

[Podemos vota en contra de eliminar subvenciones a entidades "que fomenten el odio antisemita"]

El texto legislativo salió de la Asamblea de Madrid el pasado 21 de abril con el voto a favor del PP y de Vox, mientras que el PSOE y Más Madrid optaron por la abstención. Podemos votó en contra.

En esta ocasión, el PSOE sí se ha mostrado dispuesto a estudiar la propuesta, aunque ha advertido que "no se debe confundir el antisemitismo con la crítica legítima a un Gobierno como el de Israel".

En sus declaraciones, el PSOE ha recalcado que no va "callar" en el recuerdo a la barbarie cometida contra el pueblo judío ni contra "las víctimas del franquismo".

La iniciativa que ha defendido la diputada autonómica del PP Almudena Negro en el Congreso de los Diputados busca ampliar el régimen de prohibiciones establecido para la percepción de subvenciones a todo tipo de ente o entidad.

Tras el debate, Negro se ha dirigido a los medios de comunicación para agradecer el cambio de postura del PSOE y congratularse del logro para la Comunidad de Madrid.

Almudena Negro, defendiendo su iniciativa de la Asamblea de Madrid en el Congreso.

Almudena Negro, defendiendo su iniciativa de la Asamblea de Madrid en el Congreso. Congreso de los Diputados

"El PSOE ha hecho un discurso que se debe agradecer, así como su actitud apoyando este tema", ha insistido.

El PP de Madrid ha querido remarcar que existe un repunte importante del antisemitismo en Europa. "Es muy relevante que estas organizaciones de odio no reciban el dinero público de todos los contribuyentes", ha concluido.

El debate coincide con la declaración de ilegalidad de las 85 declaraciones hechas por diferentes ayuntamientos de toda España para no adquirir productos que provengan de Israel.

"Estas mociones denominadas ELAI, que incitan al odio, han sido declaradas ilegales por la Justicia", ha recordado Almudena Negro.

Iniciativa

De este modo, inicia su tramitación parlamentaria la modificación legislativa propuesta por la Asamblea de Madrid para que sea prácticamente imposible que empresas antisemitistas puedan recibir ayudas, contratos o subvenciones públicas.

Si sale adelante, los poderes públicos no facilitarán ningún tipo de ayuda a las asociaciones, entes o entidades que en su proceso de admisión o en su funcionamiento discriminen por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, por motivos antisemitas o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

En la Declaración institucional de condena del antisemitismo que aprobó el pasado enero la Asamblea de Madrid, los diputados se comprometían a "no mirar hacia otro lado".

En ese momento, se decidió que se debía recoger de forma expresa en la legislación aplicable española la prohibición de contratar o de obtener la condición de beneficiario de una ayuda pública, o de actuar como entidad colaboradora, para cualquier entidad que incurra en prácticas discriminatorias.