Crece a indignación en torno a la reforma del Código Penal primero con la derogación del delito de sedición y segundo -y no se sabe si definitivo- con la rebaja de de malversación, una indignación además que parece no entender de siglas. Seis exministros socialistas se han adherido a un manifiesto contra los últimos pasos del Gobierno de Pedro Sánchez en su "apuesta por el reencuentro" con Cataluña. "Cambiar los delitos de sedición y malversación supondrá un estímulo para atentar contra la Constitución y el ordenamiento jurídico democrático vigente", advierte la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición.
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Entre los 300 firmantes figuran cinco exministros socialistas: José Luis Corcuera (Interior), Virgilio Zapatero (Presidencia), Javier Saénz Cosculluela (Obras Públicas), Julián García Vargas (Defensa y Sanidad) y César Antonio Molina (Cultura). También hay exdiputados, caso por ejemplo de Nicolás Redondo Terreros, además de veinte fundaciones o asociaciones y profesionales relevantes de la cátedra, el derecho y la diplomacia.
Todos ellos subrayan en el documento que Sánchez no mencionó esta intención en su campaña electoral o discurso de investidura y que la Unión Europea "no ha exigido esta reforma del delito de sedición en España y menos su sustitución por uno de desórdenes públicos". También, que "lo ocurrido en octubre de 2017 no fueron unos meros desórdenes ni sus autores fueron condenados por un acto contra el orden público", sino "un desafío al poder legítimo y al orden constitucional que emana de la soberanía popular".
Un delito contra la Constitución
En efecto, el manifiesto pone énfasis en tratar de derribar el discurso con el que el Ejecutivo hace llegar la reforma a la opinión pública. Por ello su redacción pone el foco también sobre el concepto de "desinflamación del conflicto catalán", empleado en numerosas ocasiones por distintos miembros del Consejo de Ministros y por el propio presidente. "Es una burla hablar de desinflamación -se puede leer- cuando todos los condenados no han renunciado a la unilateralidad y han declarado que volverán a intentarlo".
"Esta perversión del derecho penal mediante una ley particular para unas pocas personas y una sumisión a las pretensiones independentistas, que obedecen a la necesidad de contar con los votos de ERC y Bildu para los Presupuestos y quién sabe para qué más, no puede contar con nuestro silencio", anuncia la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición.
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"Advertimos a la opinión pública -continúa el escrito- que la actual tipificación del delito contra la integridad territorial supondrá un estímulo para impulsar comportamientos atentatorios contra la Constitución y el ordenamiento jurídico democrático". Por todo esto y en conclusión, la asociación reclama "la urgente tipificación de un delito contra la Constitución con las penas regidas en los códigos penales de las naciones europeas más avanzadas para evitar un vacío legal que pueda dividir más la convivencia democrática entre los españoles".