No sale gratis sobrevivir al día y la noche repleta de fantasmas del 17 de agosto de 2017. Cuatro años y medio después de lo ocurrido, cuatro agentes que abatieron a varios terroristas de las Ramblas y Cambrils, ven como la Generalitat de Cataluña se niega a indemnizarles por las secuelas psicológicas que arrastran.
Según ha podido conocer EL ESPAÑOL, los afectados emprenderán acciones legales tras la enésima negativa del Departamento de Interior del Gobierno catalán a la petición de estos mossos de ser resarcidos.
El conseller Joan Ignasi Elena y su secretaria general, consultada por este periódico, alegan que es "el Estado" el que debe indemnizar a estos agentes como víctimas del terrorismo.
La Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya (USPAC) proporcionó a los mossos asesoramiento jurídico en su momento. Es el letrado de este sindicato el que defenderá nuevamente sus intereses ante los tribunales.
"Es el enésimo desprecio del conseller. A raíz de la sentencia del Tribunal Supremo 956/2020, conseguida por nuestros abogados, la Generalitat está obligada a indemnizar a todos los agentes por las lesiones sufridas en acto de servicio. En contra de esta jurisprudencia, Joan Ignasi Elena afirma que en caso de atentado terrorista los mossos dependen del Estado, y la Generalitat no debe responder por lo que les pase en acto de servicio", explican desde USPAC.
La Generalitat de Cataluña entiende que la única indemnización que les corresponde a estos agentes es la ayuda establecida en la Ley de Víctimas de Terrorismo y no la que da a otros mossos, que es cuatro veces superior.
"Odia a los mossos"
A juicio de USPAC, Elena mantiene una actitud "miserable". "Odia a los mossos. Utiliza el Cuerpo para su interés personal. Llegaremos hasta el final en defensa de nuestros compañeros", insisten desde el sindicato.
Joan Ignasi Elena ha recordado que de la veintena de mossos afectados en el despliegue contra los yihadistas en los atentados de 2017, la mayoría aceptó la defensa jurídica de la Generalitat y que los cuatro que reclaman ya fueron reconocidos como víctimas del terrorismo por el Ministerio de Interior.
Todos ellos arrastran distintas secuelas psicológicas. En el caso de uno de los policías ha dado pie a que se declare su incapacidad permanente para ejercer su profesión.
Los cuatro agentes de Mossos d’Esquadra que acabaron con los terroristas del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils realizaron su petición formalmente en mayo al Govern. Reconocidos como víctimas del terrorismo y con secuelas psicológicas de distinta gravedad, reclaman una indemnización de 1,2 millones por los "daños y perjuicios" sufridos. Tras la última respuesta negativa de la Generalitat a finales de noviembre, han decidido recurrir a la Justicia.
El abogado de los agentes, José Antonio Bitos, considera que la Generalitat debería asumir la responsabilidad porque los daños los padecieron estando de servicio: días de baja, estrés postraumático y otras secuelas psicológicas.